El PP de Ayuso se opone por octava vez a investigar el drama de las residencias o a estudiar cómo mejorar los centros

El PP de Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto este lunes, por octava vez desde junio de 2021, a que se investigue en la Asamblea el drama de las muertes en las residencias durante la pandemia del coronavirus o a que se debata cómo mejorar el funcionamiento de estas instituciones. Los conservadores se han sumado a Vox para rechazar la creación de una comisión de estudio sobre estos centros propuesta por el PSOE, lo que se une al veto de la semana pasada a un pleno monográfico sobre estas instituciones solicitado por Más Madrid. La pasada legislatura (2021-2023) los conservadores se opusieron en cuatro ocasiones a abrir comisiones de investigación patrocinadas por la izquierda (sin incluir peticiones de subsanación y negativas a reconsideraciones), a una comisión de estudio que propuso Más Madrid, y a otra similar de Vox, que el partido de extrema derecha acabó retirando por su presión. Una catarata de negativas en la que hay una excepción: la comisión de investigación que salió adelante en la legislatura 2019-2021, cuando el PP dependía de Cs y Vox, y que nunca terminó sus trabajos porque fue disuelta al adelantarse las elecciones.

“El PP utiliza su control de la Asamblea para blindar a Ayuso y no hablar de las residencias”, lamenta Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid, el partido que lidera la oposición al PP en el Parlamento regional. “Está por ver si su gestión de las residencias durante la pandemia es criminal, pero fue sin ninguna duda negligente e inmoral”, opina. “Porque el estado de las residencias de la Comunidad de Madrid después de la covid es un goteo de escándalos: comida podrida, alimentación deficiente, falta de personal, precarización del personal y, como hemos visto recientemente, falta de medidas de seguridad ante emergencias”, añade. Y subraya: “Todo ello es resultado de un modelo low cost que busca el beneficio de unas pocas empresas a costa del maltrato de los mayores. Hay que sustituir urgentemente este modelo por otro que ponga en el centro el bienestar y los derechos humanos”.

Más de 7.000 residentes fallecieron como resultado de unos protocolos de triaje que impidieron su traslado a hospitales en los peores momentos de la pandemia. Ese veto fue más intenso entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020 y especialmente significativo entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situación varió de un hospital a otro. Esclarecer los detalles de lo ocurrido en la Asamblea es, por ahora, una quimera, al igual que estudiar mejoras en unos centros que vuelven una y otra vez a los titulares por los problemas en la comida, los desperfectos en las instalaciones, o un incendio que causó la muerte de tres residentes a mediados de febrero.

“No queremos revancha, ni carnaza política, ni que suene a que buscamos venganza o mandar al paredón a cualquier político de las legislaturas anteriores”, explica Jesús Celada, uno de los políticos de confianza del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. “Ni de lejos”, recalca, tras ver cómo no salía adelante la comisión de estudio propuesta por el PSOE. “No buscamos criminalizar a nadie”, insiste.

“Nos choca que cuatro años después de la pandemia, la situación de las residencias sea peor, con comida podrida, techos que se caen, nóminas que no se pagan, y familias a las que no se da cancha en la toma de decisiones”, argumenta tras las visitas de los diputados socialistas a los centros. “Las residencias han ido a peor”, diagnostica, para añadir: “Creemos que al PP le interesa politizar esto. Hablemos de lo que hablemos, Ayuso es la víctima, la atacada. No quieren buscar una solución social de un tema grave”.

Ayuso entiende que todas las iniciativas rechazadas buscaban desgastarla políticamente y no avanzar en mejoras para los residentes. En ese contexto, el PP ha dejado gestos definitorios (todo el Gobierno, salvo un consejero, abandonó el pleno en 2022, cuando se debatía reactivar la comisión de investigación) y ha utilizado toda su influencia política para bloquear cualquier investigación parlamentaria.

Primero, en junio de 2020, Ayuso anunció una investigación interna que acabó convertido en “una consulta informal” entre consejerías para compartir datos, según reveló la Cadena SER tras una petición de información realizada al amparo de la ley de transparencia. Luego, en 2022, presionó a Vox para que retirara su apoyo decisivo a la reactivación de la comisión de investigación impulsada en la legislatura 2019-2021, y que fue frenada en seco por el adelanto electoral. “Le preguntaría a Vox si se van a volver a unir a la izquierda para volver a retorcer y a utilizar el dolor de las familias”, dijo. Ese mismo año, ignoró un acuerdo del Ayuntamiento de Madrid para instar al Ejecutivo regional a investigar lo ocurrido. Finalmente, la baronesa usó la mayoría del PP para bloquear cualquier iniciativa en el Parlamento regional.

“No vamos a entrar en el juego revisionista de la izquierda ni vamos a participar de las iniciativas que plantean una sombra de duda sobre las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, explicó el PP, que en 2021, cuando estaba en minoría, vio cómo se acumulaban plenos monográficos sobre la gestión de la covid, la vacunación y Filomena. “Se trata del hogar de muchas personas, funcionan muy bien y están a cargo de magníficos profesionales”.

Un posicionamiento al que, en esta ocasión, se ha sumado Vox. “El Partido Socialista quiere hacer un juicio mediático sobre un tema que tiene abiertas decenas de causas judiciales en este momento”, explican en el partido sobre la comisión de estudio. “Su objetivo es el revanchismo, no la mejora de servicios”. Ningún Gobierno regional ha apoyado las comisiones de investigación de este tipo, tampoco los de izquierda, suele recordar Ayuso. Y por eso, viene a argumentar, el de Madrid tampoco.

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