El varapalo de Trump a la agencia que sostiene a cinco millones de palestinos

Hombre precavido, Ismail Jatib, acude a comprar tabaco frente a la Gran Mezquita del campo de Qalandia, al otro lado del muro que rodea el norte de Jerusalén, con una fotocopia de la tarjeta de la UNRWA en la cartera. La acreditación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos le ha acompañado desde que se vio obligado a abandonar su aldea natal cercana a Lod tras la fundación del Estado de Israel, hace ahora siete décadas. “Tendrían que darme mucho dinero si al final se arregla todo esto”, bromea mientras abre el paquete de cigarrillos L&M, “pues sobre las tierras de mi familia se extiende ahora el aeropuerto Ben Gurion”. Estuvo dando tumbos con los suyos de pueblo en pueblo —“en cuevas, en tiendas de campaña, bajo los árboles, lo más cerca posible de Lod para poder regresar pronto a casa”, recapitula tras una profunda calada— hasta que todos se resignaron en 1957 a vivir en la tierra de nadie de Qalandia.

Con la kufiya roja empedernidamente ceñida a la cabeza, el maestro cantero Jatib es a los 76 años uno los supervivientes de los 700.000 refugiados palestinos de la Naqba (desastre, en árabe). Con sus descendientes conforman hoy una diáspora de más de cinco millones diseminada por Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, así como por Jordania, Líbano y Siria. La decisión adoptada el martes por Estados Unidos —que sostiene con 360 millones de dólares un tercio del presupuesto anual de la UNRWA— de congelar una sexta parte de su aportación afectará sobre todo a sus nietos y bisnietos, que estudian en las escuelas de la agencia de la ONU, que gestiona 700 centros de enseñanza para 525.000 alumnos.

Los responsables de la UNRWA temen que el recorte de 65 millones de dólares en la financiación estadounidense —supeditado a una imprecisa reforma del organismo internacional, que también ofrece ayuda humanitaria y asistencia sanitaria a los refugiados palestinos— acabe afectando a la seguridad regional y desencadene un estallido social entre la población más necesitada. La mitad de los dos millones de habitantes de la franja de Gaza (de los que 1,4 millones se encuentran registrados como refugiados) dependen de la cooperación internacional para sobrevivir.

Cerca de la Gran Mezquita del campo de Qalandia ondean banderas de la ONU sobre un colegio y un centro de salud de la UNRWA. Sus empleados guardan silencio. Parecen acatar la ley del silencio ante la prensa tras la decisión anunciada por el Departamento de Estado de EE UU. Chris Gunnes, portavoz oficial del organismo de la ONU, ha reconocido que “la drástica reducción de la contribución norteamericana aboca a la agencia a la mayor crisis financiera de su historia”. El máximo responsable del organismo, Pierre Krähenbühl, ha apelado a una campaña internacional de donaciones para poder mantener los programas previstas en 2018. “El recorte tendrá impacto sobre la seguridad regional en un momento en el que Oriente Próximo se enfrenta a serios riesgos, en particular el de un aumento de la radicalización”, alerta.

El nuevo vuelco dado por la Administración del presidente Donald Trump tras décadas de consenso internacional sobre Oriente Próximo —que se suma a la declaración de diciembre en la que reconoció a Jerusalén como capital de Israel— amenaza con desencadenar también una crisis económica. La UNRWA da empleo a más de 30.000 personas —solo en la franja de Gaza tiene contratados a cerca de 13.000 trabajadores—, entre docentes (20.000 maestros), personal sanitario y equipos de ayuda humanitaria. EE UU es el mayor donante de la agencia y duplica las aportaciones anuales de la Unión Europea. España contribuyó directamente en 2017 a su sostenimiento con seis millones de euros (2,5 millones procedentes del Estado y 3,5 millones de las comunidades autónomas).

El campo de refugiados de Qalandia es un lugar abandonado a su suerte. Situado en parte en Cisjordania y en parte en el Gran Jerusalén anexionado por Israel —aunque separado por el muro de la mayor parte del término municipal— los únicos puestos de trabajo disponibles son los que ofrecen la Autoridad Palestina y la UNRWA. Parte de la plantilla de la agencia en Hebrón y en Gaza ha participado ya en acciones de protesta ante el creciente temor a perder sus empleos. El Gobierno palestino ha advertido, mientras tanto, en un comunicado de que resistirá a las presiones de Washington: “No lograrán imponernos sus condiciones (para la reanudación de las negociaciones), que son sesgadas en favor de la ocupación (israelí)".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha mostrado partidario de “transferir gradualmente” los fondos de la UNRWA a Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados “con criterios claros”. “La UNRWA perpetúa el problema de los refugiados palestinos y la narrativa de un supuesto ‘derecho de retorno”, argumentó el pasado día 7. La histórica dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina Hanan Ashrawi ha acusado ahora a Washington de pretender desmantelar “sin escrúpulos y a instancias de Israel” una agencia de la ONU “que atiende al sector más vulnerable del pueblo palestino”.

“El curso pasado los maestros estuvieron dos meses sin cobrar. Nos vimos pronto afectados por la caída de las ventas”, confiesa Aid Awad, de 44 años, propietario de un bazar situado frente al centro de salud y la escuela de Naciones Unidas en Qalandia. “Desde hace 20 años, las ayudas en forma de comida, ropa y calzado representaban una quinta parte del presupuesto doméstico”, explica Awad, cuya familia tuvo que abandonar en 1948 la comarca de Abu Gosh, 15 kilómetros al oeste de Jerusalén. “Ahora la educación y la atención sanitaria son el principal apoyo que recibimos”, concluye este descendiente de refugiados cuya existencia siempre ha transcurrido en el campo de Qalandia, “pero si la ONU tiene que reducir empleos la situación se volverá muy complicada y estallarán las protestas”.