Rebeldía frente a la obsolescencia programada

Alrededor de una mesa, en una pequeña sala de la sede de una organización ecologista en Madrid, miembros de un café de reparaciones desmontan, examinan y buscan el motivo por el que un ventilador de techo hace ruido al girar. En otro extremo de la mesa, una mujer pregunta por la solución para una batidora cuyo fabricante ya le ha dicho que no le vende un repuesto de la pieza rota. Estos son pequeños gestos de resistencia frente a un fenómeno, la obsolescencia programada, cuya cuenta lleva años pagando el medio ambiente.

“Son prácticas empresariales que consisten en acortar la vida útil del producto para vendernos una y otra vez las mismas cosas”, cuenta al otro lado del teléfono Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss). “Es decir, fabricar con baja durabilidad y productos que son difíciles o imposibles de reparar”, añade. Cada año se generan en el mundo 50 millones de toneladas de desperdicios tecnológicos y electrónicos, según datos publicados por la ONU en 2019.

Pero el impacto de la obsolescencia programada va más allá de la basura que deja e incluye los efectos de la extracción de los materiales y el consumo de energía que se necesita para fabricar nuevos aparatos. Advierte la ONU, por ejemplo, que hay cien veces más oro en una tonelada de estos residuos que en una tonelada de mena. “Estamos mejor que hace tres años, pero aún nos queda muchísimo para avanzar”, asegura Alicia García-Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, respecto a cómo abordar esta práctica.

El Plan de Acción europeo para la economía circular de 2020 incluía medidas para que los productos durasen más y fuesen más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar. También para informar a los consumidores, poniendo el foco sobre sectores como el electrónico y el TIC, entre otros aspectos. “Es la primera vez que se ve una iniciativa y una voluntad de los legisladores de tener en cuenta esta situación”, comenta García-Franco sobre la incorporación de la obsolescencia programada y el derecho a reparar.

Desde el año pasado, la garantía de los productos en España es de tres años, frente a los dos que recogía la ley de consumidores antes de la modificación de 2021. Además, los fabricantes deben disponer de recambios durante una década, en lugar de un lustro, desde que se deja de fabricar el producto. Pero a la hora de arreglar, dice Muros, a veces sale más barato comprar uno nuevo que el servicio de reparación. Y no siempre es posible luchar contra el bolsillo.

Aunque el reciclaje es fundamental —pero solo el 20% de los residuos pasa por este proceso— y se fomenta el empleo de materiales reutilizados, lo ideal sería no tener que llegar a ese punto. “Reciclar significa que ya hemos generado un impacto en el medio ambiente”, dice Muros. Los productos han de ser diseñados para facilitar y permitir el arreglo y la actualización de sus softwares cuando haya mejoras disponibles, como en el caso de los televisores o los frigoríficos inteligentes.

El cliente no es ajeno a esta problemática. “Yo creo que el consumidor está cada vez más concienciado de que le duren más las cosas, pero ya no solo por esa concienciación, sino también porque tenemos unas crisis económicas importantes”, cuenta García-Franco. “Yo creo que los usuarios estamos atados de pies y manos”, comenta Muros. La responsabilidad que cae sobre el consumidor, cuenta, es la del deseo de tener siempre lo último: “Es un poco la educación que recibimos. Que también deberíamos tener una asignatura de concienciación en el colegio y de saber consumir de forma responsable”.

Para Javier Vázquez, uno de los organizadores y reparadores de los encuentros mencionados al inicio, todavía prima el modelo comprar, usar y tirar. Su compañero Juan Ramón Martín apunta a una cuestión de mentalidad: “Es un problema que tenemos en este país a un nivel, me atrevo a decir, general”, dice. “Que [se tiene la idea de que] es cutre reparar”.

Fabricar para la longevidad

El primer objetivo histórico del diseño industrial fue la reproducibilidad. Luego, cuenta Rubén Oya, diseñador y profesor del Instituto Europeo de Diseño (IED) en Barcelona, se comenzó a tener en cuenta al usuario, mejorando la función y estética de los diseños. “Y ahora nos encontramos con una capa adicional que es tener en cuenta la repercusión de la actividad de este diseño. Tener en cuenta no solo al fabricante o a la empresa y el usuario final, sino el entorno en el que todo esto ocurre”, cuenta el experto, quien señala que en ocasiones la obsolescencia programada no tiene por qué tener un fin lucrativo. Esta última capa es la que se ha bautizado como ecodiseño.

“Es un tema de percepción”, explica Oya respecto a cómo de extendido está este modelo. “Te diría que a lo mejor hay empresas que no lo están teniendo en cuenta para nada y otras donde es una pata clave”. En el contexto académico, añade, lleva años cogiendo fuerza. Sin embargo, no hay una receta o solución sencilla para la sostenibilidad. “Ahora mismo, se trata de un esfuerzo [como sociedad o industria] por intentar mejorar, dar pasos, volver a medir [el impacto de los productos]…”, apunta el profesor. “Dentro de esta complejidad intentamos dar algunas pautas a los estudiantes”.