Ayuso apoya la derogación de la ‘ley trans’ de Madrid propuesta por Vox, pero la retrasa a la próxima legislatura

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el PP apoyará la derogación de la ley trans regional que plantea Vox en el pleno de la Asamblea de este jueves, aunque ha puntualizado que no dará tiempo de llevarla a cabo hasta la próxima legislatura. Ese compromiso, que da por hecho que los conservadores mantendrán el poder tras los comicios del 28 de mayo, refleja la lucha que mantienen los dos partidos de derechas por seducir al mismo electorado. También, que Vox ha hecho mella en la armadura del PP con un tema que incomoda en las filas conservadoras. Por eso, Ayuso ha entonado este jueves un sí, pero no: se cambiará la ley, pero no ahora, y preferentemente por iniciativa de su partido, y no del de Rocío Monasterio. Es un giro de 360 grados. Ayuso lleva diciendo desde 2019 que hay aspectos de esta ley que quiere reformar. Este jueves, por lo tanto, ha dado un vuelco completo para acabar donde estaba desde el principio. Entretanto, ha calificado de “moda” la defensa de los derechos trans.

“La ley, desde hace demasiados años, hace daño a las familias, a la sociedad”, le ha espetado la líder de la extrema derecha a la de los conservadores, retándole a que le diera una respuesta clara. “Hoy [por este jueves] deben decidir de qué lado están”. “Hay que tomar este asunto con rigor”, le ha contestado la presidenta regional. “Esta moda no depende solo de estas leyes”, ha seguido. “Se está fomentando todo esto en las plataformas audiovisuales, móviles, programas de televisión... Estas modas, impositivas, agresivas, e internacionales, están haciendo daño a los adolescentes en todo el mundo”, ha añadido. “Esta ley se ha de modificar, se ha de reformar”, ha subrayado. Y ha rematado: “Efectivamente, vemos bien abrir este debate y tomar en consideración su propuesta, aunque señoría, llega tarde, y tendrá que ser el PP quien en la próxima legislatura elimine esta ley y la modifique por una más sensata”.

Que el PP y Vox se unan este jueves para apoyar la toma en consideración de la derogación de la ley no quiere decir que la norma decaiga en cuanto se apruebe la iniciativa. Todo lo contrario. Dar luz verde a la propuesta de la extrema derecha supone iniciar su tramitación, por lo que quedaría abrir plazo para registrar enmiendas a la totalidad, o parciales, al articulado. De las palabras de Ayuso se deduce que el PP, que domina los tiempos de la Cámara a través de la presidencia y de su mayoría en la Mesa, no permitirá que de tiempo a que eso ocurra en los plenos que quedan esta legislatura. Sin embargo, los conservadores esperan que su gesto sea suficiente para convencer a los ultras de que presten sus necesarios votos para que salgan adelante los 11 proyectos legislativos que el PP aún tiene pendientes de aprobar en la Asamblea.

La Ley regional de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (conocida como ley trans) fue aprobada en 2016, cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) dependía de CS. La norma partió de la oposición y los conservadores no la apoyaron: se abstuvieron. Desde que Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019, tiene esta ley en la diana. Tanto ella como sus principales asesores, empezando por el vicepresidente Enrique Ossorio, la consideran excesivamente ideológica, ineficaz en su redacción y cuestionable en alguno de sus preceptos. En el PP se rechaza, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia.

“Son leyes muy simbólicas, con muy poco carácter normativo, en las que mucho del articulado es ineficiente, y se trata de dotarlas de efectividad normativa, que sirvan para algo, no solo para establecer eslóganes”, resumen desde el Gobierno regional.

Hasta ahí, plena coincidencia entre el PP y Vox. A partir de ahí, las diferencias. Los dos partidos quieren patrimonializar ante sus electores la reforma de esta norma. Por eso el PP se va a escudar ahora en que solo quedan tres plenos más antes de la disolución de la Asamblea, motivada por las elecciones, para dejar morir el asunto hasta la próxima legislatura. Entonces los conservadores esperan llevar la voz cantante. Una situación que intentará evitar la izquierda sumando los suficientes votos para lograr que los conservadores no gobiernen Madrid por primera vez desde 1995.

Por ello, Mónica García (Más Madrid) ha echado este jueves en cara a Ayuso el estado de la sanidad regional, donde hay una doble huelga de médicos de atención primaria y hospitalaria (“quizás no es sanidad líquida, sino sanidad liquidada”), y Juan Lobato (PSOE) le ha reclamado que se dedique más a los problemas de la región. Por su parte, Alejandra Jacinto (Podemos) ha recordado a Ayuso que se acaba de cumplir un año desde que el PP derrocó a Pablo Casado como presidente por denunciar que el hermano de Ayuso había cobrado una comisión gracias a un contrato de una empresa con la Comunidad de Madrid, presidida por su hermana.

“Se fue a Londres para evitar dar la cara en el aniversario de la liquidación de Pablo Casado”, ha dicho la portavoz de la izquierda sobre el último viaje institucional de la presidenta. “¿Es entendible que contrates con tu hermana y recibas 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas? Le pido que nos conteste”. Pero no ha habido respuesta. Solo silencio.

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