La revolución de la credibilidad

En los años setenta del siglo pasado, casi 9 de cada 10 economistas asumían como verdad incontestable que el salario mínimo tenía un efecto negativo sobre el empleo. En los ochenta —es el esplendor de la revolución conservadora—, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, dirigió la política económica convencido de que “nada ha creado más miseria y desempleo desde la Gran Depresión que el salario mínimo”. El establecimiento de un salario mínimo fue radicalmente puesto en cuestión por los defensores de la ortodoxia económica desde que comenzó a ser implantado. Sus razones eran que equivalía a encarecer el precio del trabajo y ello conllevaba inexorablemente a la disminución de la demanda en el empleo.

No fue así. Lo cuenta el catedrático Juan Torres López en el prólogo al libro seminal sobre el tema, titulado Mito y medición (Deusto), de dos grandes economistas laborales: Alan Krueger, que llegó a ser presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca con Obama, y David Card, premio Nobel de Economía en el año 2021. En el año 2014, más de 600 académicos americanos firmaron una carta de apoyo a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que había propuesto la Cámara de Representantes un año antes, y algo más de 500 economistas suscribieron otra en contra, incluyéndose entre los adherentes de ambas misivas economistas de gran prestigio y que habían recibido el Nobel. Las cosas iban cambiando.

En su libro, Krueger y Card llegan a la conclusión de que no está corroborado por la realidad que el establecimiento de un salario mínimo reduzca la demanda de empleo. Además, abren un nuevo terreno de discusión al proclamar que el SMI es un eficaz instrumento para distribuir la renta y luchar contra la pobreza. Sus conclusiones fueron corroboradas por un buen número de trabajos empíricos y de experimentos sociales realizados sobre todo en EE UU, pero también en otros países. Realizaron un conjunto de pruebas que apuntan a que los aumentos del SMI incrementaron la retribución de los trabajadores con salarios bajos y no causaron un descenso apreciable del empleo. Es difícil encontrar ideología explícita en el libro citado. Más bien sus autores se apoyan en la denominada “revolución de la credibilidad”, que concede a los análisis empíricos (demostrables) un papel mucho más relevante que antes en el terreno económico.

El sindicalista alemán Thorben Albrecht, director de política del poderoso sindicato metalúrgico alemán IG Metall, vino la pasada semana a España a dar una conferencia y declaró que con la subida del salario mínimo en Alemania (recientemente ha subido de 12 a 15 euros la hora) han aumentado los puestos de trabajo (EL PAÍS del 15 de diciembre). No suele ser tan sencillo. El debate fue reabierto en el año 2021 cuando el Banco de España publicó un estudio (Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: Nueva tendencia para España) que evaluaba el incremento del SMI en el año 2019 de un 22%. Básicamente, su principal conclusión fue que ese aumento tuvo efectos adversos sobre el empleo, especialmente entre los trabajadores de 45 a 64 años.

Se generaron otros muchos textos, algunos propiciados por el Ministerio de Trabajo, que matizaban las conclusiones del Banco de España, aunque el mayor desmentido lo dieron las cifras de empleo (creció) y de paro (disminuyó). Uno de ellos lo elaboró la Fundación ISEAK. Sara de la Rica, una de sus responsables, escribía la pasada semana en este mismo periódico (suplemento Negocios) que a corto plazo esa subida del SMI no aumentó el riesgo de pérdida de empleo en los primeros seis meses, pero que entre los 6 y los 12 meses se observó un crecimiento de dicho riesgo aunque con un impacto muy modesto.

Este es un debate muy importante dado que el Gobierno ha de tomar la decisión política de aumentar el SMI en las próximas semanas para cumplir una promesa electoral: elevarlo hasta que al final de la legislatura alcance el 60% del salario medio neto, teniendo en cuenta la Carta Social Europea.

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