“La corrupción en Guatemala es estructural”

Acepta el término “quijote” como sinónimo de idealista. Cuando a Iván Velásquez, con una carrera pública como magistrado casi terminada en Colombia, le ofrecieron combatir la impunidad en Guatemala, donde se calcula que ronda el 97% y hasta el 99% para casos de violencia contra las mujeres, aceptó convencido de que se pueden cambiar las cosas a mejor. El máximo responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo auspiciado por Naciones Unidas, cree en la ciudadanía como palanca de otro tipo de democracias más participativas, apoyadas en una prensa que denuncie y despierte para, como decían los guatemaltecos, que los corruptos pongan cara a la indignación. Estuvo en Madrid, invitado por Oxfam Intermón, para hablar de los desafíos de la cooperación internacional.

Pregunta. ¿Funciona Guatemala?

Respuesta. Guatemala, con un desarrollo institucional muy incipiente, vive un momento de transición frente a la gran dificultad que supone la corrupción. No creo que sea un Estado fallido. Lo que hemos visto con las investigaciones que venimos desarrollando es que el país ha sido capturado por redes ilícitas desde hace décadas. La corrupción aquí es estructural; está dentro del sistema, pero es posible lograr la liberación del Estado.

P. Ustedes hablan de avances respecto a su trabajo, pero los índices de impunidad siguen siendo de vértigo.

R. La CIGIG tiene dos actividades fundamentales: identificación y persecución de los cuerpos ilegales y propiciar condiciones para impedir que estas estructuras se reproduzcan.

En lo que hemos avanzado, junto al Ministerio Público (Fiscalía), es en empezar el proceso de desarticulación de las redes criminales. Y eso, especialmente desde el 2015, se tradujo en la primera expresión de la ciudadana en las calles contra la impunidad, una actitud que generó una nueva confianza por parte de los guatemaltecos, esperanza y, también, un estado más vigilante de ellos frente a las instituciones. Ese avance social no logra transformaciones inmediatas, pero si la ciudadanía se mantiene atenta, participa, propone y protesta hay una mayor posibilidad de construcción de democracia.

P. Sí, ¿pero podría puntualizar su avance en la lucha de esos porcentajes terribles de impunidad?

R. La actividad de la CIGIG no incide realmente en la reducción de la impunidad. Y no lo hace porque nosotros solo trabajamos en la persecución de estructuras criminales. La reducción de la impunidad le corresponde al Ministerio Público.

En lo que sí ha contribuido la CIGIG es en demostrar que la lucha contra la impunidad, o mejor, contra la corrupción, es posible. Ahora, ¿cómo puede enfrentarse el Ministerio Público a ella? Con más presupuesto, más recursos y más personal… Con lo que tienen ahora es imposible frenar la corrupción. Los fiscales necesitarían 15 años para responder a los casos que tienen acumulados hasta enero de 2016, pero si solo se dedicaran a ellos, en ese tiempo se habrían cometido otros 15.000 casos nuevos. En las condiciones actuales la lucha contra la impunidad no va a triunfar por los exiguos recursos del sistema de justicia.

Nosotros decimos que es indispensable variar las condiciones actuales y demostramos que sí se pueden hacer investigaciones serias y profundas que encuentren a los responsables de hechos gravísimos.

P. Para ser un funcionario de Naciones Unidas, su discurso suena muy político.

R. Si eso se entiende como que la CIGIG tiene una pretensión de incidencia en los debates partidistas, digo absolutamente que no, que no somos políticos. Pero si eso quiere decir que insistimos en que haya funcionarios de carrera, que la elección de los altos cargos del sistema de justicia se haga de otra forma, que hablamos de cambios estructurales, sí, mi discurso es político.

Yo creo en la participación ciudadana y en que hay que promover su interés por lo público. Creo que esa es la mejor garantía en la lucha contra la corrupción, una ciudadana interesada que busque formas de participación. También digo que sería conveniente un nuevo despertar ciudadano. Para algunos eso es incitar a la protesta, pero no, es algo que debe existir. Cuando no la hay, el terreno queda cultivado para la corrupción.

P. Pero esos despertares de la ciudadanía, como el que vivió Guatemala en 2015, sirven de poco por sí solos. Hacen falta cambios.

R. Es difícil que la ciudadanía sostenga una reacción emotiva como la que vivió Guatemala hace un par de años si no hay cambios. En Guatemala el retraso de la acción judicial incide en que no se den. Cuando no se ven sentencias, cuando no hay responsabilidades, cuando es probable que haya intereses en dilatar esos procesos, porque el tiempo calma las aguas, se puede olvidar ese despertar del 2015. La indiferencia es positiva para los corruptos.

P. ¿Ustedes están cerca de esos movimientos?

R. No. Sería muy complicado. Muchos acaban articulándose como movimientos políticos, pero saludamos toda expresión ciudadana.

P. El narcotráfico impregna y envenena las sociedades. Y Guatemala está geográficamente situada en un lugar estratégico para su distribución.

R. Guatemala es un punto estratégico de paso de la droga, por lo que los intereses del narco son muy fuertes aquí. Y en un Estado débil, y con poca presencia de las instituciones en muchas regiones, hay que prestarle mucha atención a este problema. Porque, como pasó en Colombia, esas organizaciones además están interesadas en tener control político. Creo que aquí no se ha dimensionado bien el problema.

P. Con ese panorama, ¿sigue siendo usted optimista?

R. El reto es enorme. Hay que generar una cultura de respeto por la legalidad. Hay muchos temas donde tenemos que avanzar. Una necesidad urgente es la reforma constitucional para modernizar el sistema de justicia y profundizar en la investigación criminal. Falta mucho por hacer. ¿Cuántos años serán necesarios? No lo sé. Lo que sé es hay que empezar.