Sanidad abandona a los taxis de Madrid y adjudica el contrato de traslado de los médicos a una empresa de VTC

Se acaba la colaboración entre los taxistas y la Comunidad de Madrid. Tras dos años de comprobada solidaridad ―fueron ellos quienes, en lo más duro de la pandemia, se dedicaron a trasladar gratuitamente a los madrileños a los centros de salud y hospitales―, el sector del taxi recibió este martes un jarro de agua fría. La Consejería de Sanidad ha finalizado el contrato que tenía con la Federación Profesional del Taxi de Madrid para trasladar a los médicos de Atención Primaria a prestar servicio en residencias y domicilios. Desde ahora, esta labor será competencia del Grupo Auro, una empresa de VTC (vehículo de transporte con conductor) con más de 2.300 licencias, a la que se ha adjudicado un contrato con este fin por 1,5 millones de euros para el próximo año.

“La Comunidad vuelve a traicionar la confianza de los que estuvieron en primera línea durante la crisis sanitaria. Desde hace tiempo va perfilando su modelo de negocio, claramente en favor de las empresa privada”, denuncia Julio Sanz, presidente de Federación Profesional del Taxi de Madrid, la asociación mayoritaria del sector en la capital.

La bronca entre los taxistas y la Administración no es una novedad. A principio de junio, una cola de más de 400 taxis bloqueó el Paseo de la Castellana para protestar contra la reforma de la ley que regula los VTC y que les permite seguir operando en trayectos urbanos, algo que los taxistas consideran perjudicial para su trabajo. La nueva norma se aprobó al día siguiente en la Asamblea, gracias a los votos del PP y de Vox.

Durante el último año, el servicio de traslado de los médicos a domicilios y residencias se ha realizado a través de Pide Taxi, la aplicación a la que pertenece la federación, y de su emisora, Tele Taxi. Sin embargo, a partir de ahora la concesión correrá a cargo de tres empresas de VTC —el Grupo Auro, Zater Transportation y Autos Lavapiés— de José Antonio Parrondo, que fue presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid entre 2007 y 2009.

La Consejería de Sanidad defiende este cambio de rumbo por el carácter público de la licitación, mientras recuerda que el anterior contrato, que dejaba el servicio en manos de los taxis, era un contrato de emergencia, sin libre concurrencia. “También se presentaron las agrupaciones de taxis, entre otros licitadores, que hasta ahora cubrían la zona centro. Non han resultado adjudicatarias por precio y por no cubrir la zona rural”, detalla un portavoz.

Olvidados tras la necesidad

Lo que más indigna a los taxistas es la falta de gratitud tras sus sacrificios durante la pandemia. Juan Manuel Guerrero fue uno de los muchos profesionales que se ofrecieron para seguir trabajando durante el estado de alarma sin retribución. Este profesional de 60 años, con más de dos décadas de experiencia en el sector, enfermó de covid en marzo de 2020, durante el transporte al hospital de un paciente en el retro de su vehículo. “En cuanto di negativo, volví a trabajar. Era necesario”, afirma.

El lunes recibió un correo de Radioteléfono Taxi, la empresa de reserva de traslados de la cual es socio, en el que se le comunicaba la decisión de la Consejería de Sanidad de finalizar el contrato con los taxistas en favor de la empresa de VTC del Grupo Auro. “Es difícil creer que la Comunidad haya olvidado los cientos de miles de traslados gratuitos que efectuamos los taxistas de Madrid durante la pandemia. Y, sin embargo, es así. Después de tantos sacrificios y de la disponibilidad demostrada, nos dan la patada. Y en favor de los VTC, que desaparecieron durante la pandemia”, reprocha.

Una vez que finalizó la urgencia inicial —periodo durante el cual los taxistas de Madrid rechazaron la propuesta de la Comunidad de reembolsar la gasolina de los viajes, por considerar más importante invertir ese dinero en mascarillas y gel hidroalcohólico— la Consejería firmó un contrato de emergencia con el gremio. “Con los taxis se gastaban apenas unos 50.000 euros anuales en los traslados de médicos de atención primaria. El presupuesto de los VTC es de 1,5 millones. Es una diferencia ridículamente alta, no puede no llamar la atención”, denuncia el presidente de la Federación.

El sector de los taxis impugnó en febrero la adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid, alegando el “fraude a los pliegos de condiciones” efectuado por el Grupo Auro y la “falta de requisitos que afectan a la capacidad de participar en la licitación”. Por ejemplo, el hecho de que muchos de los vehículos sean diésel —algo que no les permite circular por el término municipal de Madrid— o la falta de inspección técnica, que consiguen evitar con las matrículas de fondo blanco, que necesitan revisión cada cuatro años en lugar de anualmente, tal y como lo exige la ley. Sin embargo, el recurso ha sido desestimado.

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