La muerte indigna: reconstrucción de la tragedia de las residencias de ancianos en Madrid

El 19 de marzo, 138 personas habían muerto por causas vinculadas al coronavirus en residencias sociosanitarias de la Comunidad de Madrid, según documentación gubernamental a la que accedió EL PAÍS. Ese día el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, hace pública una carta al vicepresidente, Pablo Iglesias, en la que pide la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en los geriátricos. Entonces la misiva llama la atención más por el choque político con la presidenta Isabel Díaz Ayuso que por la advertencia que hace Reyero: “La situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos”. Hoy, con el asunto en vías de ser examinado por la justicia y la Asamblea regional, esas palabras cobran una nueva dimensión en el examen de las causas de la catástrofe.

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Tres meses después, el número de fallecidos en sus camas de residencias se ha multiplicado hasta los 5.985. Son datos oficiales sobre las muertes en 710 residencias sociosanitarias, pero la inmensa mayoría de esos fallecimientos se han producido en los 475 geriátricos de la región. El balance mortal no incluye a los residentes fallecidos en hospitales, un dato que no ha revelado la Comunidad. Son los números de una hecatombe que ha convertido a los geriátricos en el centro de la tragedia provocada por el coronavirus en la región, donde ya han fallecido más de 16.000 personas durante la pandemia.

Todo empezó a principios de marzo, cuando estalló el primer foco de contagio en una residencia. Este diario ha reconstruido la cronología de los hechos, con ayuda de documentos oficiales, comunicaciones internas y declaraciones públicas.

4 de marzo. Primer foco de contagio. Médicos del hospital Gregorio Marañón se desplazaron a la residencia La Paz para comunicar que tres ancianos de ese centro habían dado positivo por coronavirus y una de ellas, de 99 años, había fallecido. Los especialistas examinaron a los 15 contactos más cercanos a los enfermos. Ocho residentes y una auxiliar en enfermería dieron positivo. Madrid acababa de descubrir su primer foco de contagio en residencias. La cuenta atrás hacia la hecatombe acababa de empezar, cebándose con las residencias, donde al principio de la pandemia vivían más de 52.000 personas.

10 de marzo. Declaración de emergencia. La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), de la que dependen 25 residencias públicas de mayores de la Comunidad, sacó un contrato urgente “para el suministro de material para la prevención ante la exposición al coronavirus para los centros adscritos”. El documento no ahorraba detalles. “Ante las circunstancias especiales derivadas de la exposición de usuarios y trabajadores de los centros adscritos a la Agencia al covid-19, se hace preciso la adquisición y aprovisionamiento inmediato de material asistencial”. La AMAS decidió gastar más de un millón de euros incluso antes de que se decretara el estado de alarma (14 de marzo). Es el síntoma de un drama que iba a afectar también a las residencias concertadas y privadas: faltan equipos de protección, medicinas… y el mercado se había convertido en una selva de compradores desesperados y vendedores que esperan al mejor postor.

No es la única carencia de las residencias para hacerle frente al coronavirus. Transcurrido más de un mes, y superado el pico de la enfermedad, el 40% de los cuidadores de residencias habían contraído el virus o habían tenido que aislarse en sus domicilios para pasar una cuarentena de 14 días. Y se conoce que el 50% de estos centros no tienen atención médica permanente: normalmente el 28% no tienen médico y el 22% solo lo tienen en turno de mañana. Y la Comunidad de Madrid tiene que actuar para contratar reemplazos, proporcionarles material, equipos de protección y medicinas a la desesperada, mientras los hospitales sufren problemas parecidos y el sistema sanitario amenaza con colapsar. Acaban aterrizando más de 20 aviones con 67 millones de equipos de protección comprados en China, pero tardan semanas en llegar.

12 de marzo. Rechazos a las hospitalizaciones. A pesar de las patentes carencias de los geriátricos, la Consejería de Sanidad decidió que los mayores de residencias enfermos con covid-19 iban a ser atendidos en las residencias. De este modo evitarían un colapso de los hospitales. Un alto cargo de esa consejería, el director de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur de Víu, le pide a un grupo de geriatras elaborar un protocolo de triaje. Los geriatras iban a valorar quiénes debían ser ingresados en los hospitales de la región, con base en la ética de la medicina de catástrofe. Según los protocolos conocidos, recomendaron dejar fuera de hospitales a enfermos terminales, personas dependientes y personas con discapacidad (la exclusión de este último grupo fue modificada).

Cuando los hospitales de la región se desatascaron a mediados de abril, los mayores volvieron a ser admitidos. Mientras duró el bloqueo murieron más de 5.200 enfermos de covid-19 en las residencias, el 90% de las víctimas en esos centros.

Otros datos hospitalarios conocidos recientemente muestran las consecuencias de ese triaje. La semana pasada Ayuso dijo que el 25% de los ingresados en unidades de cuidados intensivos durante la crisis habían cumplido los 70 años —921 de un total acumulado de 3.694— a pesar de que según los datos más recientes de Sanidad Mortuoria los pacientes que superan esa edad concentran el 87% de las muertes por el virus —13.044 de 14.955—.

“Se trató de decir que el criterio de edad se aplicaba en UCI”, se queja en la última comisión de Sanidad (12 de junio) el consejero del ramo, Enrique Ruiz-Escudero. “En UCI se aplican criterios de tratar de salvar la vida, tomando la decisión con los recursos que se tienen y la situación del paciente”, añade. “No se pueden permitir falsedades. Siempre se han seguido criterios clínicos, en un momento de tantísima complejidad”, defiende. “Nunca hemos dejado de trasladar a una persona mayor a un hospital”, sigue. “232 residencias han llegado a estar medicalizadas, se han ordenado 10.632 traslados entre residencias y hospitales, se han distribuido 30.800 test, se han comunicado los resultados de la mitad de ellos, y en este momento hay 28 equipos de atención primaria, y 38 de profesionales sanitarios de hospitales, que están atendiendo en residencias, además de 26 equipos de geriatras que coordinan con los hospitales de referencia”, enumera. “Se han entregado más de 12 millones de material de protección”.

La Comunidad asegura que se han producido más de 10.600 traslados de residencias a hospitales, pero no da fechas para saber cuántos hubo durante el peor momento de la pandemia, cuando los hospitales ya casi no podían absorber a más pacientes. El Ejecutivo se defiende con cifras que solo refuerzan el hecho de que la enfermedad se ha cebado en las personas de más edad: el 25,2% de los madrileños ingresados en los hospitales (10.772) contaban con más de 80 años, sobre un total de 42.719 pacientes hospitalizados analizados entre los días 1 de marzo y 31 de mayo de 2020. Además, el 47,8% de los ingresados (20.418 pacientes) tenían más de 70 años.

Con la entrada en vigor del estado de alarma decretado por el Gobierno central, las visitas a las residencias, antes restringidas, fueron imposibles. Los centros se cerraron a cal y canto. Los residentes ya no pudieron ser visitados por sus familiares. Desde entonces, hubo miles de muertes sin despedida.

17 de marzo. Empieza el enfrentamiento político. Al menos 19 ancianos internados en la residencia Monte Hermoso de Madrid habían muerto como consecuencia de un brote de coronavirus, según confirma la empresa. Un total de 75 personas entre trabajadores y residentes del centro han dado positivo. Es solo la primera señal conocida de lo que ya estaba empezando a pasar en los hogares de personas mayores de la región. Y los gestores regionales saben que se avecina lo peor.

Un día después, 18 de marzo, Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria, envía el primero de cuatro correos electrónicos (los siguientes son el 20, 24 y 25 de marzo) pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje que supuestamente sirvieron de guía para que hospitales y residencias descartaran la hospitalización de ancianos enfermos con covid-19 (la Comunidad dice que eran borradores). Residencias y familiares aseguran que en ciertos casos se aplicó un triaje por edad: “A los mayores de 75 años no nos los cogen”.

En paralelo, sanitarios madrileños se preparan para la eventualidad de tener que hacer triaje de ancianos siguiendo órdenes políticas. “Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen”, dijo el 18 de marzo un jefe médico del hospital Infanta Cristina de Parla. Daba instrucciones a su equipo para evitar el colapso del centro, según un vídeo de una sesión clínica. Les dijo que autoridades políticas habían diseñado un plan para dejar fuera a los ancianos. “Son decisiones drásticas, horrorosas, que les costará la reelección política seguro, ¿vale? Les costará su cabeza, pero es necesario para la sociedad”, les informa.

Dos días después de conocerse el caso de la residencia de Monte Hermoso, el 19 de marzo, Isabel Díaz Ayuso le escribe una carta a Pedro Sánchez explicitando que la Comunidad afronta ya el pico de la pandemia. “Desde la Consejería de Sanidad hemos realizado una estimación de las necesidades de material sanitario para afrontar esta crisis, teniendo en cuenta una duración de este pico de nuevos casos de 20 días”, escribe.

19 de marzo. “La situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos de las personas más vulnerables”. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pide la intervención del Ejército en las residencias madrileñas, y acaba escribiéndole al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para pedírselo. Díaz Ayuso le desautoriza inmediatamente. “Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios”, dice en una radio. El choque político tapa los argumentos que expone Reyero en su carta, cuando no se han llegado a los 200 muertos en las residencias.

“La crisis está teniendo consecuencias devastadoras sobre las personas mayores y/o con discapacidad que viven en las residencias en la Comunidad de Madrid”, escribe. “La situación es ya muy preocupante, con muchas personas contagiadas, fallecidas o aisladas, personal también infectado o en cuarentena”, añade. “La Sanidad madrileña está haciendo un enorme esfuerzo y un gran trabajo pero la situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos de las personas más vulnerables y con pluripatologías, por lo que en muchos casos deben permanecer en la Residencia, recibiendo una atención médica para la que la mayoría no están preparadas”, sigue. Y subraya: “Lo están para atención sanitaria en situaciones ordinarias pero no en una situación de crisis como la actual”.

22 de marzo. “Condiciones indignas” y “consecuencias legales”. Reyero se pone en contacto con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, para advertirle sobre su preocupación por algunos de los criterios que excluyen a residentes ancianos o discapacitados de ser trasladados a hospitales para luchar contra el coronavirus.

“Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de las residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en condiciones indignas”, escribe. “Por lo que sería necesario un apoyo sanitario adicional por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener”, añade. “Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con una discapacidad grave pero buenas expectativas de vida podrían ser rechazados en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Al no obtener respuesta, Reyero insiste con un segundo e-mail a Ruiz-Escudero. “Una situación como la actual precisaría de una medicalización de las residencias que solo nos podríais facilitar vosotros o puntualmente las brigadas sanitarias del ejército”.

En ese correo, Reyero sugiere que se dediquen parte de los hoteles medicalizados para acoger a residentes que no se han contagiado, protegiéndoles así del virus. El proyecto tardará en hacerse realidad casi un mes.

25 de marzo. 992 muertos en una semana. En los siete días transcurridos entre el 19 y el 25 de marzo, fallecen 992 personas en residencias, para un total de 1.130, según documentación oficial. La pandemia sigue empeorando. Los hospitales no dan abasto. Apenas hay traslados desde las residencias en esas fechas: el 79% de los muertos en residencias públicas fallecen en sus centros, por el 74% en las concertadas y el 64% en las privadas. Datos que insinúan lo que luego confirman las aseguradoras: aquellos ancianos con seguros privados tienen más opciones de ingresar en un hospital.

”Hemos actuado como un servicio único de cuidados intensivos”, aseguró el consejero Ruiz-Escudero. “Las camas da igual que estuvieran en la sanidad pública o la privada, se utilizaron como un único recurso”.

26 de marzo. Reyero, apartado de la gestión. La crisis política que enfrenta a PP y Cs en el Gobierno no ha hecho más aumentar. Díaz Ayuso aparta a Reyero (Cs) de la gestión médica de las residencias al crear un mando único que deja en manos del consejero de Sanidad, Ruiz-Escudero (PP), mandatado para organizar tanto la sanidad pública como la privada.

Nadie oculta el enfado con el consejero de Políticas Sociales. Hay comentarios irreproducibles, por descarnados. “La negligencia es de tal magnitud que va a tener problemas (judiciales)”, es el resumen.

El mando único coordinará la entrega de millones de equipos de protección y de cientos de visitas a las residencias. Pero con él no acaba la polémica. Ruiz-Escudero, en posteriores balances, dice que ha medicalizado más de 200 residencias. Reyero lo niega.

31 de marzo. “No se ha derivado a ningún residente al hospital desde el día 10 de marzo”. La hecatombe lleva a que la Comunidad empiece a intervenir la gestión de las residencias con mayor número de muertos (hoy 14 de 710 sociosanitarias están bajo su gestión directa por esa razón). La desesperación cunde entre los gestores de los centros.

“No se ha derivado a ningún residente al hospital desde el día 10 de marzo, siguiendo los criterios que, caso a caso, han ido marcando desde el servicio de geriatría (…)”, le explica un gestor en esas fechas a los familiares de los ancianos en un vídeo al que tuvo acceso este diario. “A pesar de todas las medidas hemos tenido 46 fallecimientos”, añade sobre su centro, en el norte de la capital. “(…) Durante todo este periodo insisto en que se han seguido los criterios marcados por el servicio de geriatría, quien ha decidido, con cuentagotas, las pruebas que podíamos hacer, y las derivaciones, que no han sido ninguna hasta el día de ayer, con ocho pruebas y cinco derivaciones. Este cambio de tendencia, que desconozco porqué criterios se ha adoptado, puede ser una ayuda para la situación que estamos viviendo”.

Hay otros documentos, como las actas policiales de visitas a residencias y la carta de una directora de residencia, que indican que las autoridades no respondieron siempre a las llamadas de auxilio de los centros, y que sugieren que en lugar de un triaje durante días (los de más demanda) pudo haber un rechazo a las hospitalizaciones. La Comunidad lo niega tajantemente: “Se ha luchado por cada vida”.

7 de abril. Madrid envía efectivos a otras comunidades. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anuncia que envía a Toledo y Soria dos sanitarios y 20 voluntarios del Samur para reforzar a los servicios médicos de Castilla y León. “Madrid ha recibido la ayuda de muchas regiones y ahora es nuestro turno”, dice en un tuit. En los siguientes días, Ruiz-Escudero anuncia que los hospitales de Madrid iniciarán próximamente la desescalada, para volver a su trabajo habitual, ya que la epidemia está remitiendo. Reyero no da crédito, porque en las residencias el virus sigue golpeando con fuerza.

“No entiendo que ahora que se habla de repliegue sanitario no se utilicen a estas personas en las residencias”, dice el consejero de Políticas Sociales en una entrevista. “Yo soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero no entiendo que el Samur vaya a Castilla y León y no se refuerce la atención sanitaria en nuestras residencias”.

De hecho, los hospitales siguen desbordados. Solo un día después, el 12 de Octubre empieza a tramitar contratos de urgencia para reacondicionar áreas del centro y atender a pacientes. “Debido al aumento progresivo de casos de sospecha y/o confirmados de infección por covid-19 en cuyo manejo, según protocolo clínico, se requiere ampliación del número de camas de hospitalización, se han tenido que ir habilitando espacios del hospital que no estaban preparados para dicho uso, por lo que es necesario e imprescindible realizar todos los trabajos necesarios para que, urgentemente, se pueda seguir reacondicionando”.

8 de abril. Las cifras del terror: 4.260 muertos. Por primera vez, la Comunidad publica la cifra de muertos en residencias. El reflejo de la debacle no solo está en los 4.260 muertos atribuibles a la pandemia, sino en la falta de medios: de esos, solo 781 fallecen tras haberse hecho un test para confirmar la enfermedad, y 3.479 lo hacen con síntomas compatibles. Desde entonces, la cifra ha ido creciendo hasta el total de 5.985 personas que han perdido la vida en residencias de todo tipo por causas vinculables a la enfermedad, según datos del viernes. De ellas, solo 1.254 se hicieron el test.

Ese mismo día, la Comunidad anuncia que ha intervenido en más de 306 residencias, y que ha conseguido repartir en 457 residencias un total de 348.000 pares de guantes; 134.000 mascarillas; 5.400 litros de soluciones hidroalcohólicas; 5.100 gafas protectoras; 101.000 cubre zapatos; 15.400 batas; 14.000 gorros y 3.500 litros de agua.

19 de abril. Policía Local en las residencias. Los alcaldes de las principales ciudades de la Comunidad reciben una carta de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación en la que se les ordena que la Policía Local siga presencialmente la situación de las residencias al menos una vez por semana. Esas visitas están en el corazón de las denuncias presentadas por los municipios de Leganés y Alcorcón para conseguir que el Gobierno regional medicalice las residencias: la justicia falla en su favor. Y reflejan una realidad terrible.

Por ejemplo, en Alcalá de Henares, una de las ciudades más pobladas de la región, se contabilizan 319 muertes en los 15 centros de la ciudad: eso significa que ha muerto el 21% del total a 24 de abril, que se eleva al 25% un mes después. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, pide ayuda y soluciones. No llegan.

Mayo y junio. Investigación oficial. Las semanas pasan mientras se acumulan las muertes, los choques públicos entre Reyero y Ruiz-Escudero a cuenta de la medicalización (o no) de cientos de residencias, y las investigaciones abiertas por la Fiscalía. Con la vuelta a la actividad de la Asamblea, la oposición critica a Díaz Ayuso, que defiende la gestión. Finalmente, anuncia una investigación interna. En paralelo, el final de junio vuelve a descubrir brotes puntuales de contagios en las residencias madrileñas.

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