Usuarios y familiares de una residencia de Elche piden que la gestión sea pública: “Nos sentimos abandonados”

“Nuestro gozo, en un pozo”. Los familiares de la residencia de mayores de Altabix (Elche) han perdido la esperanza de que el centro, público de gestión privada, pueda pasar a manos de la consejería competente. Así lo ha dicho la presidenta de ReCoVa (Asociación Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana), Ester Pascual, al conocer la decisión que ha tomado Servicios Sociales respecto a la dirección de esta residencia que acumula numerosas recomendaciones por parte del Síndic de Greuges (defensor del pueblo valenciano) y actuaciones sancionadoras de la Generalitat por deficiencias en la gestión.

El centro se encuentra desde hace cuatro años en manos de la mercantil La Saleta Care S.L., que en estos momentos está operando en enriquecimiento injusto debido a que la adjudicación caducó en octubre del pasado año y hasta la fecha todavía no se ha sacado a licitación el nuevo contrato. La anterior consejera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, planteó además la posibilidad de que la dirección pasase a manos de su departamento para lo que pidió informes a Justicia y Hacienda que, con la llegada de las elecciones, no llegaron a culminarse. Al menos eso es lo que ha explicado el secretario autonómico de Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso. “Cuando llegamos no había nada hecho”, ha asegurado tras una inspección sin previo aviso realizada esta semana a la residencia. En este sentido, ha adelantado que descartan la reversión pública y trabajarán por mejorar las condiciones reflejadas en la licitación para evitar que se produzcan las incidencias que se han denunciado en centros como el de Elche. Además, ha mostrado su predisposición a que el servicio que se ofrezca sea de calidad con los adecuados mecanismos de control y vigilancia para lo que calendarizarán las inspecciones sorpresa a los geriátricos.

Y es que la residencia de Altabix, que tiene sus 116 plazas ocupadas en estos momentos, acumula un largo historial de advertencias por parte del Síndic de Greuges a raíz de denuncias interpuestas por los familiares de los usuarios y usuarias. En mayo de 2020 se abrió una queja por la que el Defensor del Pueblo Valenciano pidió a la Conselleria que se interviniese el centro al detectarse falta de personal, problemas con la alimentación que no cumplía con los nutrientes necesarios de los residentes, errores a la hora de dispensar la medicación, deficiencias en las instalaciones como falta de calefacción en invierno o de aire acondicionado en verano, así como persianas y armarios rotos. Paco Muñoz lleva trece años como usuario del centro. Asegura que ha visto pasar por la dirección hasta a tres empresas que llegaban “a ganar dinero”. Sin embargo, añade que “lo peor fue la pandemia”.

El centro llegó a registrar más de 70 residentes con COVID al mismo tiempo y hasta nueve fallecidos en tan solo diez días, según comunicaba Recova a través de un comunicado en enero de 2021. Muñoz recuerda que la vivencia fue “muy mala, muy caótica y muy cruel” por falta de personal, atención y organización. Durante esta etapa, se incrementaron las inspecciones por parte de la conselleria. De hecho, Sanidad llegó a intervenir el centro con el refuerzo de dos médicos y dos enfermeras. Aitana Mas entiende el malestar de los familiares, sin embargo apunta que la residencia de Altabix ha sido la más inspeccionada de la Comunitat Valenciana y en la que más inversión se ha hecho con hasta medio millón de euros que sirvieron, entre otras cosas, para adecuar el jardín. Una actuación que Ester Pascual considera que se hizo sin adaptarse a los problemas de movilidad de las personas mayores.

Más profesionales

Aun así, Paco Muñoz indica que en estos momentos la estancia es mejor que hace algunos meses, aunque insiste en que necesitarían más profesionales para que se pueda prestar una atención más específica a los usuarios y usuarias. Por su parte, la dirección del centro, en un comunicado a este medio, resuelve que han trabajado “intensamente” en la implementación continua de mejoras en el centro mediante planes de acción que han dado respuesta a las distintas necesidades detectadas por parte de los profesionales, los propios usuarios y sus familiares, así como las administraciones competentes. En el escrito insisten en que “actualmente, la situación de la residencia es de plena estabilidad, con implicación de todos los profesionales y ocupación plena que ha podido constatar la última inspección administrativa”. Pero Ester Pascual advierte de que siguen habiendo problemas de personal con incumplimiento de ratios, falta de formación y de supervisión de las tareas. Además, señala que, respecto a la comida, no hay registros de ingesta de comida y líquidos por lo que suceden problemas de debilitamiento, desnutrición y deshidratación. En su caso, asegura que su madre perdió cerca de 30 kilos en tan solo 18 meses.

Ester Pascual lamenta que pese a la “ardua lucha” de los familiares, la residencia no va a ser pública. Añade que esta decisión confirma que los mayores que viven en una residencia están “absolutamente marginados” e insiste en que esta “gerontofobia” solo se puede solucionar si la sociedad se moviliza. Insiste en denunciar un “abandono institucional” porque aunque el Síndic recomendó que se apartara a la concesionaria, se le ha mantenido en la dirección y no se le ha rescindido el contrato como pidió ReCoVa al ayuntamiento para que trasladara a Les Corts. En esta línea, Paco Muñoz añade que se han sentido abandonados por parte de la administración que es quien tiene que vigilar que las condiciones se cumplan. Pascual siente que la administración pública ha renunciado al cuidado de los mayores. Por ello, desde ReCoVa animan a las familias, los usuarios, los trabajadores de residencias y la sociedad en general a decir “basta ya”. Además, reclaman al nuevo gobierno de Pedro Sánchez una ley orgánica de medidas de protección integral de las personas mayores y contra la discriminación de edad.