Cicig, el experimento anticorrupción de Naciones Unidas que irrita al presidente de Guatemala

La decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que lo investigaba por presunta corrupción, ha sumido al país a en una grave crisis política e institucional. El mandatario se enfrenta a la Corte suprema -que exige el regreso de la Cicig- y a una población que lo repudia en las encuestas y en la calle.

Más información

Guatemala escala el conflicto con la ONU y expulsa la misión anticorrupción

Guatemala vuelve a enfrentarse a la misión contra la corrupción de la ONU

2018, un año negro para Guatemala

En el exterior, el golpe autoritario de Morales ha sido rechazado por la comunidad internacional y Guatemala, uno de los países más desiguales de América Latina, está a un paso de quedarse sin las ayudas de Estados Unidos a modo de castigo. Paralelamente, la polarización amenaza con trasladarse a la calle, donde simpatizantes de unos y otros han radicalizado el discurso.

Esta semana, Morales dio 24 horas a los trabajadores de la Cicig para que abandonaran el país y dio por suspendido el acuerdo que mantenía desde hace 12 años con la institución de Naciones Unidas, que ha servido para desmontar algunas de las estructuras más corruptas y poderosas. El desacato a otro poder del Estado es considerado por algunos analistas como un golpe de estado frío, o "técnico", describió la exfiscal Thelma Aldana a EL PAÍS.

En medio de un discreto silencio los miembros de la Cicig ha ido abandonando el país durante esta semana sin hacer declaraciones. El Secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres “rechazó enérgicamente la medida” y desde su oficina aseguran que Iván Velásquez seguirá trabajando en la distancia. En una de las pocas entrevistas que ha concedido hasta el momento, el propio Velásquez denunció en este diario el entramado de corrupción que está detrás de su salida y "que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares". "Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente", dijo a mediados de diciembre.

Creada en 2006, la Cicig fue un novedoso invento de la comunidad Internacional que se puso en marcha cuando Guatemala, de 18 millones de habitantes, pidió ayuda cuando se asomó a la posibilidad de convertirse en un Estado fallido.

En 1996 el país había puesto fin a la guerra civil y una década después estaba secuestrado por empresarios, militares y políticos corruptos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de abogados e investigadores de primer nivel, financiada por la ayuda internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno.

Desde 2006 ha estado dirigida por combativos fiscales como el español Carlos Castresana o el actual, el colombiano Iván Velásquez. Doce años después, el resultado ha sido impensable en un continente escaso de fe en la justicia. Durante este tiempo la Cicig ha identificado 60 carteles delictivos, ha llevado a los tribunales más de 100 casos, ha procesado a 680 personas y ha logrado condenas para 310 de ellos, según su último informe.

Paralelamente ha sido una inyección de esperanza y una generación de jóvenes ha crecido creyendo en la justicia de su país al ver como el anterior presidente, Otto Pérez Molina y gran parte del gabinete entraban en la cárcel por corrupción. El también exmandatario Álvaro Colom está en arresto domiciliario y decenas de militares, alcaldes o magistrados de la Suprema Corte han sido investigados por financiación ilegal o vínculos con el crimen organizado.

En los últimos años, la comisión, financiada por un grupo de países entre los que están Estados Unidos- principal donante- Suecia o España, ha sentado en el banquillo a apellidos antes intocables como los Bosh, Paiz o Castillo, dueños de bancos, compañías telefónicas o minas que han confesado sobornos o aportaciones ilegales a la política.

Sin embargo, la investigación que terminó con la paciencia del mandatario fue la condena contra su hijo y un hermano por emitir facturas falsas. Posteriormente. la Cicig pidió el fin de la inmunidad del propio Morales para investigarlo por la presunta financiación ilegal de su campaña.

La élite económica que se siente perseguida y algunos de los oscuros militares vinculados a la guerra civil son el principal apoyo del mandatario. Según los analistas consultados, ellos lo han empujado a tomar la decisión de expulsar a la Cicig, sobre quien Morales opina que es “una amenaza para la paz que excede sus funciones, amedrenta y siembra el terror”.

Los guatemaltecos sin embargo, piensan lo contrario. Las últimas encuestas revelan que un 70% de la población aprueban el trabajo de la Comisión frente al 15% que respaldan a Morales, en su momento más bajo desde que llegó al poder en 2016, cuando el famoso humorista de televisión ganó por goleada las elecciones.

El pasado lunes, cuando el mandatario volvió a ponerse frente a las cámaras para anunciar al país que la Cicig se marchaba, se colocó en las aterciopeladas escaleras de la casa presidencial junto a sus ministros y a otras cuatro personas que, según él, representan los agravios cometidos al país por la Cicig durante los últimos años. Uno de ellos era Alfredo Zimeri, un joven de 20 años que en junio de 2017 participó en un partido de futbol contra un equipo formado por trabajadores de la Comisión que terminó en pelea después de una fea entrada. 18 meses después el joven futbolista apareció en televisión junto al mandatario como un ejemplo de las graves injusticias que socaban la soberanía nacional. En el país que ocupa el lugar 143 del combate a la corrupción, de una lista de 180, algunos guatemaltecos creyeron estar viendo uno de los viejos monólogos de humor que lo hicieron tan popular.