El Consell cambia cuatro altos cargos a tres meses de las elecciones
Hacienda cesa a una directora general por negarse a firmar una quita de una fundación
El pleno del Consell ha acordado este viernes cambios en el llamado “segundo escalón” de cuatro departamentos del Gobierno valenciano, pese a que quedan apenas tres meses para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Los cambios se han producido en las direcciones generales de Patrimonio, la de Administración local, la de Innovación ecológica y en la de Ciencia, tal como ha comunicado la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, en la rueda de prensa posterior al pleno.
El cambio más polémico ha sido el producido en la dirección general de Sector Público y Patrimonio, de la que se ha cesado a Isabel Castelló a petición del consejero de Hacienda, Arcadi España. Según fuentes del Consell, el motivo ha sido la negativa de Castelló a negarse a firmar el acuerdo que permitirá a la escuela de negocios alicantina Fundesem Business School superar el concurso de acreedores en el que se halla inmersa al no ver claras las condiciones para su rescate y su repercusión para las arcas públicas. De hecho, el pleno del Consell ha aprobado al mismo tiempo que su cese, la aplicación de una quita del 45 %, equivalente a 606.476 euros, de la deuda de 1.347.725 euros contraída por Fundesem con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Isabel Castelló ha sido sustituida por el hasta ahora director general de Administración Local, Antoni Such. La vicepresidenta del Consell ha remitido al consejero de Hacienda, Arcadi España, al ser preguntada por los motivos de este cambio.
Por otra parte, se ha nombrado como director general de Administración Local a Adolf Sanmartín, actual alcalde de Cervera del Maestre (Castellón) y, exdiputado autonómico. El pleno del Consell ha acordado también el cese de la directora general de Innovación Ecológica en la Construcción en la consejería de Vivienda, Nuria Matarredona, y su sustitución por el diputado autonómico David Calvo. Además, se ha nombrado a Jordi Llinares Sanjuan como nuevo director general de Ciencia e Investigación de la consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
La vicepresidenta del Consell ha restado importancia a los cambios y ha negado que estos produzcan una imagen de inestabilidad: “Da igual seis, que nueves meses. Siempre parece motivo de inestabilidad pero son decisiones que se toman cuando se tienen que tomar y no voy a cuestionar las decisiones de los consejeros”, ha dicho.
Proyecto de ley de barrios
Por otra parte, el pleno del Consell ha aprobado también este viernes el proyecto de Ley de Barrios de la Comunidad Valenciana para regular y establecer el “marco común” de actuación integral en los barrios que lo necesitan y así garantizar la sostenibilidad, el enfoque comunitario y el desarrollo humano y local.
El vicepresidente y consejero de Vivienda, Héctor Illueca, ha defendido que la ley aborda la problemática de la desigualdad entre barrios con una “perspectiva integral” que tiene en cuenta todos los factores que inciden en la generación de esas desigualdades, con varios instrumentos novedosos, entre ellos financieros y administrativos. Illueca ha destacado que la norma proporciona una financiación estable para actuaciones de rehabilitación integral de los barrios, con un presupuesto que será del 1%, para dar continuidad al Programa de Barrios de la Generalitat. El importe total previsto para los ejercicios 2023 y 2024 será de 300.000 euros para cada uno de ellos, según la Generalitat. Concretamente, la nueva normativa valenciana recoge tres objetivos principales: emprender actuaciones de atención y mejora de las condiciones de vida de la población que reside en los barrios, con especial atención a los colectivos más vulnerables como hogares monoparentales, personas mayores, jóvenes desempleados, población migrante; hacer frente a los déficits en materia urbanística, en la prestación de los servicios, en la calidad de la vivienda y la carencia de equipaciones y fortalecer la vida asociativa y las iniciativas cívicas en los barrios.
No habrá copago en las residencias
La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha asegurado este viernes que la aplicación de la norma que actualiza las ratios de personal de los centros de servicios sociales y regula su tipología y funcionamiento no supondrá ningún sobrecoste ni copago para los usuarios de los centros públicos y concertados. Mas ha defendido que la Generalitat no puede intervenir en el precio que se fijen en los centros privados si estos deciden repercutir el incremento del coste de un mejor servicio en los precios y no en detrimento de sus beneficios.
