Ayuso salva al filo de la medianoche el proyecto de la Ciudad de la Justicia

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha salvado al filo de la medianoche del miércoles su gran proyecto de infraestructura de la legislatura, la Ciudad de la Justicia. En noviembre de 2022, la licitación de esta obra multimillonaria quedó desierta. Entonces, la Comunidad abrió un nuevo proceso en el que envió invitaciones directas a 10 empresas, dentro de un proceso negociado sin publicidad, y retocó aspectos de los pliegos para hacerlos más atractivos sin alterar sus líneas maestras. Este miércoles, justo al límite del vencimiento del plazo, y cuando parecía que el proyecto iba a encallar definitivamente, el consorcio formado por Iridium y Acciona ha presentado una oferta, según ha explicado el Gobierno.

De esta manera, Ayuso se presentará a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo habiendo iniciado el macroproyecto de concentración de sedes judiciales, que estará situado en Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, que debería estar ya en funcionamiento a finales de 2027, y que hipotecará las cuentas regionales durante los próximos 40 años. Ese es el tiempo durante el que la Comunidad tendrá que pagar al concesionario, gobierne el partido que gobierne, lo que critica la oposición, que hubiera preferido acometer el proyecto con fondos propios.

“Hemos recibido una oferta de un grupo que, una vez sea analizada por la Mesa de contratación, tendrá la definitiva adjudicación”, ha celebrado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. “Así, Madrid contará con una única sede judicial, la concentración judicial más importante del sur de Europa, que va a modernizar toda la infraestructura inmobiliaria, finalizando un proceso impecable y meticuloso”, ha añadido López.

De ser adjudicado definitivamente el contrato, el constructor deberá gastar más de 500 millones en levantar 18 edificios, con la expectativa de que la Administración le pagará más de 40 millones al año durante los próximos 36 años (hasta un techo de 2.100) y de poder explotar durante ese tiempo los bajos comerciales, aparcamientos y oficinas para obtener un beneficio de más de 230 millones. Esta apuesta es especialmente arriesgada en un contexto de crisis económica y energética, con los precios de los materiales de construcción y la inflación disparados, y con un compromiso a tan largo plazo. Eso es lo que explica las dificultades que ha tenido la Comunidad para encontrar quien lo lleve a cabo

La Administración regional, con el consejero Enrique López al frente, lo intentó todo para salvar el proyecto. Así lo explicaba un portavoz gubernamental, a preguntas de este diario, hace unas semanas, cuando el planteamiento aún no había fracasado.

“La Ley de Contratos del Sector Público permite la fórmula del negociado sin publicidad, si previamente el concurso quedó desierto”, dijo sobre la invitación extendida a 10 empresas elegidas a dedo para intentar sacar adelante el concurso. “No se modifica ningún elemento sustancial como el presupuesto base de licitación [2.547.394.367 euros], el sistema de retribución, los criterios de adjudicación o la fórmula de revisión de precios”, añadió. “Se invitará a aquellas empresas que, cumpliendo los requisitos de solvencia ya mostraron interés, y cumpliendo con el requisito mínimo de tres, tal y como exige la Ley”.

De esta manera, un proyecto maldito empieza a ver la luz. Nació con el gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2015), qu fue la primera impulsora de la concentración de sedes judiciales en Valdebebas. El proyecto fue presentado 72 veces y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón. Se sufragaron informes inservibles por más de 80.000 euros y se impulsó un programa publicitario de unos 200.000 euros invertidos en paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional. La gran mayoría de empleados del complejo judicial eran directivos con nóminas por encima de los 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la región nunca se completara: únicamente se construyó uno de los catorce edificios previstos.

De aquel proyecto megalómano solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal, y una investigación judicial aún abierta en la que están bajo la lupa cargos de los gobiernos de Esperanza Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien anticorrupción pidió ocho años de cárcel en enero de 2021.

En 2014, con Ignacio González como presidente del Ejecutivo regional, se retomó el proyecto de Aguirre, que pasó a denominarse Ciudad de la Justicia. En 2015, y ya con Cristina Cifuentes como presidenta, fue paralizado, lo que provocó demandas por parte de constructoras por incumplimiento de contrato. En 2020, la justicia le dio la razón a la Comunidad. Entonces Ayuso empezó a impulsar su propio proyecto, el mismo que ahora parece dar un paso decisivo.

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