Ayuso defiende que su cuerpo de voluntarios es legal, enfrentándose a las asociaciones sociales, oposición y juristas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este martes su nuevo Cuerpo del Voluntariado Joven frente a las críticas de asociaciones del sector, entre ellas la Plataforma Española del Voluntariado, que insisten en su ilegalidad por vulnerar las normas autonómica y estatal. El sector, que no fue consultado para el proyecto, cuenta con el respaldo de la oposición de izquierdas, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y juristas que alertan de que las administraciones tienen prohibido recurrir al trabajo gratuito para cumplir sus obligaciones así como amortizar puestos de trabajo por medio de voluntarios. Los voluntarios, de entre 14 y 30 años, serían reclutados por los técnicos que gestionan el carné joven autonómico y serían enviados a domicilios y residencias de personas mayores o con discapacidad, así como a comedores sociales.

Ayuso dio su respuesta a los críticos en un tuit este martes en el que respondía al artículo de este periódico un día antes: “Esto no es correcto”, dijo en la red social X (antes Twitter). “No es ilegal porque la ley autonómica no limita la labor de voluntariado a las entidades del sector. Y no suple en ningún caso la labor que realizan, es complementaria. Fomentar el voluntariado es un derecho y un deber del gobierno de la CM”. Por ahora se conocen pocos detalles más del Cuerpo del Voluntariado Joven, que fue presentado el viernes por la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, durante un encuentro con periodistas en la sede de su departamento. Un portavoz de Dávila recalca que los jóvenes se limitarían a hacer acompañamiento.

El voluntariado en Madrid está regulado por dos normas, una autonómica, de febrero de 2015, y otra estatal, de octubre de ese mismo año. La ley estatal es clara respecto a la prohibición de crear cuerpos de voluntarios dentro de la administración, una línea roja que guio los trabajos de redacción, según le dice a EL PAÍS el jurista que coordinó esa tarea, Pablo Benlloch. Aquella ley fue impulsada por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy, que buscaba actualizar la norma ya existente, de 1996.

Benlloch dice que las administraciones tienen una obligación de gestionar los servicios públicos que no pueden delegar en terceros. “Otra cosa es que por conciertos o por convenios lleguen a un acuerdo con entidades sociales, pero en absoluto puede usted actuar como esas entidades”, añade.

Benlloch explica que la ley madrileña es más ambigua porque sí da esa habilidad al sector público, pero en su artículo 13.2 impone un límite que Benlloch cree que la Comunidad de Madrid va a sobrepasar con su proyecto: que los voluntarios no asuman funciones públicas ni obligaciones propias de la Administración. Por ejemplo, ve problemático los límites entre el trabajo de los terapeutas ocupacionales o psicólogos de una residencia y el que vayan a hacer los jóvenes voluntarios. Por eso, cree que el proyecto madrileño es ilegal, y señala que ya tiene un precedente reciente: “Esto ya pasó durante la pandemia, cuando la Comunidad de Madrid intentó reclutar a alumnos de trabajo social para colaborar en las residencias”.

Cuando la Asamblea madrileña dominada por el PP aprobó la norma autonómica en febrero de 2015, los populares se manifestaron a favor de impedir que el voluntariado entrara en la administración pública. El límite del artículo 13.2 fue propuesto por el entonces diputado de Unión Progreso y Democracia Alberto Reyero y entonces la diputada del grupo popular en la Asamblea Ana Camins lo consideró necesario. “Entendemos que contribuye a la delimitación del voluntariado en los servicios públicos y salvaguarda la naturaleza de la actividad de la Administración”, dijo Camins.

Otro jurista que coincide con esa opinión es Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universitat Autónoma de Barcelona. “Las administraciones deben prestar sus servicios con su propio personal. Deben potenciar al máximo el voluntariado, pero eso no significa que las actividades de servicios sociales se cumplan por voluntarios”, añade.

“Por lo que conozco del mundo de la política, tengo la sensación de que este proyecto equivocado es iniciativa de una consejera que ha llegado a un nuevo departamento con buena voluntad, aunque otra interpretación menos buenista es que quieran ahorrarse costes económicos”, agrega Rojo.

Indignación en el sector

El proyecto ha indignado en el sector de las asociaciones, al que no convence la explicación de Ayuso. Este martes se sumó a las críticas el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, una plataforma que agrupa a 40 entidades. “Mostramos nuestra preocupación por el uso de voluntarios desde las instituciones”, publicó en X. “Nunca deben suplir puestos de trabajo y su labor debe ser complementaria”.

Otra plataforma a la que inquieta el proyecto es Fevocam, la federación de entidades de voluntarios en Madrid, que ha solicitado este martes una reunión urgente con la consejera. “Quien mejor hace el voluntariado somos nosotros y no es una función de las administraciones gestionar proyectos de voluntariado”, dice su presidente, Alfonso Fajardo.

Más Madrid y PSOE van a pedir explicaciones a la consejera Dávila el lunes cuando debe comparecer en la Comisión de Juventud de la Asamblea. Los dos grupos reprochan las formas y el contenido del proyecto. Protestan porque no se haya tenido en cuenta al sector, dudan de la legalidad de la medida y desconfían de los fines del Gobierno Ayuso.

Alodia Pérez, diputada de Más Madrid, censura a la presidenta por “interpretaciones poco rigurosas de la legislación de voluntariado”.

“Que dejen de buscar soluciones mágicas a coste cero, y a costa de los profesionales, no solo de los servicios sociales, sino también de la gestión de voluntariado. Esperamos una rectificación del gobierno en su plan, y que escuchen a las entidades que se dejan la piel por una mejor situación de los cuidados de los más vulnerables de la región”, añade.

La portavoz de asuntos sociales del PSOE en la Asamblea, Lorena Morales, cree que el PP está dando un paso más en su modelo caritativo para los servicios sociales. “Reclamamos un modelo que dote de derechos y de verdadera justicia social para que haya igualdad. Y eso pasa por inversión y políticas públicas. No por entregarlo todo al sector privado sin control y recurrir al voluntariado para ahorrarse profesionales”.

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