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Un centenar de vecinos del Raval frenan dos de cuatro desahucios en un día: “Las políticas progresistas no se cumplen”

El dispositivo de los Mossos d’Esquadra ha tardado más de tres horas en llegar a la puerta del edificio por la resistencia del Sindicato de Vivienda del Raval

Amparo Pérez
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Activistas del Sindicato de Vivienda del Raval protestan contra un desahucio en un inmueble en la calle del Carme 106 el pasado mes de octubre.Quique García (EFE)

“¿Qué está ocurriendo? ¿Es un atentado?”, han preguntado sorprendidos los transeúntes y vecinos del barrio del Raval frente a los 11 furgones del dispositivo especial de los Mossos d’Esquadra que este miércoles han cercado la plaza de Aureli Capmany de Barcelona. El discurso anticapitalista vía megáfono, la humareda color de rosa y cánticos como “este desahucio lo vamos a parar” indicaban el móvil del centenar de personas congregadas en la plaza: parar el desahucio de cuatro viviendas, tres en la calle del Carme 106 y una en Robadors 12. La contundente resistencia vecinal ha obligado a desplegar la ARRO, una unidad policial a caballo entre el orden público y la seguridad ciudadana. Y a comprometer con ella la filosofía del Departamento de Interior, que la semana pasada sacó pecho en el Parlament de que en el último año los antidisturbios (BRIMO), no habían intervenido en ningún desahucio durante el año pasado, y la ARRO, solo en el 25%. Después de 15 horas de resistencia, la comitiva judicial ha culminado dos de los cuatro desahucios previstos.

A las 8.30 horas, vecinos y miembros del Sindicato de Vivienda del Raval han llegado a la plaza de Aureli Capmany para hacer frente al “macrodesahucio” de cuatro viviendas previsto para este miércoles. A sus espaldas, llevaban una pequeña victoria: haber logrado la tarde antes frenar el desalojo, vía negociación, de uno de los cuatro previstos (en la calle del Carme, 106): el de una mujer y sus cuatro hijos, tres de ellos menores de edad. Cinco horas de resistencia después, con el proceso de ejecución en marcha, los miembros del sindicato han conseguido la segunda conquista: parar el del número 12 de Robadors.

Sobre las 10 horas, la comitiva judicial encargada del desahucio ha llegado al centro de la congregación para negociar con los vecinos afectados. Martí (26 años) lleva dos años viviendo en el 106 de la calle del Carme y “luchando” contra la filial del fondo buitre Cerberus que en 2015 adquirió la propiedad del edificio. “Llevamos meses negociando con ellos pero no hay manera. Hemos intentado llegar a un acuerdo de alquiler social, les ofrecimos pagar un alquiler a precio de mercado con ayudas de la Generalitat y se han cerrado en banda. Nos dicen que su propósito es dividir la propiedad horizontal de los pisos y venderlos en bloque”, ha asegurado Martí, antes de regresar con sus compañeros después del fracaso en las negociaciones con la comitiva judicial.

Martí, junto al resto de miembros del Sindicato de Vivienda del Raval, denuncia que la coincidencia de fechas de los cuatro procesos constituye “una violación de los derechos y libertades políticas de los ciudadanos”. “No es una casualidad que cuatro juzgados propongan el mismo día para ejecutar los procedimientos, con esto lo que quieren es doblegar la resistencia del sindicato enviando un amplio dispositivo policial”, ha subrayado Max Carbonell, portavoz del Sindicato, sobre una estrategia que consideren que divide la fuerza que puedan oponer.

Pasadas las 11 horas, una decena de furgones de los Mossos ha cortado el acceso al portal por la plaza de Aureli Capmany y por la esquina con Sant Llàtzer. Los agentes se han encontrado con más de una centenar de personas aglutinadas entorno a los pisos desahuciados y encadenados entre sí formando un bloque envuelto a los que han tardado más de cinco horas en ir descamando “como en el juego de la cebolla”. Los vecinos del barrio se han aglutinado alrededor del cordón policial y han animado a sus compañeros en los cánticos que han liderado dos de las jóvenes desahuciadas desde la ventana de enfrente de la vivienda, a través de un megáfono: “Vergüenza me daría a mí cobrar un sueldo por echar a la calle a la gente del pueblo”.

Vivienda gratuita, accesible y de calidad es lo que demandan los miembros del sindicato. El bloque de Carme 106 empezó a movilizarse en 2015, cuando el edificio fue adquirido por la SOCIMI Optimum Re Spain, filial del fondo buitre Cerberus, uno de los más grandes del mundo y de los que más inmuebles gestionan en España, con los que este periódico ha intentado contactar sin éxito. El sindicato tacha de ineficaces las medidas sociales. “Las políticas progresistas no se cumplen: dicen que no hay desahucios pero sigue habiéndolos, los presupuestos de alquiler social son insuficientes y para qué quiero que pongan un tope al alquiler si, aún con ese tope, todo mi sueldo de cocinero se gastará en pagarlo”, ha criticado Martí.

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Sobre las 14.30 horas el dispositivo de los Mossos d’Esquadra ha conseguido llegar a la puerta del edificio de la calle del Carme después de que casi un centenar de vecinos hayan resistido durante tres horas. Los gritos de resistencia han servido para congregar y retrasar el desahucio pero no para pararlo, y finalmente, Martí y otros cinco jóvenes han sido desahuciados al grito de “no se entiende, gente sin casa y casa sin gente”, para denunciar la adquisición de pisos por los grandes fondos que auguran “acabarán con la vida del barrio”.

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Sobre la firma

Amparo Pérez
Es redactora en la delegación de Barcelona, donde suele escribir sobre cultura y tendencias. Trabajó en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Graduada en Derecho y Derecho de la Unión Europea por el CEU San Pablo de Madrid, Máster en Derecho de la UE en la Carlos III, en Periodismo en EL PAÍS y titulada en doblaje y locución.
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