La Oficina Anticorrupción indaga qué empleados del Ayuntamiento intervinieron en el contrato del comisionista del 3%

La Oficina contra el Fraude y la Corrupción de Madrid, que ha abierto unas pesquisas sobre la comisión del 3% que cobró un cargo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por ayudar a una constructora a ganar un proyecto de la propia compañía pública, quiere saber qué empleados del Ayuntamiento intervinieron en el contrato de la obra bajo sospecha, y si conocían la “relación” entre la adjudicataria y Pablo Pradillo, el jefe de División que percibió 150.000 euros. A través de un escrito enviado a la actual gerencia de la EMT, al que tuvo acceso EL PAÍS, el órgano investigador señala una decena de puntos para indagar sobre la reforma del Centro de Operaciones del distrito de Fuencarral, por la que el Ayuntamiento de la capital pagó más de cinco millones de euros (más de seis millones, IVA incluido).

La Oficina Anticorrupción abrió un expediente de oficio el pasado 4 de mayo. Por primera vez en su historia, lo hizo tras una información periodística. “En el día de ayer, se publicó en el diario EL PAÍS una noticia en la que, entre otros extremos, se decía lo siguiente: ‘Un cargo del Ayuntamiento de Madrid cobró una comisión del 3% de una empresa a la que se le adjudicó una gran obra de la capital”, reza el documento de dos páginas, donde añade que, entre sus competencias, se encuentra “inspeccionar y comprobar los posibles casos de fraude o de cualquier aprovechamiento irregular derivado de actuaciones que afectan a la probidad administrativa, a la confianza pública y al buen funcionamiento del sector público municipal”; así como “el cumplimiento de las reglas relativas a conflicto de intereses”.

Por ello, la Oficina plantea una batería de preguntas a la Empresa Municipal de Transportes. “¿Qué tipo de relación o contrato laboral vincula a dicho empleado, [Pablo Pradillo], con la EMT?”; “¿[Su] fecha de ingreso en la empresa?”; “¿Qué cargos y funciones ha desempeñado?”; “¿Qué competencias tenía atribuidas en los dos años previos a la salida ‘temporal’ de la EMT?”; “¿Tenía atribuidas competencias en relación con la infraestructura objeto del contrato sobre el que versa la información publicada?”; “¿Qué figura jurídica es la utilizada para autorizar a dicho empleado la salida temporal de la EMT y, en su caso, posterior reingreso?, con indicación de la fecha de autorización y condiciones”.

La primera parte de las cuestiones se centran en Pradillo, que llegó a mediados de hace dos décadas a la EMT como jefe de división. Su padre, José Manuel Pradillo, era entonces gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, presidenta autonómica (2003-2012) y líder del PP regional. A finales de 2018, Pradillo hijo cerró un acuerdo con la empresa pública y pactó su salida temporal. Muy poco después, la compañía culminó el proyecto bajo sospecha, que salió a concurso en marzo de 2019 y se adjudicó el 14 de junio a una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco. Esta le pagó un 3% del coste de la obra al jefe de división, según ha admitido él mismo y según la documentación revelada por este periódico.

Pradillo, que vuelve a la EMT en septiembre de 2021 —solo tres meses después de recibir el último pago que completa los 150.000 euros— defiende la legalidad de su comisión y argumenta que no existían incompatibilidades porque se encontraba de “baja voluntaria” en el momento de licitación del proyecto. Sobre ello, indaga la Oficina Anticorrupción, dirigida por Carlos Granados, ex fiscal general del Estado y magistrado jubilado del Tribunal Supremo: “¿Consta comprobación o declaración jurada sobre ausencia de incompatibilidades que, en su caso, pudiera tener o haber tenido dicho empleado?”, pregunta también este organismo a la EMT, a la que pide la “fecha de reingreso a la empresa” de Pradillo y las “características del nuevo puesto de trabajo” que ocupa y sus “funciones”.

“¿El objeto del contrato estaba relacionado con funciones que hubiera desempeñado Pradillo de haber continuado en el puesto de jefe de división que abandonó, al parecer, voluntariamente?”, prosigue la lista de cuestiones remitidas a la gerencia, que remacha: “En relación con el contrato al que se refiere la información en medios de comunicación, ¿qué empleados han intervenido en el mismo? ¿Conocían los intervinientes en el contrato la relación entre la empresa adjudicataria y el asesoramiento en el proyecto de Pradillo?”. La Oficina contra el Fraude y la Corrupción también solicita a la EMT el “expediente administrativo completo del contrato”; así como el “expediente laboral” de Pradillo y “cualquiera información o documentación que se considere de interés”.

El aviso a altos cargos

Después de que EL PAÍS desvelara el caso Pradillo el pasado martes, el concejal Borja Carabante, responsable del área de Movilidad, compareció en rueda de prensa. A preguntas de los periodistas, el edil aseguró que no había hablado con Pradillo y que no se había abierto ninguna investigación en la EMT tras su regreso. El popular también insistió en que los responsables del Ayuntamiento no sabían nada del dinero percibido por el jefe de división: “No tuvimos conocimiento de las comisiones o de las presuntas comisiones ilegales [...] Sabíamos que había un procedimiento judicial [entre las empresas de la UTE], que no se refería a comisiones, sino a estafa, administración desleal y acuerdos abusivos. [...] Si nosotros tenemos la constancia de que ha cobrado unas comisiones por la adjudicación de un contrato, con carácter inmediato habríamos ido a la Fiscalía”.

Sin embargo, altos cargos de la EMT fueron informados de la relación de Pradillo con Inesco. Es más, en febrero de este año, casi tres meses antes de que este periódico publicara la primera noticia sobre el caso, dos responsables de la compañía pública declararon como testigos ante una jueza de Madrid y se les preguntó específicamente si una tercera persona les había avisado meses antes de los “pagos” a Mansaluve, la empresa de Pradillo a través de la cual facturó los 150.000 euros a la constructora. Alfonso Sánchez, director gerente, que admitió ante la magistrada haberse visto con el presunto alertador, afirmó que no recordaba ese detalle. En cambio, Gonzalo Fernández, director de Infraestructuras, reconoció que le habían avisado “de ese tema”, según fuentes jurídicas. Carabante, además de concejal de Movilidad, es el presidente de la EMT.

Por su parte, en declaraciones a eldiario.es, Pradillo ha afirmado que la Empresa Municipal “era conocedora de esta situación”, en referencia a su relación laboral con la UTE. “Conociendo la EMT esta situación al tiempo de su incorporación, el Ayuntamiento de Madrid debería haber abierto el preceptivo expediente disciplinario”, apunta Más Madrid en un escrito remitido a la Oficina Anticorrupción, donde añade que el jefe de división “habría vulnerado presuntamente la Ley de Incompatibilidades, con independencia de que el contrato laboral que le vincula con la empresa municipal estuviera o no suspendido”.

El Gobierno local y Más Madrid se han enzarzado en una batalla por el caso Pradillo. Carabante pidió explicaciones al partido de la oposición por la obra bajo sospecha, pues se adjudicó el 14 de junio de 2019, 24 horas antes de que José Luis Martínez-Almeida tomase posesión como alcalde en sustitución de Manuela Carmena. Por su parte, Más Madrid reprocha al PP no tomar ninguna medida contra Pradillo tras conocer el caso.

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