El calvario de Mónica Oltra y su resurrección política

Si Mónica Oltra atrajo todas las miradas hace más de una década por su verbo incisivo y sus vistosas camisetas contra la “corrupción” del PP valenciano, ahora llama la atención su prudente silencio. Tras sufrir un auténtico calvario personal, judicial y político en los dos últimos años, la cofundadora de Compromís y exvicepresidenta valenciana ha sido exonerada esta semana por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales del educador Luis Ramírez Icardi, su expareja, a una menor tutelada por la Consejería de Igualdad que ella dirigía. El reciente alud de elogios y críticas a lo que se considera una campaña contra ella orquestada por la ultraderecha no ha hecho variar su actitud. “Está contenta pero centrada sobre todo en lo personal, en sus hijos”, apunta el entorno de la política de 54 años.

“Se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Consejería [de Oltra] dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor”, que fue atendida “en todo momento”, afirma el juez en el auto de archivo provisional conocido el pasado 2 de abril, dos días después del domingo de Resurrección.

Ha sido un vía crucis largo, duro y doloroso. El 21 de junio de 2022, después de fuertes presiones de sus socios de gobierno y de su coalición por su imputación, Oltra dimitió como vicepresidenta y se apartó de la vida orgánica de Compromís. Se apuntó al paro y luego volvió a ejercer la abogacía. Solo concedió una entrevista en La Sexta, la cadena que contribuyó a lanzar su imagen en España. Y decidió que ninguna más. “Ganan los malos. A los que van contra los poderosos, se los van a cargar con denuncias falsas. Uno a uno”, advirtió la tarde de su dimisión sintiéndose víctima de una “cacería política” de la extrema derecha, representada en la acusación particular y en las dos populares del caso.

La cronología arranca en julio de 2017, cuando la Fiscalía abrió diligencias por unos presuntos abusos de la expareja de la vicepresidenta a una menor tutelada por la Generalitat, cuatro meses después de que la víctima relatase los hechos por primera vez a una educadora del centro de acogida. Oltra contó más tarde que no conoció el caso hasta el 4 de agosto de ese mismo año y fue por circunstancias personales, no como consejera, pues su expareja seguía viviendo en el mismo domicilio que ella y sus hijos a pesar de su separación.

Su exmarido fue juzgado y condenado en 2019 a cinco años de cárcel por los abusos pero el juicio se anuló parcialmente en 2020 al no haberse tenido en cuenta dos informes que podían beneficiar al acusado. Se repitió la vista y en marzo de 2021 la Audiencia de Valencia confirmó la condena a Ramírez. La vicepresidenta pidió comparecer en el Parlamento valenciano para explicar su actuación después de que la dura sentencia condenatoria cargara contra su Consejería ante una posible demora e inacción en la denuncia de los hechos.

Según Oltra, el principal error en ese caso fue que el protocolo en vigor en los centros de acogida de menores no obligaba a trasladar a Fiscalía los hechos al no darles pábulo en una primera investigación interna. Por eso cambió el protocolo para que el ministerio público fuera informado desde el principio fuera el testimonio creíble o no. PP, Ciudadanos y Vox, pidió su dimisión acusándola de querer taparlo y Oltra se convirtió a partir de entonces en la diana diaria de los ataques de la derecha y la ultraderecha.

Condenado el educador, la víctima, representada por el abogado José Luis Roberto, dirigente de la formación ultra España 2000, y con Vox como acusación popular, denunció a Oltra y su equipo por la supuesta omisión del deber de custodia y protección de la joven. Luego vino la querella de la asociación Gobierna-Te, de la ultra Cristina Seguí, representada por el abogado del expresidente valenciano Francisco Camps, del PP. El juzgado de instrucción archivó el caso pero la Audiencia de Valencia le obligó a reabrirlo.

Por entonces, la buena relación que el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, había mantenido con Oltra en el primer Botànic (gobierno de izquierdas) se había esfumado y el caso no hizo más que envenenarla más, coinciden fuentes próximas a Puig. En febrero de 2022, el juzgado citó como investigados a seis funcionarios de Igualdad por posible encubrimiento, una lista que se amplió a 16 personas, incluyendo a la vicepresidenta. La oposición reiteraba a Puig el cese o retirada de competencias a Oltra.

El 1 de abril de 2022, el juzgado solicitó al Tribunal Superior de Justicia valenciano la imputación de la vicepresidenta, aforada, ante los “indicios plurales que en conjunto hacen sospechar de la posible existencia de un concierto entre Oltra y diversos funcionarios a su cargo con la finalidad, o bien de proteger a la que era entonces su pareja, o bien su carrera política”. La respuesta de Oltra fue taxativa: “La decencia no la marcan los tribunales y no se ha cometido ninguna ilegalidad”. La fiscalía respaldó la solicitud del juez y la defensa reclamó el archivo porque no se concretaban qué hechos se habían cometido ni “cuál es la ilicitud de los mismos”.

En mayo, unas declaraciones de la consejera socialista de Justicia, la exfiscal Gabriela Bravo, alusivas a que ella dimitiría de hallarse en el lugar de Oltra azuzó más la bronca entre los socios de gobierno. Puig insistía en que el Botànic no peligraba pese a los ataques de la oposición y la agenda judicial. Faltaba menos de un año para las elecciones de 2023 y necesitaban a Oltra para reeditar un tercer Botànic. En junio, el escrito de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, la progresista Teresa Gisbert, apoyando la imputación, asestó el golpe de gracia al caso. Sostuvo que había indicios de que Oltra conoció el caso antes de judicializarse y dictó una orden verbal para desvirtuar la credibilidad de la menor. La política valencianista replicó que la acusación se sostuviera “sobre la realidad y los hechos y no sobre conjeturas”,

No sirvió de nada, el TSJCV la imputó el 16 de junio, viernes. “Lo único que cambia es que podré explicarme ante los jueces. No voy a dimitir. La presión se aguanta”, defendió la dirigente. Su coalición amenazaba con romper el pacto del Botànic si Puig la destituía, opción que se abría paso conforme pasaban los días. Ese sábado, un mítin de Compromís para encarar el último año de legislatura derivó en un acto de apoyo a su líder, recién imputada. Oltra lloró, rio y bailó en compañía de otros dirigentes. Unas imágenes, reproducidas por las televisiones y las redes, que molestaron a los socialistas: “Yo no estoy para fiestas”, afirmó Puig el martes, 20 de junio, sobre el acto. Muchas voces dentro del Botànic discrepaban ya de que la número dos del Gobierno no dimitiera. “Fue un momento muy complicado”, señalan fuentes de la coalición, “la presión política y mediática tras su imputación fue brutal. La decisión fue muy dura porque de alguna manera la extrema derecha consiguió lo que pretendía”. El 21 de junio, minutos antes de una ejecutiva de Compromís, la vicepresidenta dimitió entre lágrimas para no llevar a su coalición al límite.

El entonces alcalde de Valencia, Joan Ribó, el otro gran referente de Compromís, que había instado a Oltra a que diera un paso al lado, afirmó: “Que nadie se haga ilusiones, Mónica Oltra es una pieza imprescindible de Compromís y lo volverá a ser el día que se demuestre que es totalmente inocente”. El día parece haber llegado.