Las entidades sociales se revuelven contra los impagos del Govern

El fracaso del proyecto de presupuestos del Govern y la convocatoria de elecciones supusieron un jarrón de agua fría para muchos sectores que esperaban una inyección de recursos públicos en unas cuentas públicas expansivas. Pero para el sector social fue el agua está especialmente helada. Las entidades lamentan que son el pilar más olvidado del Estado del Bienestar, y llevan años denunciando una situación de infrafinanciación. Los presupuestos habrían dado más oxígeno al sector con un incremento del 8,7% del gasto, pero sobre todo hubiesen dado continuidad a una legislatura en la que el Govern había adquirido varios compromisos. Uno de ellos lo selló el departamento de Derechos Sociales en junio del año pasado, en un acuerdo con las patronales y los sindicatos que calificó como “histórico”, para aumentar las tarifas públicas —el dinero que la administración paga a las entidades para que presten el servicio público— tanto en 2023 como en 2024, para que esta subida repercutiese en una mejora de los salarios de los trabajadores. Las entidades han enviado este martes una carta al consejero del área, Carles Campuzano, en la que le recuerdan que mientras ellas sí que han mejorado los sueldos por la vía del convenio, el Govern todavía no se ha puesto manos a la obra con la subida de tarifas.

El acuerdo alcanzado en junio del año pasado entre el departamento, los sindicatos y las patronales establecía subidas de tarifas tanto para el año pasado como para este. En 2023, el Govern se comprometía a un aumento del 4%, y de un 2% adicional para paliar los efectos del drástico aumento de la inflación. Estos incrementos no se empezaron a pagar hasta enero de este año, seis meses después del acuerdo, y algunas entidades explican que todavía no han cobrado todos los meses retroactivamente. Para 2024, el acuerdo implicaba un compromiso de un incremento del 5% de media para 2024, pero las entidades explican que esto todavía no se ha cumplido.

“Nosotros ya hemos aplicado los incrementos retributivos para estos dos años, porque los convenios laborales nos obligan y ya lo estamos pagando. Lo que pedimos es que ellos cumplan, porque van subiendo todos los costes y nosotros no podemos subir el precio si no se suben las tarifas públicas”, explica Ignasi Freixa, presidente de Upimir, la patronal que engloba a las residencias de ancianos y dependientes y centros de día gestionados por pequeñas y medianas empresas. “La tensión en la tesorería es la que es, y los que más lo sufren son las empresas pequeñas y medianas, que además representan el 80% de las residencias. Los únicos que pueden aguantar bien son las empresas grandes”, recuerda.

El departamento remite al comunicado que la semana pasada, tras el rechazo al proyecto de presupuestos en el Parlament, firmó con La Confederació y con la Taula d’Entitats del Tercer Sector. En él se “constata que la falta de presupuestos pone en riesgo algunos de los compromisos y necesidades sociales acordadas entre el Govern y las entidades sociales. Sin embargo, [el Govern] se compromete a continuar trabajando intensamente para dar respuesta a los compromisos adquiridos previamente con el sector social del país”. En el comunicado, los firmantes se comprometían también en trabajar para llegar a la equiparación salarial. Freixa cree que pese a no tener nuevos presupuestos, se puede hacer mediante líneas de crédito del departamento de Economía. Y recuerda que el objetivo de todo esto es que los profesionales cobren más: “Todas las entidades nos hemos conjurado para pedir la equiparación salarial de los trabajadores de las entidades con los del sector público, porque nuestro personal está rozando el salario mínimo interprofesional. Pero tenemos muy difícil subir sueldos si no se actualizan las tarifas, porque los salarios representan entre el 65% y el 75% de la facturación de nuestras empresas”, explica.

Esta reivindicación de la equiparación salarial es compartida por todos en el sector, pero CC OO se desmarcó de la firma del comunicado porque lo considera una gesticulación. “La equiparación salarial no es una responsabilidad exclusiva de la administración. Al contrario, las patronales han tenido ocasiones para avanzar en esta equiparación en el marco de la negociación colectiva y no lo han hecho”, apunta el sindicato en una nota.

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