Madrid quiere cobrar más por el agua a consumidores con grandes jardines para reducir el consumo y “no comprometer el suministro”

Tras un decenio sin subir la tarifa del agua, el Canal de Isabel II quiere aumentar el precio a determinados consumidores para así penalizar “los consumos ineficientes o suntuosos” además de “no esenciales”, como, señala, “riegos y piscinas”. Esas palabras, recogidas negro sobre blanco en un proyecto de decreto colgado en el portal de transparencia regional, ponen en la diana a los propietarios de chalets, según interpretación de Vox, que el martes, en la Asamblea regional, pidió explicaciones sobre el proyecto a Mariano González, consejero delegado de la compañía. El tenso cruce de pareceres dejó varias certezas. Primera: Madrid no ve posible incrementar los recursos convencionales (presas trasvases o pozos) para abastecer a una población creciente. Segunda: el Canal considera que “la clave para no comprometer el suministro a Madrid en los próximos años es reducir la demanda de agua por habitante”, para lo que quiere dotar al sistema tarifario de una mayor progresividad. Y tercera: si el proyecto sale adelante, quien tenga un gran jardín pagará más.

“Me encantan los eufemismos que se usan para esconder lo que al final es una subida de los precios del agua para los usuarios”, ironizó en la Asamblea Íñigo Henríquez de Luna (Vox). “¿Si no hay problemas de sequía, porqué hay que penalizar el consumo del agua?”, se preguntó tras recordar que los embalses están en ese momento al 80% de su capacidad. Y denunció: “Esto suena bastante a política recaudatoria (...) A ver si es verdad que el Canal se suma al negocio del agua, perdiendo su vocación de empresa pública (...) Hay una finalidad crematística por parte del Canal”.

La compañía lo niega. De los ajustes tarifarios que prepara aún en fase inicial puede incluso derivarse una pérdida de ingresos, aseguran en la empresa, donde recuerdan que el operador del agua en Barcelona ha subido el coste de su consumo un 33%, por el 30% de Sevilla, el 42% de Málaga o el 8,5% de Zaragoza. “El objetivo de la actualización de la estructura no es recaudatorio, sino de protección y sensibilización”, precisa un portavoz del Canal.

“La palanca precio es una de las que se pueden utilizar para modular los consumos”, defendió González durante su comparecencia en el Parlamento regional. “Salvo los que tengan un gran jardín, los madrileños en bloque 1, consumo doméstico, cerca del 60% de la población, no van a tener ninguna actualización de tarifa”, detalló. “¿Dónde se va a producir? En aquellos que tienen mayores consumos, por encima de los 20 metros cúbicos (...) Es una propuesta selectiva y quirúrgica”.

No obstante, el planteamiento no convence a la oposición. “Se ajustan los bloques de consumo, reduciendo los m3 de agua que caben en cada bloque, y se aumentan los precios”, expone Diego Cruz, del PSOE. “Pero estos ajustes se hacen en todos los usos menos en el comercial, asimilado a comercial e industrial”, subraya. “En esto no podemos estar de acuerdo, ya que si de verdad lo que se busca es preservar el recurso desincentivando el consumo elevado porque el agua es un bien escaso, no tiene sentido, o al menos exige una clara y rápida explicación, dejar fuera de la ecuación a los usos comerciales, asimilados a comercial e industriales, más cuando llevamos 10 años con las tarifas congeladas”, añade.

Todo empieza en plenas Navidades. 22 de diciembre. Reunido el consejo de administración del Canal, decide “iniciar los trámites para la modificación de la estructura tarifaria del agua en la Comunidad de Madrid, con el propósito de incrementar su progresividad y fomentar así un uso más eficiente del agua”.

La sequía de Cataluña

De ahí nace un decreto que busca reducir el límite actual de 167 litros/habitante/día en el consumo doméstico a 133 (34 menos), con el argumento de que sus datos muestran que el consumo real está en 121,22. “Con este mismo objetivo de reducir el consumo, se reducen los límites actuales de los bloques de consumo tarifarios para los grupos de usos domésticos, asimilados a domésticos y otros usos, y se crea un cuarto bloque de consumo para estos mismos grupos de usos, así como para el grupo de usos de riegos públicos”, se lee en un documento oficial. “Una modificación tarifaria destinada a incentivar el consumo responsable permitiría afrontar con mayor garantía de abastecimiento los períodos de sequía”, se argumenta. “La clave para no comprometer el suministro a Madrid en los próximos años es reducir la demanda de agua por habitante”.

La última gran sequía en Madrid fue en 2005, según detalló González en su comparecencia. Pero ese es un fenómeno cíclico, y el caso de Cataluña sirve de aviso. Esta región vive la peor sequía nunca registrada, con embalses que no llegan al 20% de su capacidad, por lo que ha impuesto restricciones al consumo al 80% de la población (seis millones de personas). Sin mar desde el que potabilizar agua, y con la previsión de que la población se dispare hasta los ocho millones en los próximos años, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística, Madrid empieza ya a tomar decisiones con unos trabajos que acaban de empezar y tardarán meses en culminar en un decreto.

Como dijo González en su comparecencia: “Cuando se adoptan medidas como la búsqueda de recursos alternativos o las subidas tarifarias en momentos en los que no hay agua, se llega demasiado tarde”.

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