La fundación Hogar Sí recoge 30.000 firmas contra la norma de Alicante sobre la mendicidad aprobada por PP, Ciudadanos y Vox

La fundación Hogar Sí ha lanzado una campaña de recogida de firmas para que la ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados incluya una prohibición específica de ordenanzas que “promuevan la discriminación” de las personas sin hogar, como la recientemente aprobada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Ciudadanos) con el apoyo de Vox. La iniciativa se suma a la ofensiva que la oposición municipal alicantina (PSOE, Compromís y Unides Podem) prepara en diferentes instancias administrativas y judiciales.

Según informa Hogar Sí en un comunicado, la campaña impulsada a través de la web change.org ya ha reunido 30.000 firmas en tan solo doce horas para que la legislación estatal vete normativas que atenten contra los derechos de las personas sin hogar. “Perseguir y culpabilizar a estas personas”, señala la fundación, “solo es añadir más injusticia a su situación”. La subdirectora de Hogar Sí, Maribel Ramos, afirma que normativas como la aprobada en Alicante “son un caldo de cultivo para la normalización de los delitos de odio” contra las personas que se ven obligadas a vivir en la calle. La organización, que forma parte de una plataforma formada por 13 organizaciones distintas, pretende que el Parlamento “combata todo tipo de discriminación y prohíba este tipo de normativas aportó fóbicas que bajo el pretexto de la convivencia fomentan la exclusión en nuestras ciudades”.

La ordenanza municipal aprobada el pasado martes en Alicante multa la realización de conductas bajo apariencia de mendicidad y la de prácticas sexuales relacionadas con la prostitución, tanto de quien la ofrece como de quien la consume. Las sanciones incluidas en la nueva legislación municipal van desde los 750 euros hasta los 3.000. El equipo de Gobierno municipal, formado por PP y Cs, sacó adelante la iniciativa gracias al apoyo de Vox, partido junto al que obtuvo 16 votos a favor frente a los 13 en contra emitidos por la oposición de izquierdas. A cambio, el PP se aseguró el apoyo de la formación que dirige Santiago Abascal a los nuevos presupuestos municipales, que recortan las ayudas sociales.

PSOE, Podemos y Compromís ya han anunciado que derogarán la ordenanza alicantina, que también multará actividades como ir sin camiseta por la calle, escuchar música en el coche a un volumen demasiado alto, hacer pintadas, practicar acrobacias con patines y monopatines en zonas no habilitadas e incluso jugar al balón en horas impropias, si llegan a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Además, los tres partidos han impulsado sus respectivas proposiciones no de ley (PNL) en las Cortes Valencianas para condenar la promulgación de la norma e incluso no descartan elevar sus protestas a otras administraciones del Estado, como el Congreso de los Diputados, o incluso por la vía judicial.

Por su parte, el promotor de la ordenanza, el concejal de Seguridad de Alicante, José Ramón González (PP), defiende que la normativa es “una petición unánime de los alicantinos”, pese a la cerca de una veintena de alegaciones presentadas por entidades como Caritas o los principales sindicatos, entre otras organizaciones. También señala que la legislación es similar a la de Valencia o Barcelona y que “no va contra las personas, sino contra las mafias y la gente que prostituye a las mujeres”.