El fujimorismo en ofensiva contra las instituciones
Fuerza Popular ataca a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional, y más de 50 organismos llaman a respetar el equilibrio de poderes
La bancada del partido Fuerza Popular —fujimorista, de oposición— ya no solo bloquea y ataca al Ejecutivo encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, además promueve la destitución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, mediante acusaciones constitucionales. La ofensiva, que no ha merecido reacción por parte del presidente, ha sido rechazada por más de 50 instituciones, entre ellas gremios profesionales, tribunales, cámaras de comercio, la propia Fiscalía, y universidades.
Las facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Católica estuvieron entre las primeras entidades en manifestarse contra la pretensión del fujimorismo, y se han sumado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal Peruana, la Junta de Fiscales Supremos, la sala plena de la Corte de Lima, además de decenas de organismos de la sociedad civil de Lima y de regiones.
"Es la crisis institucional más grave desde el retorno a la democracia, afecta a los poderes constitucionalmente autónomos y a los contrarios a la mayoría del Congreso. Se está instalando una dictadura parlamentaria", valoró Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La amenaza fujimorista evoca la destitución, en 1997, de tres magistrados del Tribunal Constitucional durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Entonces, los juristas se expresaron contra la segunda reelección del autócrata, pues estaba prohibida, pero los legisladores oficialistas la llevaron adelante con una "ley de interpretación auténtica" de la Constitución.
Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión en Lima por crímenes de lesa humanidad, corrupción y secuestro agravado.
Ahora, la amenaza de Fuerza Popular parece ser la revancha contra una sentencia del Constitucional que, en septiembre, declaró inaplicable una parte de la denominada "ley antitránsfuga", promovida por el fujimorismo para recortar los derechos de los parlamentarios e inhibir la salida de otros miembros de la bancada.
El fujimorismo ha perdido una congresista en menos de un año, y el hermano menor de la líder Keiko Fujimori, el congresista Kenji Fujimori, no siempre se alinea con las consignas de la excandidata presidencial. Cuentan con 72 de 130 congresistas.
Entre otras restricciones, la norma indicaba que los congresistas que renunciaran o fueran expulsados de sus bancadas no tendrían derecho a incorporarse a otro grupo político: el Tribunal Constitucional anuló dicha limitación.
La sentencia de la que el fujimorismo se vale para denunciar a los magistrados por prevaricación es sobre el juicio por la masacre de El Frontón, en la que miembros de la Marina mataron a más de 120 presos, la mayoría miembros de Sendero Luminoso, al debelar un motín en 1986.
"(Los fujimoristas) dicen que la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2013 habría archivado el proceso y que el auto de subsanación publicado este año habría reabierto el proceso. El caso jamás se archivó", explicó a EL PAÍS Carlos Rivera, el abogado de la parte civil.
"De alcanzar la votación requerida, Fuerza Popular destituiría a los jueces del cargo, con lo cual se repetiría la historia de los años 90. Sería un golpe de estado a la institucionalidad democrática", añadió Rivera.
Ataque a la Fiscalía
El embate contra el fiscal Pablo Sánchez inició este mes, un par de días después de que el Ministerio Público reabrió una investigación, por lavado de activos, a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, y financista del grupo político. Ramírez era investigado el año pasado por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) durante la campaña electoral presidencial.
Los congresistas fujimoristas lo cuestionan por, supuestamente, no haber investigado a una de las constructoras peruanas que formaron consorcios con la brasileña Odebrecht, como parte de las investigaciones del caso Lava Jato.
Lo cierto es que la Fiscalía sí investigaba a Graña y Montero, aunque de forma reservada y preliminar, y tuvo que romper la confidencialidad de la pesquisa para responder al anuncio de acusación constitucional.
El Congreso prepara un informe para sustentar la acusación contra el fiscal, y luego será votado en el Pleno.
Samuel Abad, el abogado del fiscal Sánchez, refirió este miércoles a EL PAÍS que "se pretende poner como acusado a quien, según la Constitución, está a cargo de la investigación del delito. El Congreso increíblemente pretende decirle al Fiscal de la Nación cómo debe actuar. Es un atentado evidente a la institucionalidad y al equilibrio de poderes indispensable en una democracia".
