Los institutos valencianos abastecerán con energía solar sobrante de sus placas a familias vulnerables

La Generalitat valenciana ha lanzado un programa que pretende no solo el autoabastecimiento energético de los institutos, sino también emplear la electricidad sobrante para beneficiar a las familias más vulnerables que vivan en el entorno del centro. El programa se denomina #ZERO, energía de proximidad y prevé instalar en su primera fase placas solares en un total de 114 institutos de educación secundaria repartidos en 71 municipios de la Comunidad Valenciana con el objetivo de reducir más de 9.000 toneladas de CO₂ al año y conseguir un ahorro de 6,9 millones de euros en la factura anual de la luz.

Los institutos de nueva construcción ya cuentan con paneles solares en sus terrazas y techumbres para suministrase electricidad con el fin de llegar al autoabastecimiento. Pero buena parte de los 360 registrados en el territorio carece de ellas. El programa pretende ampliar el parque ya existente y colocar nuevas placas. Con este aumento de la capacidad, se producirá más energía de la que se consume con la intención de volcar a la red general la sobrante para que el Ayuntamiento de la localidad correspondiente la distribuya, en función de una serie de parámetros pactados con la Generalitat. Los beneficiarios serán las unidades familiares más necesitadas que residan a en un radio máximo de 500 metros del centro educativo, tal y como marca la normativa estatal en materia energética. De este modo, los institutos serán generadores de electricidad limpia para el barrio, además de centros educativos.

La consejeras de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, y de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ambas de Compromís, han presentado este martes el plan a los equipos directivos de los centros educativos implicados y a los representantes de los municipios donde se ubica la primera fase de esta iniciativa conjunta.

La titular de Educación ha detallado que la primera fase de implantación del programa se desarrollará con un presupuesto de 14,47 millones de euros aportados por su departamento. Durante el próximo otoño, se publicará la licitación de los proyectos de ejecución, las direcciones de obra y la instalación de los paneles solares en los 114 institutos fijados.

En el primer trimestre de 2023 la administración tiene previstas las adjudicaciones y en la primavera del año que viene comenzará la instalación de los paneles fotovoltaicos. “Una vez implementada la primera fase, procederemos a ampliar el programa hasta llegar a los 360 institutos públicos de todo el territorio valenciano”, ha añadido Tamarit.

La consejera ha subrayado que será “una importante planta fotovoltaica pública, urbana, descentralizada y de proximidad, que generará la energía eléctrica que necesita cada instituto y los transformará en autosuficientes, autogeneradores de energía limpia y renovable”. “Pero no solo eso, produciremos excedente energético”, ha incidido Tamarit.

Sobre esta cuestión, Mollà ha explicado que, tan solo en esta primera fase, entre 5.000 y 8.000 familias en riesgo de vulnerabilidad podrán beneficiarse de los excedentes eléctricos. “Una cifra que, a medida que se complete la instalación de placas solares en los centros educativos, aumentará hasta beneficiar a cerca de 18.000 hogares con dificultades para afrontar la factura de la luz”, según el estudio técnico en el que se ha basado el programa. La consejera ha manifestado que ha solicitado al Gobierno ensanchar ese radio de medio kilómetro de límite máximo a dos kilómetros para que las prestaciones lleguen a más destinatarios, como “hizo Portugal”.

Mollà ha destacado “la importancia” y “la transversalidad” de un proyecto que nació en el departamento que dirige y ha terminado por convertirse en “una idea compartida entre varios departamentos de la Generalitat y decenas de municipios”. Ha asegurado a este periódico desconocer que exista un programa parecido, tan ambicioso, en el resto de España. “Se trata de una primera fase en la que los 114 institutos ahorrarán 6,9 millones de euros en la factura de la luz anualmente. Además, la inversión de Educación estará amortizada en dos años”.

Reducción de emisiones

“Con la implantación de renovables en esta primera fase, las emisiones de CO₂ se reducirán en más de 9.000 toneladas al año, una huella que disminuirá hasta las 58.500 toneladas una vez se haya completado la instalación fotovoltaica en todos los centros”, ha agregado.

En tono vehemente y convencido, Mollà ha incidido en que “los beneficios educativos, sociales y medioambientales del programa son incuestionables”, y que es “un proyecto que solo tiene ventajas, porque se alcanza el autoproveimiento energético de los centros educativos; se reparten los excedentes entre las familias más vulnerables, para no dejar a nadie atrás en el proceso de transición ecológica, y se acelera la descarbonización reduciendo nuestra huella”.

En cuanto a la distribución del excedente energético, la consejera ha señalado que los institutos harán un primer filtro, a través de los datos sobre las familias en riesgo de exclusión social, y después los servicios sociales junto a la consejería de Políticas Inclusivas terminarán determinando el listado de las familias que se beneficiarán.