Casas con una segunda y más eficiente juventud

Al igual que las neveras o las lavadoras, las casas y pisos que habitamos, alquilados o comprados, también se clasifican según su eficiencia energética. Y si para la compra de electrodomésticos saber y tener en cuenta en qué peldaño están, y por tanto cómo de eficientes son, se ha ido normalizando y extendiendo, no parece suceder lo mismo con las viviendas. Puede que usted tenga un frigorífico de clase A o B, los más eficientes, en un piso E, F o G.

Y no resultaría descabellado porque, según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el 81% de los edificios se encuentra en los tres tramos más bajos de la tabla en términos de emisiones y hasta el 84,5% cuando se trata de consumo energético. Con un parque de viviendas con aproximadamente la mitad de ellas levantadas antes de que existiera normativa alguna de aislamiento, y responsable del 17% del consumo energético y del 23% de las emisiones, la rehabilitación se presenta como un camino nada desdeñable hacia los objetivos de sostenibilidad marcados por Europa. Entre otros aspectos, la UE aspira a reducir los gases contaminantes en 2030 un 55% respecto a 1990.

“Todas las viviendas construidas antes de los años ochenta no tienen aislamiento porque la primera normativa que obligaba a aislar en España es de 1979″, dice por teléfono Manuel Enríquez, arquitecto, profesor en la Universidad de Navarra y presidente de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA). Hasta entonces la preparación de las viviendas era nula: “Son lo que yo llamo depredadores de energía”, relata al otro lado de la línea Luis Mateo, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat).

Si hasta entonces la legislación fue nula, a partir de 1979 pasó a ser escasa. “Durante 30 años la normativa no cambió nada”, cuenta Enríquez. Hubo que esperar hasta el Código Técnico en 2006 y revisiones posteriores para que se adoptasen avances más significativos. “En el bum inmobiliario, cuando se construían 600.000, 700.000 y 800.000 viviendas al año, todas se hicieron con la norma antigua”, comenta Mateo.

En los últimos años ha sido revisada en varias ocasiones. “Y digamos que ya la dinámica es otra”, apunta Enríquez. “Es una normativa que ya está atacando el problema de una manera más eficiente. En gran medida porque nos viene impuesto por Europa”. Al menos hasta el momento, desde promotores hasta compradores, señala el arquitecto, han visto los requisitos de eficiencia energética casi como una imposición más que como una ventaja.

A la hora de adquirir una vivienda, de acuerdo con un estudio publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (Cgate) en 2020, la sostenibilidad energética es el factor que menos influye. Además, casi siete de cada diez encuestados manifestaron que no invertirían en la optimización del consumo, y seis de cada diez no se mostraban dispuestos a realizar una inversión para mantener y mejorar las condiciones del edificio.

“Quizás en España es verdad que ha habido poca cultura del mantenimiento de los edificios y de la rehabilitación en general”, cuenta al teléfono Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Detrás de esta tendencia había factores como una ley de propiedad horizontal que en ocasiones limitaba la capacidad de toma de decisiones o pocas ayudas disponibles. “Quizás también el hecho de que en España hay mucha proporción de vivienda en propiedad. En otros países, en cambio, hay mucha vivienda protegida en la que las propias administraciones realizan un mantenimiento”.

Consejos prácticos

La rehabilitación energética es “el conjunto de actuaciones que se pueden realizar para mejorar el rendimiento energético del edificio o vivienda”, explican por correo electrónico fuentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Se trata de intervenciones en fachadas, cubiertas, ventanas, calefacción, etcétera. “Aislar el interior del exterior adecuadamente”, comenta Alfredo Sanz, presidente del Cgate.

Aunque cambios aislados como la renovación de soluciones de climatización o la instalación de sistemas de energías renovables contribuyen a mejorar la situación, lo primordial, dicen los expertos, es actuar en el aislamiento del exterior. “Hay que empezar por la envolvente, porque eso es lo que va a definir las necesidades de energía de tu edificio”, asevera Mateo, de Andimat.

De todos los edificios en pie hoy en España solo un 0,3% ha pasado por un proceso de rehabilitación energética, según información facilitada por el IDAE. El año pasado, de acuerdo con los datos de visado recogidos por el CSCAE, se dio luz verde a la intervención de 34.525 viviendas, lo que supuso un 13,5% más respecto a 2021 y un 35,1% más que en 2019. Aunque la tendencia es, siempre según estos datos, ascendente, es necesario que el árbol no impida ver el bosque: la tasa española de rehabilitación del parque de vivienda, un 0,08%, es entre ocho y diez veces menor que la media de los principales países del entorno. La italiana, por ejemplo, se sitúa en el 0,77% y la francesa en el 2,01%.

Con unas 30.000 actuaciones al año, la senda tomada por el Gobierno para llegar, entre otros propósitos, a las 300.000 viviendas anuales en 2030 está pavimentada con la conocida como Componente 2. Este plan de rehabilitación y regeneración urbana está liderado por el Mitma en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y cuenta con un presupuesto de 6.820 millones provenientes de los fondos Next Generation, destinados, entre otras actividades, a la rehabilitación de edificios residenciales y edificios públicos y construcción de viviendas de alquiler social.

“En estos momentos, los programas de rehabilitación de los fondos europeos y también los incentivos fiscales son una oportunidad histórica. Nunca se habían dado unas condiciones tan óptimas para poder abordar esa rehabilitación”, dice Vall-llossera. Sanz, presidente del Cgate, comparte esta idea: “Hasta la fecha, nunca se había dado un plan tan potente como este”. Estas subvenciones cubren entre el 35% y el 80% —hasta el 100% en los casos de mayor vulnerabilidad— de la inversión, dependiendo de la mejora final.

Beneficios fiscales

Estas ayudas vienen acompañadas de beneficios fiscales. No solo no computan en la base imponible del IRPF, sino que se puede deducir un 60% —hasta 15.000 euros— del coste si el edificio residencial reduce un 30% el consumo de energía primaria no renovable u obtiene la calificación A o B. “Por ejemplo, una obra que por vivienda salga a 25.000 euros, al final cada vivienda va a tener que pagar en torno a 2.500 o 2.700 euros”, comenta Sebastián Molinero, director de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). “Y la revalorizas, ganas en calidad de vida. Y esos 2.500 euros los vas a amortizar en muy poco tiempo”.

La acogida de los usuarios está siendo buena, cuentan fuentes de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR) por correo electrónico: “La mayoría de las rehabilitaciones que se están ejecutando es gracias a estas ayudas”. La patronal señala, sin embargo, que la rehabilitación está “bastante estancada” respecto al año pasado a la espera de que las comunidades concedan estas prestaciones. Y recuerda que aunque estas ayudas sean importantes la situación económica actual ejerce como freno: “Hay que tener en cuenta que una parte, entre un 20% y un 60%, la tiene que pagar el usuario final, convirtiéndose esta en la mayor debilidad”.

Las condiciones para lanzarse a mejorar la categoría energética de los edificios son las más propicias en años, pero, aun así, la rehabilitación se encuentra con barreras. “El principal problema es el desconocimiento de las subvenciones existentes y de los cauces para solicitarlas”, dice por correo electrónico Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ante la posible falta de información o el vértigo a la hora de entrar en la tramitación de las ayudas, Vall-llossera apela a la necesidad de acompañamiento, con iniciativas como, por ejemplo, la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación.

Molinero menciona también una cuestión cultural. “Es un aspecto ya no tanto de solo comunicación, sino de saber hacer pedagogía en los propietarios y hacerles ver la enorme oportunidad que tienen”, señala. Sanz, presidente de Cgate, habla de desconfianza por parte del ciudadano: la idea de que son gestiones difíciles, la incertidumbre frente a la concesión, etcétera. “Necesitan certeza, seguridad jurídica”, señala. Para ello, dice, es necesario, cumpliendo todas las garantías, no perderse en cuestiones que entorpezcan el proceso. “El punto débil en este momento es evitar el cuello de botella en las administraciones”, comenta Molinero.

En opinión de Mateo, de Andimat, las comunidades de vecinos, sobre las que al fin y al cabo recae la decisión de rehabilitar, deben estar más formadas e informadas a través, por ejemplo, de campañas de sensibilización. Es necesario, afirma, traducir términos como ahorro económico, energético y reducción de emisiones a salud, comodidad y revalorización. “Y luego que el producto que les estás dando sea el que le has prometido, y para eso tiene que haber una vigilancia por parte de un tercero para confirmar que todas las medidas de eficiencia energética se han llevado a cabo”.

Falta información

Las principales quejas de los usuarios que llegan a la OCU en este contexto son, por un lado, la falta de información clara sobre las ayudas y sus requisitos y, por otro, sobre las opciones de obra más adecuadas. “Hay mucha publicidad, pero no hay información independiente y fiable sobre los tipos de soluciones técnicas, sus precios, ahorros reales, existencia de otras alternativas”, apunta Izverniceanu. “En la práctica, los promotores de muchas reformas son las propias empresas que te ofrecen el producto y la subvención, en un lote. El usuario no suele tener mucha información para comparar ofertas y suele elegir un tanto a ciegas”.

Las previsiones para este año de ANERR están ligadas a los programas disponibles. Sin la intervención de los planes de rehabilitación, la patronal calcula que la actividad descenderá entre un 5% y un 8% debido al aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios. “En todo caso, esto dependerá de las comunidades autónomas y la efectividad que tengan a la hora de conceder las ayudas”.

La Administración y los propietarios se enfrentan en estos momentos a un reto importante. “Y también [hay que] pensar que esa necesaria mejora del parque edificado no debe limitarse a estos años que vamos a disponer de esos fondos hasta 2026″, advierte Vall-llossera. Es un tema de largo recorrido y prioritario para no quedarse atrás y cumplir con Europa. “Además, hay directivas europeas que irán en esa dirección y que nos van a ir marcando nuevos objetivos que cada vez van a ser más exigentes”.