El Supremo mexicano ordena reabrir un caso por presunto feminicidio

Irinea Buendía no tiene miedo. “Si alguno tenía, se me quitó cuando este hombre asesinó a mi hija”, responde rápido, sin meditarlo. El sujeto al que se refiere era el esposo de Mariana Lima Buendía, una abogada de 29 años a la que su madre halló muerta el 28 de junio de 2010. “Se colgó”, le dijo el esposo por teléfono. Apenas un día antes, Marina había decidido presentar una denuncia por la violencia física y sexual que padecía en casa. Iba a dejarlo, aseguran sus familiares. “Llevaban casados 18 meses, nunca tuve buena relación con él, ni siquiera nos pidió la mano de mi hija, sólo vino a avisarnos”, admite hoy Irinea, de 63 años. La diferencia de edad entre la pareja era considerable. Él tenía 45. Las autoridades dictaminaron que había sido un suicidio, pero ella nunca lo aceptó.

Casi un lustro después, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia mexicana acaba de otorgar un amparo a Buendía para que las autoridades del Estado de México, donde falleció su hija, investiguen de nuevo el caso como un feminicidio (el asesinato de una mujer motivado por el sexismo y la misoginia). Con este fallo, el Alto tribunal establece un primer criterio para una posible jurisprudencia en el tema.

“Entre 2011 y 2012, 625 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México y solo en 92 casos se investigó la muerte como un feminicidio”, denuncia María de la Luz Estrada, coordinadora de Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. “Desde 2011 existen una Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y una Fiscalía Especializada en Feminicidios, pero hasta ahora las instancias no han sido garantistas, no tienen los expertos necesarios”, añade. Entre 2005 y 2010, período en que el actual presidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado, la organización civil contabiliza 522 casos de mujeres muertas que habían sido encontradas en carreteras, tiradas o descuartizadas en bolsas, de las que las autoridades no tenían datos.

En 2014, 400 mujeres menores de 16 años desaparecieron en los municipios del Estado de México

Irinea Buendía tardó una hora en llegar a casa de su hija. “Encontró la puerta abierta y vio el cuerpo de Mariana tendido sobre la cama, con la misma ropa que la víspera. Su cabello estaba húmedo, los pies limpios, pero tenía golpes y rasguños por todo el cuerpo”, describió la mujer a la prensa.

“Cuando en 2011 se determinó el no ejercicio de la acción penal y emprendimos la batalla jurídica, su esposo empezó a rondar nuestra vivienda, como advertencia. Él era entonces policía ministerial, ahora lo ascendieron a comandante”, explica Irinea. Según la subprocuraduría, tan solo en 2014, 400 mujeres menores de 16 años desaparecieron en los municipios del Estado de México. “Estamos comenzando a encontrar asesinadas a muchas mujeres desaparecidas”, afirma Estrada. La entidad, limítrofe, entre otros, con la capital del país y los violentos Guerrero y Michoacán, está ubicada en el centro de México. Varios grupos del narcotráfico cohabitan en su territorio, que alberga a más de 15 millones de personas, según el INEGI. “La situación es peor que en otras entidades, por el estado en que se encuentran los cuerpos de las mujeres”, a menudo vejados, torturados.

“La resolución es de enorme trascendencia porque está penalizando la cultura de violencia contra las mujeres y no solo sirve para mi hija Mariana, sino para los demás feminicidios de toda la República”, concluye Irinea.