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Ayuso destituye a su cuarto comisionado de la Cañada en cuatro años tras denunciar Podemos y Más Madrid un contrato ante la Fiscalía

La Comunidad de Madrid afirma que la salida de Markel Gorbea es por “motivos personales” y aprueba el quinto nombramiento en el puesto desde 2019

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Andrea Comas
Juan José Mateo

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, decidió el miércoles la destitución de Markel Gorbea como comisionado de la Cañada Real. Aunque su salida se produce “por motivos personales”, según un portavoz del Ejecutivo, coincide con una denuncia impulsada por Podemos y Más Madrid sobre un contrato adjudicado en 2022 por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura que la Fiscalía decidió remitirle a Anticorrupción en febrero. En los cuatro años que Ayuso lleva siendo presidenta, hasta cinco personas se han sucedido por un puesto que incluye un salario de más de 75.000 euros. Uno de sus ocupantes apenas duró una semana.

“En el mes de diciembre, Podemos-IU denunció a Markel Gorbea, entonces comisionado de la Cañada Real de la Comunidad de Madrid”, ha recordado este jueves Alejandra Jacinto, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid con Podemos. “En marzo, la Fiscalía Anticorrupción anunció la investigación de los contratos de la Comunidad en la Cañada Real”, ha seguido. “[Ahora] se anuncia el cese de Markel Gorbea. Este cese a un mes de las elecciones sugiere que quizás tenga que ver con el derribo de viviendas, con los vertidos o el acoso a los vecinos que hemos denunciado”, ha continuado. Y ha recalcado: “Los tribunales, antes o después, nos lo aclararán”.

El contrato adjudicado por el comisionado tuvo como beneficiario a Amaexco (Asociación de Excavadores y Constructores de la Comunidad de Madrid). Según la denuncia, previamente se invitó a otras dos empresas a presentar una oferta para ejecutar este contrato de “valorización de materiales naturales y restauración del camino sin asfaltar en el sector seis de la Cañada”. Sin embargo, sus proyectos era sensiblemente más caros (35.300 y 17.500 euros) que el finalmente ganador (12.200 euros). Y además, las dos ofertantes perdedoras serían asociadas de la propia Amaexco.

“Consideramos que la anterior contratación incurre en actuaciones prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) (en particular, en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley), pues se falsea la competencia al negociar un contrato con empresas previamente concertadas entre sí”, se lee en el escrito redactado por la abogada y candidata Jacinto. “Además, Amaexco es una asociación empresarial sin ánimo de lucro según sus estatutos, cuyos fines son la defensa de los intereses de sus empresas asociadas, en ningún caso la prestación de servicios directa ni a terceros ni, muchísimo menos, a la administración pública”, se añade. “A nuestro juicio se ha realizado una apariencia de adjudicación competitiva en lo que, en términos reales, es un contrato previamente acordado entre administración y Amaexco”.

Por su parte, la Comunidad recalca que aún no hay una investigación abierta de la Fiscalía Anticorrupción. “[La notificación de información de la Fiscalía] ha entrado esta mañana [por este jueves] en el Comisionado”, explica un portavoz gubernamental. “Mandarán el expediente mañana a Fiscalía, como ya se hizo cuando lo solicitó Alejandra Jacinto en una de las Comisiones de la Cañada Real”.

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Los cargos de comisionados han sido un dolor de cabeza para Ayuso desde que llegó al poder. Como adelantó EL PAÍS, la presidenta decidió eliminar el de bienestar animal en 2021 por dos razones. Primero, que Vox reclamaba un recorte de gasto superfluo en la Administración. Y segundo, que el puesto fue ocupado brevemente por Elsa Martín Olsen, exconcursante del reality La selva de los famosos, que dejó el cargo a los dos meses de ser nombrada.

No obstante, ningún comisionado ha sido más polémico que el de la Cañada, un barrio a quince minutos del corazón de la capital de España en el que ha echado raíces el mayor asentamiento irregular de chabolas de Europa. El puesto fue creado por Cristina Cifuentes a finales de 2015, y con el objetivo de impulsar la transformación urbanística y la integración social de los vecinos de esta antigua vía pecuaria a su paso por Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid. Desde agosto de 2019, cuando Ayuso llegó al poder por primera vez, en ese cargo se han sucedido Ángeles Pedraza, Raúl López, José Tortosa de la Iglesia, Markel Gorbea y ahora Ignacio Sánchez Segura.

Pedraza apenas duró una semana en el puesto, pues reclamó un cambio que se tradujo en que la pusieran al frente del 112, el órgano que responde las llamadas de emergencia en la región de Madrid, lo que le ha permitido ganar desde entonces un 20% más (de 75.084 euros al año a 93.855 euros al año). López, su sustituto en el comisionado de la Cañada, que era exalcalde de Coslada y había sido objeto de interés de la Guardia Civil en el caso Púnica (sin ser imputado), también dejó el cargo una semana después de ser nombrado.

Y el propio Gorbea había estado ya en el centro de la polémica tras publicar en Twitter la imagen de un cuadro donde un personaje bíblico realiza una decapitación junto a un texto en el que menciona al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, calificándole como “un maestro en la utilización de recursos municipales para el propio beneficio político del PSOE”.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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