La Fiscalía investiga la expulsión de una mujer mayor de la residencia donde vivió seis años
Juristas consultados creen que Los Nogales Hortaleza actuó ilegalmente al echarla a la calle sin un proceso de desahucio
La Fiscalía investiga la expulsión el viernes de la semana pasada de una mujer frágil y dependiente que llevaba seis años viviendo en la residencia de mayores Los Nogales Hortaleza, en Madrid. Pilar Larena, de 69 años, fue echada a la calle sin sus pertenencias y con la ayuda de cinco agentes de la Policía Nacional porque, según el director del centro, causaba problemas de convivencia. Pilar es una persona con varias patologías psiquiátricas diagnosticadas y un grado dos de dependencia reconocido (el segundo más alto en la escala).
La Fiscal Especial para la Protección de las Personas Mayores, una sala nueva creada en noviembre en el Tribunal Supremo tras el abandono de los mayores durante la primera ola, está revisando las circunstancias de la expulsión en coordinación con la Fiscalía Provincial de Madrid, según una portavoz de la Fiscalía General del Estado. “Este seguimiento continuará para averiguar las circunstancias concretas en que se llevó a cabo la efectividad de la rescisión del contrato, sobre las que no se había previamente informado o concretado, a fin de actuar como proceda”, le dice a este periódico la portavoz.
Juristas consultados creen que la expulsión fue ilegal y vulneró derechos fundamentales como la libertad personal, la libertad de residencia, la inviolabilidad del domicilio y la intimidad. Pilar no fue oída por un juez o por la administración y tampoco tenía a disposición un alojamiento alternativo.
Los juristas consideran que, como ocurre en impagos de alquiler y otras situaciones de conflicto con el propietario, es necesario abrir un proceso de desahucio con todas las garantías para la persona que va a quedarse sin vivienda. Señalan que en otros casos distintos a una vivienda ordinaria, como un hotel o una cama de hospital, la jurisprudencia ha entendido que debe intervenir un juez.
“Si el Tribunal Constitucional ha entendido que una habitación de hotel es el domicilio de una persona, más derecho aún debe tener una persona que vive en una residencia de mayores”, dice la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Inmaculada Vivas Tesón. “Aquí hace falta un juez. Hay una clara vulneración de derechos”.
Se desconoce si son comunes las expulsiones de residentes, puesto que es posible que en otras ocasiones no hayan trascendido a la prensa. La asociación de defensa de los derechos de los mayores Pladigmare teme que sea una práctica habitual. Su presidente, Miguel Vázquez, dice que en al menos una ocasión tuvieron conocimiento de una residencia madrileña que planeaba expulsar a un mayor. Cuando Pladigmare les advirtió de la ilegalidad, la residencia dio marcha atrás, según Vázquez.
Los Nogales, una cadena con diez residencias en Madrid, defiende la actuación de Henry Polo, el director del centro de Hortaleza. Destaca que Polo avisó a Pilar de sus plan de romper el contrato con ella el 30 de julio y que le dio un plazo de 15 días que amplió por una semana más, hasta cumplir finalmente con su advertencia el viernes de la semana pasada.
En ese ínterin, la asociación de derechos de los mayores de residencias Pladigmare denunció a la Fiscalía y a la Comunidad los planes de la residencia. Nadie frenó las intenciones de Polo. Entendieron que la salida de Pilar era un asunto entre partes privadas donde no cabía inmiscuirse. Tras la denuncia de Pladigmare, la fiscal madrileña María Piedad Gutiérrez archivó las diligencias de investigación el 12 de agosto, dando la razón a la residencia porque había dado un preaviso y porque la fiscal entendió acreditado que Pilar había violado el contrato y las normas de conducta del centro. La fiscal resaltó que Pilar tiene “apoyo familiar”, a pesar de que su hermana Concha, que no tiene la tutela, tampoco fue consultada.
Pilar ha relatado cómo cinco agentes de policía la sacaron de su hogar y la sentaron en una silla de plástico en la calle hasta que aproximadamente una hora después llegó un dispositivo de sanitarios y trabajadores sociales para socorrerla. La llevaron a un hospital porque era mediodía y estaba haciendo mucho calor. El relato de Pilar coincide con la descripción de lo sucedido en el audio de una trabajadora social del Ayuntamiento de Madrid que hizo una llamada telefónica a Concha.
“Me sentí maltratada. Vejada, vejada y vejada”, le ha dicho Pilar a este periódico. Pilar se encuentra desde este miércoles en una residencia de la sierra de Madrid donde las visitas están restringidas a causa de un brote de coronavirus. Trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid la derivaron allí a pesar de que ella no está vacunada por decisión propia. Su hermana Concha ha puesto una denuncia por la expulsión y quiere ampliarla con la declaración de Pilar. Pladigmare pide a la Comunidad de Madrid que sancione a Los Nogales y cese al alto cargo madrileño que ignoró su solicitud de parar la expulsión.
Alternativas a la expulsión
La ley madrileña que regula la actividad de las residencias de carácter social, la 11/2002, contiene un decálogo de derechos de los usuarios. Uno de ellos es el derecho a “acceder, permanecer y cesar en la utilización del servicio o centro por voluntad propia”. La norma dice que este derecho podrá “ser objeto de limitaciones en virtud de resolución administrativa o judicial”.
A juicio de los especialistas, esta norma busca la misma protección que tienen otras personas en su domicilio, ya que las residencias de mayores son viviendas donde los residentes están empadronados. En otros ámbitos, las normas protegen a personas vulnerables. La Ley estatal de autonomía del paciente estipula que en el caso de que una persona no acepte el alta en un hospital, la dirección del centro debe ponerlo en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión.
Es preciso un desahucio, pero la fiscal archivó el caso sin una mínima investigaciónInmaculada Vivas Tesón, catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla
Los juristas consultados desaprueban la valoración que hizo la fiscal el 12 de agosto. “Es preciso un desahucio, pero la fiscal archivó el caso sin una mínima investigación”, agrega Vivas Tesón. “¿Comprobó que lo alegado por la residencia para resolver el contrato era cierto? ¿Y que su hermana estaba en condiciones de prestarle los cuidados que Pilar necesita? Ello solo puede verse en un procedimiento judicial con todas las garantías”.
Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, señala que el caso de Pilar es uno más que prueba la necesidad de incrementar la vigilancia sobre el sector de las residencias. “Las administraciones públicas tienen mucha responsabilidad”, apunta. “En Madrid, la Fiscalía sigue el patrón de archivar las denuncias contra residencias a pesar de tratarse de graves casos de discriminación, como sucedió en la primera ola con la falta de derivaciones hospitalarias”.
Los Nogales Hortaleza también podía haber tomado otras medidas si no tenía capacidad para cuidar a Pilar. Podía haberlo comunicado a la Comunidad de Madrid o podía haberla denunciado a un juez, pidiendo medidas cautelares para así mantener la convivencia, valoran los especialistas. Vivas Tesón recuerda que la residencia podía haber puesto en conocimiento de las autoridades la situación para estudiar si era oportuno instar un procedimiento de incapacitación judicial, el cual acaba de ser reformado y a partir del 3 de septiembre se llamará de provisión de apoyo.
Miguel Ángel Ramiro Avilés, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá, dice que de haber solicitado la ayuda de la Comunidad, quizás Pilar hubiera podido ser ingresada en un centro especializado para personas con enfermedades mentales. “El problema es que hay muy pocos recursos en Madrid para la salud mental, que sigue siendo un agujero negro de nuestro sistema”, añade.
¿Tienes más información? Escribe a fpeinado@elpais.es al reportero de la sección Madrid Fernando Peinado
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