La revolución de los inquilinos llega a Chamberí: “Un primo de Esperanza Aguirre nos echa de Madrid”

Ramón tiene 70 años y lleva 60 viviendo en este piso de 40 metros, dos habitaciones y un baño. Muestra el cuarto donde se metía con sus dos hermanos, amontonados en camas turcas. Y la de sus padres, un habitáculo pequeño que se comunica con el salón. Este miércoles enseña su casa porque no sabe cuánto tiempo seguirá siendo suya. Recuerda que llegaron a pagar 100 pesetas al mes por ella; ahora son 650 euros. Ramón es un nombre ficticio, porque tiene miedo al gigante inmobiliario al que se ha enfrentado con el resto de sus vecinos: Elix Rental Housing, el fondo inmobiliario propiedad de AltamarCAM Partners, cuyo presidente es Claudio Aguirre, primo de la expresidenta regional Esperanza Aguirre. “Quieren echar a los madrileños de Madrid”, señala indignada otra vecina, que lleva 14 años en la calle Galileo 22, en el barrio de Chamberí.

Unos 50 vecinos, incluidos jubilados, niños y trabajadores, se han plantado esta semana frente a la voracidad de la especulación urbanística que arrasa zonas clave de la capital. La compañía, que adquirió el inmueble hace unos meses, cuando falleció la antigua propietaria, les ha avisado a algunos de que sus contratos no van a ser renovados, explican. El objetivo, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas, que los acompaña en su proceso, es echar a los vecinos para remodelar el edificio e implantar alquileres temporales o turísticos. El caso de los de Galileo 22 se suma a otro reciente, el de los inquilinos de Ermita del Santo, 14, a un lado del pelotazo urbanístico del Ayuntamiento: la recalificación de un centro comercial para construir dos rascacielos de 28 y 18 plantas.

En noviembre, las familias del bloque recibieron el aviso de que el edificio había sido comprado por Elix Rental Housing, aunque ya habían recibido previamente un burofax en el que se les informaba de la no renovación de sus contratos. “El primer desahucio se dio el pasado agosto, cuando la vecina y portera del bloque fue despedida de manera improcedente y expulsada de su vivienda”, explican desde el Sindicato. Consultada por EL PAÍS, la compañía ha rechazado hacer algún comentario sobre el conflicto con los inquilinos.

Según denuncian desde la asociación, el objetivo de Elix Rental Housing es “extraer beneficios millonarios gracias a la especulación inmobiliaria”. Desde que se fundó en 2017, cuentan desde el Sindicato en un comunicado, “la empresa se dedicó a adquirir bloques en la capital, así como en Barcelona, para después rehabilitarlos y volverlos a vender a precios desorbitados, sacando máximo provecho al sistema normativo y fiscal que beneficia la actividad de las socimis [una sociedad anónima dedicada a invertir en el mercado inmobiliario]”. La organización denuncia que la compañía ya ha comprado edificios por todo Madrid: en Lavapiés, Tetuán y Barrio de la Concepción. “Estos parecen ser sus nuevos objetivos, uniéndose así a ser principales propulsores del proceso de destrucción del tejido vecinal y de intensificación de las dinámicas de gentrificación y turistificación que vienen afectando a toda la ciudad desde hace años”.

La nueva cara de los desahucios

La nueva era de los desalojos tiene rostro de inquilino que paga sus facturas. Como Ramón, que después de trabajar toda la vida como dependiente en la histórica mercería Almacén de Pontejos, gana poco más de 1.000 euros de pensión y el alquiler supone más del 60% de sus ingresos, contradiciendo las recomendaciones de cualquier agente inmobiliario. De vecinos como Marta (nombre ficticio), que llegó hace 14 años al barrio, que se saludan por su nombre, a los que fía la frutera o el carnicero; que se conocen el atajo para ir a su centro de salud. O que tienen dos trabajos, como ella, de maestra de Yoga y de administradora, para llegar a fin de mes.

La nueva forma de “expulsar a la gente de las viviendas”, según denuncian desde el Sindicato, viene precedida de burofaxes, avisos de no renovación de contratos. Como le ha sucedido a algunos pisos, aunque ha puesto en alerta al resto. A Marta le llegó una carta en noviembre, desde entonces ha seguido pagando sus recibos — “Y, apunta: pienso seguir pagando los 800 que pago”, señala—. Y a Ramón espera que le llegue otra para verano del año que viene, que es cuando se ha renovado desde hace 60 años el suyo. “Ninguno ha pensado en dejar de pagar. Pero no nos vamos a ir. ¿A dónde? Si me he gastado hasta 3.000 euros en cambiar la bañera vieja por una ducha para no caerme”, señala Ramón, que sube las escaleras desgastadas, aferrado a la barandilla, aquejado de un problema de ciática.

Ramón duda sobre cómo se pronuncia el nombre de la empresa que lo quiere echar de su casa. Y muestra el pasillo, repleto de cuadros y muebles de madera oscura: “Ya verás qué bonita la tengo, parece un museo”, cuenta. Aunque apunta también a las ventanas, que no cierran bien, y al suelo de hule, que imita a un parquet falso sobre uno de madera original hundido. El edificio de 1913 ha tenido pocas remodelaciones, coinciden los vecinos. Tampoco cuenta con calefacción y las humedades y los cables a la vista decoran los rellanos de loza decorada y portones de madera. En este piso, que Ramón ha convertido en una trinchera, fallecieron sus padres. “No nos vamos”, sentencia unas lonas que cuelgan del edificio.

En Madrid, el número de propietarios con más de cinco inmuebles ha crecido un 43% en los últimos 10 años, de acuerdo con los últimos datos de la Dirección General del Catastro. El arrendaticio es un negocio muy rentable en la capital y más aún cuánto más popular sea el distrito. Según los últimos datos publicados por el INE y el Ayuntamiento de Madrid, el precio medio del alquiler en Chamberí ha subido un 22,7% entre 2020 y 2023, lo que le sitúa entre las zonas de la ciudad en la que más se ha encarecido la vivienda en ese periodo. En noviembre de 2023, el precio medio del suelo para alquiler se situaba en 21,6 el metro cuadrado, lo que hace que el alquiler de un piso de 70 metros cueste más de 1.500 euros. “Por eso mismo, hay un especial interés en expulsar a aquellas familias que siguen manteniendo precios de 500 y 700 euros; solo así se podrán hacer negocios por y para las rentas altas, limpiando el barrio de aquellos a los que ya no se quiere por ahí”, sentencian desde el Sindicato.