La Agencia Estatal de Seguridad Aérea concluye que la acción de Tsunami en El Prat no puso en peligro el tráfico aéreo ni a los usuarios

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no tiene constancia de que la acción convocada por la plataforma Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 supusiera un “peligro” para el tráfico aéreo o para los usuarios de la instalación. Así lo indica el ente en una respuesta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga esa y otras protestas convocadas por Tsunami contra la sentencia del procés como un delito de terrorismo.

“En AESA no se han registrado notificaciones de sucesos relativos a los hechos sobre los que se solicita información”, recoge el informe, que se refiere a acontecimientos vinculados a la seguridad “que pongan en peligro una aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona”. El organismo recuerda al juez que cuenta con tres métodos para conocer esos riesgos: las notificaciones del Sistema de Notificación de Sucesos (la vía más formal y reglamentada), las denuncias de particulares o de cuerpos policiales y las informaciones que pueden trasladarles responsables de la gestión aeroportuaria y de navegación aérea. Por ninguno de esos tres canales tuvo AESA noticias de algún episodio que supusiera un peligro.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea ya había respondido al juez instructor con un informe en el mismo sentido: no constaba que la aglomeración de miles de personas en El Prat hubiese tenido “impacto” en el funcionamiento de otros aeropuertos de España y de Europa.

Aena también ha remitido sus conclusiones al juez sobre la operatividad de aquella jornada en la terminal Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat. El ente que gestiona los aeropuertos subraya que la protesta masiva supuso la cancelación de un total de 115 vuelos.

El otro pilar sobre el que García-Castellón asienta sus sospechas de terrorismo en la acción de Tsunami en El Prat tiene que ver con la muerte de un infarto de Jean-Claude Scherzinger, un ciudadano francés. El magistrado ordenó a la Guardia Civil analizar si las movilizaciones, que supusieron el bloqueo por carretera de los accesos a la terminal, tuvieron impacto en el fallecimiento. Y los investigadores concluyen que, de alguna forma, así fue.

En un informe, la Guardia Civil asegura que la protesta retrasó de forma notable el tiempo en que los servicios de emergencia tardaron en atender al hombre. Los agentes indican que “la vía más rápida” para trasladarlo de la terminal hasta el hospital de Bellvitge hubiese sido por carretera. Ese trayecto (en condiciones normales y sin tráfico) puede cubrirse en 10 minutos. El informe de Aena sobre los incidentes de aquel día constata que el acceso del tráfico rodado “se vio afectado” por la llegada de aproximadamente 8.000 personas en torno a las dos de la tarde. La entrada y salida de vehículos estuvo bloqueada, así como también la llegada de pasajeros y de las tripulaciones de los aviones.

El turista francés, según recoge el informe, tuvo que ser trasladado a Bellvitge en helicóptero. Un sistema rápido para pacientes en zonas aisladas, pero no tanto en entorno urbano. Los agentes destacan que, solo el tiempo en que el aparato tardó en aterrizar (nueve minutos) equivale prácticamente al tiempo que se hubiese empleado en una ambulancia. El tiempo total desde que el hombre fue recogido hasta que fue atendido —un factor esencial en casos de infarto— fue de 43 minutos.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat descartó en su día que las protestas interfirieran en la atención médica que recibió el hombre. El SEM recordó que las protestas se produjeron en la terminal T1, mientras que el hombre sufrió el infarto en la T2. Y rechazó que se activara el recurso del helicóptero por el bloqueo de las carreteras.

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