Solo 921 mayores de 70 años con coronavirus han ingresado en UCI de Madrid desde el 1 de marzo

Solo 921 personas mayores de 70 años han ingresado en unidades de cuidados intensivos (UCI) de hospitales de la Comunidad de Madrid desde el 1 de marzo, cuando empezó la crisis del coronavirus, según ha detallado este jueves Isabel Díaz Ayuso. El dato contextualiza la magnitud de una tragedia que se ha cebado especialmente en los mayores, penalizados por los protocolos y sistemas de triaje a la hora de ser tratados en los hospitales. Apenas el 25% de los ingresados en UCI habían cumplido los 70 años —921 de un total acumulado de 3.694— cuando esa franja de edad concentra el 87% de las muertes por el virus —13.044 de 14.955—. “La ocupación de mayores de 70 años en las UCIS fue la mayor de Europa”, defendieron desde la Comunidad. “E ingresos en UCI no significa que no hayan sido atendidos. Nada que ver”.

Las estadísticas oficiales del Gobierno central reflejan 8.691 fallecidos en Madrid por el coronavirus, pero llevan varios días congeladas, a la espera de que todas las comunidades envíen sus datos de manera homogénea. En sus informes diarios, Madrid suma las vidas perdidas en hospitales, residencias, hogares y otros lugares, por lo que la cifra total asciende ya a 14.955. Y seguirá creciendo: los datos de la Comunidad, que unen muertes con sospecha o con confirmación de covid-19, se basan en certificados de defunción analizados por su unidad de sanidad mortuoria, dependiente de la Consejería de Sanidad. Y esa burocracia lleva días de retraso: en consecuencia, la cifra oficial de Madrid también suele ir por detrás de la real, y todos los gestores asumen que hace tiempo que superó la barrera de los 15.000 muertos.

Ese balance escalofriante esconde dos puntos clave entrecruzados. Según las estadísticas regionales, en Madrid han muerto 13.044 personas mayores de 70 años (el 87% del total), y en las residencias que acogen a personas mayores, con discapacidad o con enfermedad mental lo han hecho 5.975. En los peores momentos de la crisis, entre finales de marzo y principios de abril, acceder a un hospital o una unidad de cuidados intensivos fue una quimera para todos esos mayores, más proclives a sufrir el ataque del virus y a perder el combate por arrastrar enfermedades previas. Salvo que tuvieran seguro privado.

“En la privada había pacientes en UCI con 80 años y en la pública tuvimos pacientes con poco más de 60 años que se desestimaron para UCI”, aseguró a través de un correo y bajo condición de anonimato una enfermera empleada en los dos sistemas.

“Nunca hubo triaje”, contrapuso una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso, ya que la Comunidad defiende que los protocolos que discriminaban por edad o grado de autonomía eran simples borradores. “Otra cosa son las decisiones de los médicos, si preferían cuidar al mayor en su hogar en vez de trasladarle a un hospital masificado en esas fechas”, siguió. “Nunca se distinguió entre lo público y lo privado”. Y subrayó: “La ocupación de mayores de 70 años en las UCIS fue la mayor de Europa”.

La constatación de que las residencias se convirtieron en un infierno durante semanas, con días en los que los 710 centros especializados acumularon cientos de muertos, ha provocado este jueves una durísima sesión de control al Gobierno de Díaz Ayuso en la Asamblea.

“No ha habido ni un sola orden, pública o política, que decidiera traslados de residencias a hospitales, ha habido más de 10.000 [concretamente 10.600]”, ha asegurado Díaz Ayuso, cuyo Ejecutivo no proporciona esos datos de derivaciones por semanas o meses, lo que impide saber cuántas hubo en el pico de la pandemia. “El 25% de los ingresados en los hospitales eran personas mayores, más de la mitad tenía más de 70 años, y dos tercios, más de 60 años”, detalló. “Hemos actuado en 501 residencias de mayores, 161 de discapacidad y 81 de entidades religiosas”, finalizó, deshojando teatralmente una larga lista de papel con el nombre de todos esos centros.

El gesto no ha impresionado en las bancadas de la oposición. Ha habido quien ha recordado con ironía que era de agradecer, porque el Ejecutivo nunca les había proporcionado esos datos. Lo que ha predominado, sin embargo, han sido las críticas.

“Hicieron una selección por edad y dinero”, le ha espetado a la presidenta Isabel Serra, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie.

“Hablamos de una generación de supervivientes, personas a las que se ha dejado morir solos, salvo si tenían un seguro privado”, ha lamentado Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. “Sus protocolos de la vergüenza, que ni eran borradores ni eran errores, han permitido que sus vidas se esfumaran en la más absoluta soledad”.

“Asistimos consternados a lo sucedido en las residencias de mayores entre versiones enfrentadas en su propio Gobierno y protocolos sin duda inapropiados, lo que habrá de investigarse”, ha dicho Ángel Gabilondo, el líder del PSOE, aludiendo al enfrentamiento público que viven los consejeros de Políticas Sociales (Cs) y Sanidad (PP) por la gestión de la pandemia. “Es un clamor que se necesita otro modelo, y recursos, y que mucha explicación debe darse”.

“Apoyaremos la comisión de investigación”, ha rematado Rocío Monasterio, de Vox, socio del Gobierno de PP y Cs. “No vamos a pasar por delante que se repartieran protocolos negando derechos fundamentales como morir en condiciones de dignidad”.

Los partidos negocian ahora para intentar activar ese organismo en julio, y que tenga dos sesiones semanales. Entonces llegará el momento de negociar los comparecientes. Una oportunidad para que todos ajusten cuentas políticas. Mientras que la izquierda quiere que comparezcan los máximos responsables autonómicos, en la derecha se juguetea con la idea de convocar a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno.