Más de 1.600 niños con problemas de desarrollo esperan cita para Atención Temprana en Madrid

Ana, una niña de dos años con autismo, no emitía palabras, tampoco atendía a llamadas, andaba de puntillas y se balanceaba. Sus padres, preocupados, acudieron al neurólogo, que derivó a la pequeña a Atención Temprana, el servicio público de la Comunidad de Madrid dirigido a niños de hasta seis años que presentan necesidades especiales por deficiencias en el desarrollo o con riesgo de padecerlas. Su madre, Cristina Paredes, madrileña de 28 años, solicitó el pasado octubre la valoración en el Centro de Coordinación y Valoración Infantil (Crecovi), cuyos especialistas decidirán si necesita o no terapia, de qué tipo y hasta cuándo. Cinco meses después de la petición, la pequeña sigue sin haber recibido la cita para ser atendida por el servicio público. La lista de espera cuenta ya con más de 1.600 niños.

La única opción que tiene la familia es pagar 300 euros al mes para que Ana vaya al logopeda dos veces a la semana. “Las terapias privadas son muy costosas. Si pudiéramos la llevaríamos también a terapia ocupacional, pero, de momento, esto es lo que nos podemos permitir”, lamenta su madre, que se dedica exclusivamente al cuidado de sus dos hijos.

El tiempo de espera medio entre la solicitud de valoración, en la que hay que presentar el informe de derivación de los profesionales sanitarios o de los equipos de orientación educativa, hasta la resolución es de seis meses, según la Consejería de Familia y Política Social. Hecha la valoración en el Crecovi, toca armarse de paciencia de nuevo para dar el segundo paso: la solicitud de la plaza. Una vez en la lista de espera, las familias cuentan que el plazo puede alargarse mínimo un año. Según los datos recogidos por la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia (Patdi) en marzo del año pasado, casi la mitad (48%) de los niños llevaban esperando más de un año.

El Gobierno de Madrid admite la saturación y la achacan a la pandemia ―en 2018, sin pandemia, había 1.317 menores en lista de espera―. “El mayor tapón está en poder llegar a verlos y valorarlos. Como todos los servicios presenciales, se ha visto afectado por la covid”, explica un portavoz de la Consejería de Familia y Políticas Sociales. Actualmente, la red cuenta con 42 centros de atención temprana y 3.777 plazas. “El objetivo es reducir al máximo el tiempo de espera, a partir de la creación de 800 plazas este año y otras 800 plazas el año que viene. De esta manera, se liquidaría la lista de espera”, asegura dicho portavoz.

Terapias urgentes

Para las familias, es una medida insuficiente, puesto que las demoras son sistemáticas, y reclaman que las terapias son urgentes para sus hijos. “Es un tema que afecta a la salud de los niños. Detección precoz, derivación temprana, sin burocracia y con recursos suficientes. Eso es lo que hace falta para no padecer lo que se está padeciendo”, exige Óscar Hernández, portavoz de Patdi.

Las familias tachan de desesperantes los retrasos de este laberinto burocrático. “Hay mucho desconocimiento y da muchísimo miedo escuchar que tu hijo tiene autismo. Es un momento malísimo en el que lo que menos te apetece es ponerte a hacer papeles”, confiesa la madre de Ana, que vive con su familia en el distrito de Canillejas. Ella explica que la pediatra los atendió telefónicamente cuando la niña empezó a manifestar problemas de desarrollo con 15 meses: “Nos dijo que podía ser por la pandemia, porque no se relacionaba con niños y con las mascarillas no veía los labios de la gente cuando hablaba”. Nueve meses después, el especialista hizo el primer diagnóstico de autismo.

El paso del tiempo juega en desventaja para los pequeños. Los especialistas coinciden en que trabajar estrategias que desarrollen su intención comunicativa, recibir fisioterapia y estimulación sensorial cuanto antes puede mejorar el pronóstico, disminuyendo así el grado de afectación en el futuro. “Un niño con riesgo no puede esperar. Es muy importante intervenir pronto para evitar déficits que sabes que hay riesgo de que aparezcan”, explica la pediatra Irene Maté.

En algunos casos, la demora hace incluso que el derecho a la plaza expire y los niños se queden sin recibir la terapia que necesitan. Este es el caso de Mikel, de seis años y también con autismo. A los dos años no hablaba y tenía problemas psicomotrices. “Fuimos al pediatra y al neurólogo, que vieron que algo estaba pasando. Al principio hablaban de un retraso madurativo”, explica su madre, Ruth López. A los seis meses de solicitar la valoración, Mikel hizo las pruebas en el Crecovi, cuyos especialistas concluyeron que necesitaba logopedia y estimulación. El pequeño esperó más de tres años hasta que, dos meses antes de cumplir la edad límite, le ofrecieron una plaza, pero su madre decidió rechazarla: “Te dicen que tu hijo es moldeable hasta los seis años y que todo lo que pueda estimular va a ser en beneficio para su autonomía y acabas costeándolo de forma privada”.

Las familias, que se sienten desamparadas, llevan años luchando para que sus hijos sean atendidos. Arin, de siete años y con autismo, hizo la valoración en 2017. “Cuando le hicieron las pruebas, en edad cognitiva no correspondía ni a los ocho meses, aunque no tenía problemas de conducta y no daba guerra”, explica su madre, Yasmina Ares. Pasaron tres años desde que solicitó la plaza hasta que se la dieron, cuando ya tenía cinco años. Durante meses, el pequeño acudió a terapia privada, cuyo precio oscila los 45 euros la hora: “Yo en su día pude soportar el coste, pero ahora soy familia monoparental y no puedo hacerle frente”.

La directora del centro de Atención Temprana Apama en Alcobendas, Pilar Crespo, coincide con la madre: “Hay muchas familias que no pueden pagar los costes y se pasan muchos meses sin saber qué hacer”. En este centro, en el que atienden a 140 niños derivados del Crecovi, la Comunidad de Madrid invierte alrededor de 400 euros por niño en plaza de tratamiento. Esta organización abrió un servicio privado en el que actualmente tienen a 47 niños en lista de espera. Sin embargo, desconocen el número de niños que tienen en la lista del servicio público. “Hay un embudo en la valoración, porque tardan mucho en atenderlos. La mayoría de los niños llegan teniendo más de un año. Es una burrada y va en contra de lo que es la atención temprana”, sentencia Crespo.

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