Los jueces obligan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que medicalice las residencias de mayores de Alcorcón

Las cuatro residencias de mayores que hay en el municipio madrileño de Alcorcón, tendrán que recibir por parte de la Comunidad de Madrid y con la mayor urgencia posible el personal sanitario necesario y todas las pruebas diagnósticas precisas tanto para los ancianos como para el personal que trabaja en ellas. Así lo han decidido los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los jueces han adoptado esta medida cautelarísima y sin audiencia previa del Ejecutivo regional, tras la demanda presentada por el Ayuntamiento de Alcorcón. Entienden que se debe cumplir lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis originada por la covid-19.

En concreto, las residencias afectadas son las cuatro que hay dentro del término municipal: la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, la residencia de mayores Campodón, el centro residencial de mayores Amavir y el centro residencial de mayores Sanitas. Según la demanda presentada por el Consistorio alcorconero por el que se inicia al procedimiento, existe “un inminente riesgo de contagio masivo entre todos los residentes y trabajadores de los centros”, así como “un riesgo de muerte apremiante para un gran número de ellos”, según recoge el auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Este auto judicial llega en medio de la polémica que existe entre los dos socios del Gobierno regional (PP y Ciudadanos) sobre la medicalización de las residencias de mayores de la región y tras la retirada de las competencias de estos centros al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Este se quejó de que no había sanitarios en los geriátricos y que se mandaban a otras provincias —en referencia del Samur que remitió voluntarios a Soria y Segovia—. Le contestó al día siguiente el responsable regional de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero de que sí se había realizado esa medicalización y de que le resultaba chocante que lo desconociera.

En la demanda presentada por el Ayuntamiento de Alcorcón, este solicita la medida cautelarísima ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad, pese a haberse dirigido a sus responsables en tres ocasiones. Fueron remitidos los días 3, 5 y 6 de abril y firmados por la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE) y su concejal de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública, Victoria Meléndez. En las cartas, pedían la intervención la intervención inmediata de los centros “para ofrecer la atención sanitaria completa, medicalizada, adecuada y eficiente que se precisa en estos momentos para atender al colectivo más vulnerable de la ciudad de Alcorcón”. De hecho, la propia regidora difundió el pasado 8 de abril un vídeo en su cuenta personal de Facebook ante la falta de respuesta del Ejecutivo regional de sus demandas.

La Sala de lo Contencioso ha tomado también en consideración para adoptar su decisión los dos informes emitidos por el Servicio de Bomberos y Protección Civil —de 7 y 15 de abril—, en los que se expone la situación de extrema gravedad en que se encuentran las citadas residencias. Del último se han extraído los datos más graves. Desde el 29 de marzo, han fallecido 116 residentes en estos cuatro centros. Entre todas las residencias, 143 mayores fueron consideradas positivas por coronavirus, 262 sin síntomas y 111 con posibles afecciones. Según el informe, había 352 ancianos aislados. El documento también recoge que el 50% de los 579 residentes del municipio habían dado positivo en los test PCR.

“El necesario confinamiento y aislamiento de los residentes en cada uno de los centros hace que deban ser atendidos por una media de 20 personas y no solo dos enfermeras de media por residencia, que además desconocen el tratamiento adecuado de esta nueva enfermedad”, alega el Ayuntamiento de Alcorcón, que además recuerda que estas profesionales deben hacer curas, poner alimentación y realizar otros cuidados. Todo ello les lleva a “descuidar a las personas que requieren de mayor atención por su aislamiento y su necesario seguimiento”.

Los magistrados del TSJM recogen su auto de nueve folios que adoptan la medida cautelarísima pedida por el Consistorio, al entender que el número de personas afectadas no es sólo cuantitativamente significativo, sino cualitativamente relevante: “No se olvide que las personas que viven en centros o residencias de mayores se encuentran en esa franja de edad en la que la covid-19, notoriamente y según hemos aprendido con los datos diariamente ofrecidos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, resulta más letal”. De ahí que también apelen al artículo 43.1 de la Constitución que recoge el derecho a la protección de la salud: “Debe considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad, si cabe, en su necesaria salvaguarda”.

Situación grave

Los jueces recuerdan que la sociedad se encuentra “en una situación sanitaria de extraordinaria gravedad con consecuencias fatales, especialmente para el colectivo de mayores”. El auto, que está escrito en unos términos bastante duros referidos a la Comunidad de Madrid y a la situación de las residencias, no admite recurso. Es de obligado cumplimiento. El Ejecutivo regional tan solo podrá apelar el escrito judicial de la sala para mantener o revocar su medida en los próximos días. Este periódico intentó recabar ayer, sin éxito, la versión del Gobierno autonómico.

La residencia de la Comunidad de Madrid, situada en la avenida de Esteban Márquez, al sur del municipio, ya había sido investigada en al menos dos ocasiones por un juzgado de Alcorcón. En la primera, un mayor estuvo muerto en el jardín durante más de 12 horas sin que nadie del centro se percatara del hecho. La siguiente se debió a que las propias trabajadoras denunciaron la falta de personal y las consecuencias que ello estaba teniendo para los residentes. En ambas ocasiones, las demandas fueron archivadas tras la instrucción de los procedimientos y los informes presentados por la Comunidad de Madrid.

La residencia de la Comunidad de Madrid, situada en la avenida de Esteban Márquez, ya había sido investigada en al menos dos ocasiones por un juzgado de Alcorcón. En la primera, un mayor estuvo muerto en el jardín durante más de 12 horas sin que nadie del centro se percatara del hecho. La siguiente se debió a que las propias trabajadoras denunciaron la falta de personal y las consecuencias que ello estaba teniendo para los residentes. En ambas ocasiones, las demandas fueron archivadas tras la instrucción de los procedimientos.

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