Bronca en la Asamblea por la ley que permite circular en ciudad a vehículos privados que compiten con el taxi

“¡Vendido!”. La bronca estalla en la Asamblea de Madrid cuando el consejero de Transportes, David Pérez, va a comenzar este jueves su defensa de la modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes, que permite a empresas como Uber, Bolt o Cabify seguir operando en la región. Un grupo de taxistas invitados al pleno por la oposición empieza a increparle, porque consideran la decisión contraria a sus intereses y favorable a los de las empresas con licencia VTC (vehículos de transporte con conductor). “¡Quedan expulsados de la sala!”, ordena la presidenta del Parlamento regional, Eugenia Carballedo, mientras los funcionarios de la Cámara y su equipo de seguridad se apresuran a cumplir con la orden de desalojar a los conductores. El estallido marca el tono del debate entre el Gobierno madrileño y la oposición. En los aledaños del hemiciclo, y con la banda sonora de los cláxones que truenan en la calle para protestar contra la norma, se enfrentan Mónica García, la líder de Más Madrid, y Enrique López, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

―“¡Mira cómo tienes al sector!”―, le recrimina la líder de la oposición al consejero de Isabel Díaz Ayuso, con el que se cruza en el pasillo acristalado que une los dos edificios que conforman la Asamblea de Madrid.

―“A una parte del sector”―, matiza él, mientras Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, se suma a la discusión en una escena pública inusitada entre representantes públicos.

Luego, la sesión continúa y Vox acaba con cualquier duda: permite que se apruebe el texto porque el PP se ha comprometido a elaborar lo más pronto posible un reglamento en el que se unifiquen los requisitos técnicos que deben cumplir ambos medios de transporte, que compartirán las mismas condiciones en los servicios previamente contratados. Esta futura normativa también acabará con la restricción de que un mismo titular no pueda tener más de tres licencias de taxi. Es un punto de encuentro ante una situación de urgencia: en cumplimiento de un decreto estatal, Madrid tenía que aprobar su norma antes de octubre para que las VTC pudieran seguir operando en la región como hasta ahora.

La decisión de la extrema derecha hace que suba la temperatura en la concentración de taxistas que hay a las puertas de la Asamblea, donde el ambiente está incluso más caldeado que dentro de la Cámara. Allí, una veintena de conductores recibe con indignación y decepción la decisión de la extrema derecha, que podría haber tumbado la iniciativa del PP de haberse sumado al voto negativo de Más Madrid, PSOE y Podemos.

“Vox nos ha engañado. Los han comprado”, sentencia el presidente de la Federación de Taxis, Julio Sanz, tras conocer la abstención del grupo, anunciada justo después de que este conductor y sus compañeros hayan sido expulsados de la Cámara. “Es una auténtica vergüenza. Hay más de 25.000 familias afectadas y vamos a seguir en lucha por la vía constitucional”. Su compañero, Óscar Manuel Santos, se derrumba. “Siento decepción y muchas ganas de llorar”, dice resignado, a lo que añade su resquemor con el partido de ultraderecha: “Los de Vox son el felpudo del PP”.

Todo empieza a las diez de la mañana, cuando un grupo de taxistas se concentra frente al edificio del Parlamento regional y sigue el debate desde sus móviles. Como Tomás Aparicio, un taxista jubilado de 76 años, que sostiene una pancarta en la que se lee “Ayuso, abuso”.

“Lo que está haciendo la presidenta es una dictadura”, dice, desesperado, refiriéndose al procedimiento de lectura única con el que se tramita la ley, impidiendo las enmiendas de la oposición. Su compañero Carlos Pérez, de 67 años, también muestra su descontento: “No pueden saltarse la ley a la torera”.

Los taxistas consideran que las VTC suponen una competencia desleal. Sus precios y la falta de regulación de las condiciones laborales de estas plataformas se contraponen, según denuncian, a los requisitos que ellos deben cumplir: número de vehículos con licencia, ITV periódicas, tarifas de obligado cumplimiento y jornada laboral tasada. Unas diferencias que el PP y Vox esperan solventar en el desarrollo de los reglamentos que dotarán de sustancia a la modificación de la ley.

“Defendemos la convivencia de todos los modelos, no queremos acabar con la libertad de los ciudadanos para elegir la movilidad que quieren”, asegura Ayuso. “Aquí no se va a ir en burra”, ironiza. Un argumento que también emplea Javier Pérez Gallardo, de Vox, para justificar su posición de permitir el cambio legal: “En Vox hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno que garantiza el futuro de taxis y VTC. La izquierda ha venido aquí a decir ‘solo taxi’. Y nosotros hemos dicho ‘taxi y VTC’. Ese es el espíritu con el que hemos llegado a un acuerdo”.

La oposición muestra su disconformidad. Más Madrid, PSOE y Podemos lamentan que no se tenga en cuenta la solidaridad de los taxistas en todas las catástrofes que han golpeado a la región en los últimos años (el 11-M, Filomena, la pandemia). Pero son palabras que caen en saco roto mientras el ruido de los cláxones se cuela desde la calle y hasta el debate.

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