El padre Ángel rompe un contrato de 25 millones para gestionar una residencia pública en Madrid tras las protestas de los familiares

Una protesta contra una entidad del sector de residencias ha provocado algo extraordinario: el sacerdote Ángel García Rodríguez, más conocido como el padre Ángel, ha enviado una carta a la Comunidad de Madrid para romper el contrato de casi 25 millones de euros para gestionar una residencia pública de cuidado de mayores en Vallecas hasta 2026. La asociación del padre Ángel, Mensajeros de la Paz Edad Dorada, gestiona este hogar de 156 plazas desde agosto del año pasado. Las familias de los residentes de esa residencia, Fundación Reina Sofía Alzheimer, han organizado varias concentraciones para quejarse por la mala calidad de los cuidados: comida, higiene y falta de personal. El conflicto se produce en un momento de creciente demanda social para mejorar la atención a los mayores, lo que ha llevado a un choque político por una subida de exigencias que el sector y algunas comunidades consideran caras y excesivas.

Fue el padre Ángel quien envió el miércoles una carta y un correo electrónico a la consejera de Familia y Política Social, Concha Dancausa, según le dicen a este periódico fuentes de Mensajeros. Sin embargo, un portavoz de la consejería afirma que no les consta la petición de cese del servicio. Ahora queda por saber qué decisión toma el Gobierno autonómico. En principio, debería encontrar una empresa u otra ONG que sustituya a Mensajeros, pero las asociaciones que respaldan a los familiares, Marea de Residencias y Plataforma por la Verdad y la Justicia, piden que el centro pase a ser público al cien por cien.

Un portavoz de Mensajeros, Manuel Castro, niega que presten mal servicio y dice que los familiares tienen expectativas demasiado altas, algo que le parece lícito pero que sobrepasa lo exigido en el contrato con la Comunidad de Madrid, según él. “Los familiares nunca están de acuerdo con nada. No pueden pretender que esto sea un centro de alta especialización. Nosotros somos un hogar de cuidados”, agrega.

Según fuentes de Mensajeros, el padre Ángel, de 85 años, tomó la decisión de pedir la ruptura del contrato. La decisión se precipitó después de una protesta la semana pasada en la residencia durante un simposio científico al que el sacerdote tenía previsto asistir. La noticia de la petición de cese la ha dado la Cadena SER y ha coincidido con una nueva concentración de varias decenas de personas este viernes a las puertas del centro, donde ha leído un manifiesto el actor Tristán Ulloa, quien tiene familia dentro.

La residencia es particular por varios motivos: es un centro especializado en alzheimer, de modo que a diferencia de otros hogares de mayores todos los residentes son dependientes. Además, las instalaciones contienen una unidad de investigación del alzheimer, la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas), gestionada a través del Instituto de Salud Carlos III.

Mensajeros ganó la licitación para gestionar la residencia en agosto del año pasado. Se trata de una de las 18 residencias públicas cuya gestión es cedida desde años por la Comunidad al sector privado. Desde 2006, el centro había sido manejado por Clece, una de las empresas del conglomerado ACS, propiedad de Florentino Pérez. Clece también renunció a seguir con la gestión de esta residencia a causa de las quejas de las familias, según Castro. “Hemos heredado este conflicto. Clece también vio los problemas y entregó las llaves. Mensajeros tuvo que entrar de forma precipitada porque así nos lo pidió la Comunidad y nos costó muchísimo”. Mensajeros fue fundada en 1962 por el Padre Ángel, quien en 1994 recibió el Príncipe de Asturias de la Concordia por su labor solidaria. La asociación lleva 27 años cuidando mayores en residencias, centros de día y a domicilio. Tiene 17 residencias en la Comunidad de Madrid (entre ellas otra más de titularidad del Gobierno regional) y 104 en toda España.

Los familiares acusan a Mensajeros de haber ganado el contrato haciendo una oferta demasiado baja. La Comunidad tenía previsto pagar este año a Mensajeros 4,5 millones de euros por la gestión del centro. A pesar de ser una organización sin ánimo de lucro, las familias acusan a Mensajeros de buscar “rentabilizar” este contrato. Mensajeros se defiende diciendo que el contrato público tiene unos estándares suficientemente exigentes, ya que deben tener un ratio de 0,59 cuidadores por cada residente, una proporción mayor que la exigida a otras residencias de la región de Madrid.

Una portavoz de la asociación de defensa de derechos Marea de Residencias, Carmen Martín, dice que las quejas por el servicio vienen de largo, pero habían empeorado desde que la gestión cambió de manos el año pasado. Hace meses que los familiares aumentaron la presión para mejorar el servicio. Consiguieron reunirse con la dirección del centro, que les hizo promesas de cambio, pero López afirma que fueron incumplidas: “La comida es una bazofia y los trabajadores están agotados porque no dan abasto y se han puesto de nuestro lado”.

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