Kuczynski vuelve a airear el indulto a Fujimori pese a que aún no hay una solicitud

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha retomado este sábado uno de sus tópicos recurrentes desde junio: el posible indulto al reo y expresidente Alberto Fujimori, quien en 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, en 1991 y 1992. “Se están analizando los procedimientos”, dijo el mandatario, cuando un periodista le preguntó por qué afirmó el viernes en Buenos Aires que el tema “será noticia en algún momento”.

De acuerdo a la Constitución, el presidente tiene la potestad de conceder indultos y conmutaciones de pena y, para ello, los solicitantes deben presentar un formulario a la Comisión de Gracias Presidenciales, una dependencia del Ministerio de Justicia. Sin dicho documento no se inicia el trámite y en el caso del líder del fujimorismo, no hay aún tal solicitud.

“Mi despacho no tiene ninguna petición de indulto y tampoco hay una junta médica que evalúe ese expediente en específico”, dijo el 12 de octubre el ministro de Justicia, Enrique Mendoza.

El viernes, al final de su intervención en el Foro Iberoamérica realizado en Buenos Aires, Kuczynski afirmó: “Alberto Fujimori nos hizo entrar en APEC y ahora está en la cárcel. Está enfermo y vamos a ver, pues, qué hacemos. Eso será noticia en algún momento”.

Horas después, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, indicó en Lima que “el indulto no está en la agenda del gabinete”. La primera ministra reaccionó así debido a que a un sector del partido fujimorista, Fuerza Popular, especialmente a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, le incomoda que el Ejecutivo trate públicamente el asunto y no se concrete, como ocurrió durante el Gobierno de Ollanta Humala.

En el Foro Iberoamérica, el jefe de Estado peruano abordó asuntos de política internacional y economía regional, y cuando comentó que participaría pronto en la Cumbre de APEC, en Vietnam, cambió al tema del indulto. El sábado, durante una entrevista en la emisora Radioprogramas, dijo que aludió al tema porque antes de subir al estrado, alguien le hizo la pregunta.

Kuczynski insistió este sábado en que “es un tema estrictamente médico, no legal. Todo eso lo tiene que decidir una comisión médica, no es una comisión de juristas”, y matizó: “será noticia en un sentido o en otro”.

Los procedimientos

El Ejecutivo destituyó a inicios de octubre a los anteriores miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales, el colegiado que rechazó la petición de indulto humanitario para Fujimori en 2013. “No tenía una enfermedad terminal ni una enfermedad en etapa degenerativa que pusiera en riesgo la vida debido a las condiciones carcelarias”, explicó Laura Vargas a EL PAÍS, una de las exintegrantes, días después del cese, del que se enteraron viendo las noticias.

A inicios de octubre, el ministro de Justicia nombró -como presidente de la Comisión que evaluaría el indulto- a Orlando Franchini, un amigo suyo de 92 años, sin experiencia en asuntos penitenciarios ni legales. Después del escándalo que se produjo cuando Franchini declaró a la prensa que no sabía en qué consistía el trabajo para el que lo habían designado, la Comisión se quedó sin presidente, hasta la actualidad.

En la década pasada, Fujimori fue operado por lesiones a la lengua (leucoplasias), y su diagnóstico actual es de hipertensión, gastritis aguda y depresión. En septiembre fue ingresado dos veces a una clínica particular y su médico personal Alejandro Aguinaga reportó que tuvo una fibrilación auricular. En agosto, el mismo galeno dijo que fue atendido por una arritmia cardiaca.

De acuerdo al reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, sus miembros piden la documentación médica que necesiten para evaluar los expedientes. "También podíamos buscar especialistas adicionales a los médicos del Instituto Nacional Penitenciario”, indicó Vargas. Por norma, la iniciativa de convocar a una junta médica es responsabilidad de dicha Comisión. Kuczynski dijo en julio que doctores de primer nivel preparaban un informe -sobre la salud de Fujimori- que se conocería antes de fin de año, pese a que no había una petición de indulto ni tampoco una junta médica.

De acuerdo a ley, la Comisión de Gracias evalúa los expedientes, vota y da su opinión al presidente, quien finalmente decide si las concede.

Las víctimas del Gobierno de Fujimori

El presidente peruano se comprometió durante la campaña electoral de 2016 a no indultar al padre de su contendora, Keiko Fujimori, y firmó un compromiso, en ese sentido, con familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército que asesinó extrajudicialmente a civiles, alegando eran operaciones contrasubversivas.

En julio de 2016, en una entrevista con EL PAÍS, al día siguiente de asumir el mando, reiteró que no indultaría al político, pero que si el Congreso presentaba un proyecto de ley para que personas en grave estado de salud pudieran cumplir el resto de su condena en detención domiciliaria, lo aprobaría.

El viernes 3 de noviembre se cumplieron 26 años del asesinato de 16 personas, entre ellas un niño de ocho años, en el patio de una casa de Barrios Altos, una zona empobrecida del centro de Lima. El Grupo Colina disparó armas con silenciador y alegó que en el lugar se reunían miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, ninguna de las víctimas tenía vínculo con la subversión, de acuerdo a la sentencia del Poder Judicial y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una de las sobrevivientes de la masacre, Rosa Rojas, quien perdió a su esposo y a su hijo en la masacre, lamentó el viernes la afirmación del mandatario peruano.

“Qué pena que este presidente toque cada vez nuestro dolor, metiendo el dedo en la llaga a nuestras heridas, hablando constantemente del famoso indulto. Hoy lo hizo nuevamente en Argentina, no sé qué opina de nosotros, de las madres y las mujeres que hemos estado luchando contra la impunidad, buscando democracia, buscando tranquilidad. Pido que esto calme”, cuestionó Rojas.

El expresidente (1990-2000) ha sido también condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, y por casos de corrupción y robo. Además, está pendiente el inicio del juicio oral en su contra por el asesinato de otras seis personas a manos del Grupo Colina en Pativilca, en el norte de Lima, en 1992.