La Fiscalía lucha en Madrid para que la herencia de un proxeneta la reciba su víctima

El policía le pone los grilletes al detenido. Los agentes acaban de irrumpir en su piso alquilado del distrito madrileño de Tetuán y han comprobado que hay estupefacientes y también una mujer joven obligada a prostituirse y a dar el dinero que le pagan al hombre a cuyo nombre está el piso. Es uno de los llamados narcoburdeles, pisos con el todo incluido: droga y sexo de pago en una misma habitación. La detención es el inicio del proceso judicial, un camino que ese hombre esposado no llegará a ver finalizado, porque morirá antes de que haya sentencia. Cinco años después de ese 10 de mayo de 2018, cuando se desmanteló el piso, la Fiscalía de Madrid mantiene abierta esa causa para lograr que esa mujer que no vio condenado a su presunto explotador sí reciba, al menos, su herencia.

La justicia penal siempre se pronuncia en dos sentidos: la posible pena de cárcel y la responsabilidad civil. Esta segunda es la que trata de cuantificar y reparar el daño a las víctimas en términos monetarios, algo que no siempre es sencillo y que muchas veces resulta frío. Pero, en esta ocasión, se trata de un asunto simbólico, la justicia llevada a sus últimas consecuencias. Es posible gracias a que la Fiscalía provincial de Madrid creó en 2020 una figura dedicada al rastreo y decomiso de los bienes de los acusados para poder compensar económicamente a las víctimas cuando llegue el momento de la sentencia. Ha sido en 2022 cuando ha recibido el impulso definitivo y se ha involucrado en 10 causas, una de ellas, la de este narcoburdel. Esta cifra resulta un aumento significativo con respecto a 2021, cuando intervino en dos. Un tímido pero importante avance en una nueva herramienta para los fiscales.

En el registro de la vivienda utilizada para la explotación de seres humanos y venta de droga se hallaron 2.085 euros procedentes del cobro a los clientes. En el funcionamiento normal de estos burdeles camuflados en pisos alquilados, el proxeneta suele instalar cámaras de videovigilancia para controlar desde la lejanía a las mujeres, a las que prohíbe salir con libertad bajo la amenaza de castigos a ella o a su familia, y pasa una vez al día para llevarse el dinero recaudado. El detenido poseía también una cuenta a su nombre en la que había 1.096,82 euros y una cartera de valores.

Otro detenido, que no fue a la cárcel

En la operación se detuvo también a otro hombre como parte de la trama explotadora. Este segundo arrestado llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que no tuvo que ir a juicio, pero el primer detenido no aceptó. Tampoco llegó a sentarse frente al juez, porque murió el 14 de julio de 2021. No fue posible juzgarle por su actividad ilícita, pero el dinero que dejaba todavía podía contribuir a resarcir a su última víctima, la que encontraron en el piso el día de la detención.

La Fiscalía de Extranjería, encargada del asunto, contactó entonces con Ángel Perrino, el fiscal coordinador de recuperación de activos, y le solicitó apoyo para tratar de que esa víctima, que es testigo protegido, recibiera la herencia del proxeneta. Existe una posibilidad en la ley llamada de decomiso autónomo, que contempla casos como este en el que el acusado ha muerto antes de dictar sentencia. “Para una víctima de especial vulnerabilidad es importante recibir esta compensación y además es algo simbólico”, destaca Perrino. Su misión es servir de enlace entre la Fiscalía y la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, un órgano que empezó a funcionar en 2015 dedicado exclusivamente al rastreo de bienes ocultos y la gestión de los mismos.

Perrino participó en el nacimiento de esta oficina y estuvo en el equipo que elaboró el real decreto de creación. Para ello, viajó a Inglaterra y Francia para conocer cómo desarrollan esta labor en otros países. “Es importante en muchos casos que este mecanismo se active desde el principio de la investigación. En las instrucciones de estafadores y de organizaciones de narcotráfico que se pueden alargar años, cuando acaba les ha dado tiempo de sobra a ocultar su dinero y patrimonio”, explica el representante del ministerio público.

De las 10 actuaciones en las que ha intervenido la figura del coordinador de recuperación de activos, siete tienen que ver con delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), dos con delitos de estafa agravada y una se trata de una causa por blanqueo y organización criminal. “El objetivo es también que cuando estos condenados acaben su condena, su entramado ilícito esté desmontado”, recalca Perrino.

La falta de resarcimiento económico es especialmente acusado en los casos de violencia sexual, como este por el que lucha la Fiscalía madrileña. Según un estudio de la Universidad Carlos III publicado en 2019, las indemnizaciones para las víctimas de delitos sexuales en España son las que menos se cobran, solo por detrás de las víctimas de robos. Casi el 40% de estas víctimas no llega a ver nunca ni un solo euro y la mitad recibe una media de 166 euros. El análisis, firmado por las investigadoras Helena Soleto y Aurea Grané, concluyó además que las indemnizadas tienen que esperar por norma general cinco años a que les ingresen el dinero. A nivel global, las cifras no son mejores. Según un proyecto internacional finalizado en 2019, el 80% de las mujeres prostituidas no obtiene ningún pago a pesar de la condena de los explotadores. La investigación analizó 60 casos judiciales, de los cuales 10 tuvieron lugar en España. Solo en 11 de los 40 en los que hubo sentencia condenatoria hubo un pago simbólico por parte del condenado, porque el resto se declararon insolventes.

En el caso del narcoburdel madrileño, el acusado fallecido tiene herederos que podrían reclamar esos poco más de 3.000 euros y la cartera de valores. Para ello, el juzgado les mandó ya hace meses una notificación para comunicarles que pueden reclamar este dinero, pero, por el momento, no ha habido respuesta. La víctima espera mientras la justicia actúa.

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