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El último pago al comisionista del 3% del Ayuntamiento Madrid se hizo solo tres meses antes de su regreso a la empresa pública

El Consistorio anuncia que acudirá a la Fiscalía si se confirman “irregularidades” y asegura que no ha hablado con el jefe de División que cobró 150.000 euros

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, durante su visita a las instalaciones del Centro de Operaciones de la EMT de La Elipa.
El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, durante su visita a las instalaciones del Centro de Operaciones de la EMT de La Elipa.Carlos Luján (Europa Press)

Pablo Pradillo, el jefe de División de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) que cobró una comisión del 3% por ayudar a una adjudicataria a conseguir un proyecto millonario de la propia compañía pública, facturó el último pago por su labor en junio de 2021, apenas tres meses antes de su reincorporación a la empresa del Ayuntamiento de Madrid. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que revela que Pradillo recibió hasta cinco abonos entre 2019 y el pasado año por un valor de más de 150.000 euros. Según su versión, durante un periodo de “baja voluntaria” de la EMT, colaboró para “preparar la oferta” que ganó el proyecto para la conservación, mantenimiento y adecuación de unas cocheras en el madrileño barrio de Fuencarral, por el que la Administración municipal pagó más de seis millones de euros (IVA incluido).

Factura emitida en junio de 2021 por Mansaluve, empresa de Pablo Pradillo, jefe de División de la EMT.
Factura emitida en junio de 2021 por Mansaluve, empresa de Pablo Pradillo, jefe de División de la EMT.

Pablo Pradillo, hijo del exgerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid —José Manuel Pradillo, quien fuera hombre de confianza de la expresidenta Esperanza Aguirre—, salió temporalmente de la EMT en diciembre de 2018 tras cerca de una década como jefe de la División de Construcción de Infraestructuras, según su perfil de LinkedIn. Apenas unas semanas después, la Empresa Municipal de Transportes culmina su proyecto para la obra de las instalaciones del Centro de Operaciones de Fuencarral, fechado en enero de 2019, que sale a concurso en marzo. Según cuenta el propio Pradillo a este diario a través de varios correos electrónicos, justo en ese momento, contacta con él la constructora Inesco, que lidera una Unión Temporal de Empresas (UTE), y le pide que coopere con ellos para lograr la adjudicación.

El Ayuntamiento había calculado que la reforma costaría más de ocho millones de euros (10,7 millones con IVA). Pero, después de presentar a finales de abril de 2019 su oferta, los ganadores se hicieron con la licitación tras reducir el precio hasta los cinco millones (seis millones sumando impuestos). La constructora, contactada por este periódico, admite que firmó un “contrato de arrendamiento de servicios” con Mansaluve ―la sociedad del cargo de la EMT― el 15 de abril de 2019, antes de constituirse la propia UTE. En julio de ese mismo año se ejecuta el primer pago, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Otros tres abonos se registran en ese mismo ejercicio. El quinto y último se facturará a mediados de 2021.

Pradillo, según su perfil de LinkedIn, se reincorporó a la EMT en septiembre del pasado año. Altos cargos del Ayuntamiento fueron alertados de su relación con Inesco, según confirman fuentes jurídicas. El jefe de División, que ha admitido las cantidades y porcentaje percibido, defiende su legalidad al encontrarse entonces de “baja voluntaria”. Inesco alega que, según el acuerdo que firmó con Mansaluve, “Pradillo manifestó no tener o provocar situación alguna de ventaja o influencia indebidas ante la EMT o cualquier otro organismo público o privado relacionado con el contrato”.

El trabajador de la empresa pública, que ha llegado a declarar como testigo ante una juez por su participación en este proyecto, ha detallado que pactó con la constructora Inesco un porcentaje del 3%: “Es el criterio que se suele seguir por cualquier ingeniería o consultora en este tipo de trabajos. Para el ámbito de un anteproyecto, como era este caso, se suele manejar aproximadamente entre el 2% y el 6%. En nuestro caso concreto se acordó en un 3%”. Ante la magistrada reconoció que no percibió el último abono hasta el verano de 2021. Según él, se debió a que su trabajo también incluía “asistencia técnica posterior”.

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Suspendido en 2018

Tras desvelar EL PAÍS esta comisión, el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento atribuyó toda la responsabilidad a sus antecesores. “Ante la información, lo que tengo que decir es que el contrato se adjudica 24 horas antes de que llegara el equipo de Gobierno de Almeida”, ha dicho el concejal de Transportes y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante (PP), en una comparecencia con preguntas celebrada este martes. “Los responsables, por tanto, son del anterior equipo de Gobierno. En esa comisión participaron los ediles de Ahora Madrid, Inés Sabanés y Rita Maestre, y el gerente de la EMT, Álvaro Heredia. Ellos tienen que explicarlo”, ha añadido.

Según el Consistorio, el acuerdo provisional para adjudicar la obra a la UTE se hizo el 14 de junio de 2019. La comunicación formal de la adjudicación se produjo el 10 de julio de 2019, ya con el nuevo equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en el poder; y la formalización del contrato se hizo en agosto. Por su parte, Carabante ha insistido también en que no ha tenido conocimiento de la comisión de Pradillo hasta ahora: “Nosotros vamos a denunciar a la Fiscalía Anticorrupción si hay indicios de alguna irregularidad. Tomaremos las medidas necesarias. Me extrañan diversas circunstancias”.

“El señor Pradillo obtiene del anterior equipo de Gobierno una suspensión de contrato, que hay que preguntarse si es normal”, ha proseguido Carabante: “Esto no sé si es habitual. No me constan suspensiones temporales de mutuo acuerdo. Pradillo no está imputado ni procesado. Es un empleado de la empresa que el anterior equipo de Gobierno nos obligó a reincorporarlo. Si se constata que se contrata y que se cobró una comisión, tendrán un problema los que adjudicaron este contrato. Yo no he hablado con el señor Pradillo. Tenemos que tener el indicio suficiente de que se haya producido [la comisión]”.

Esther Gómez, concejala de Más Madrid, ha respondido al delegado de Medio Ambiente y Movilidad. “Que denuncie lo que quiera”, opina por teléfono. Sobre el responsable de EMT que se ha llevado la comisión del 3% por una adjudicación, afirma: “Este señor, hijo de un alto cargo de [Esperanza] Aguirre, entró en la EMT por el PP, es de su círculo. De ese círculo del PP que tanto daño ha hecho a nuestro Ayuntamiento. De hecho, en nuestro mandato, le abrimos un expediente en 2018 por infracción muy grave. Concretamente, por unas obras en la nueva cochera de EMT de Fuencarral. Era la primera vez que se hacía así un expediente en la EMT. No han informado de nada de esta comisión al Consejo de Administración de la EMT. Hay que tener mucha cara para intentar responsabilizar al anterior equipo. Esto es marca de la casa”.

Fuentes de la empresa pública confirman que se suspendió a Pradillo con 60 días de empleo y sueldo entre el 16 de abril y el 14 de junio de 2018 “por presuntas irregularidades en el control de obras por amianto en el centro de Fuencarral”.

Más Madrid y PSOE, según fuentes de ambos partidos, han solicitado ya un consejo extraordinario de la EMT para los próximos días. “El Gobierno de Manuela Carmena tuvo una actitud ejemplar en materia de contratación”, dice por teléfono José Manuel Calvo, exedil de Urbanismo en aquel entonces y actual portavoz del Grupo Mixto del Consistorio. “La comisión es la palabra que define actualmente al Ejecutivo de Almeida. Se debe establecer en la Ley de Contratación que cualquier persona que contrate con una Administración pública deba definir de forma pública y transparente el porcentaje de ese contrato que se destina a comisiones. Cualquier ciudadano debe poder saber qué comisión se ha cobrado”.

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