Cataluña pretende incorporar una tercera casilla en los formularios para las personas no binarias

La Generalitat de Cataluña pretende incorporar una tercera casilla en los formularios de la administración para que las personas no binarias puedan identificarse. Esta es una de las nuevas medidas que incorpora el anteproyecto de la ley trans catalana (Ley Integral de reconocimiento del Derecho a la Identidad y la Expresión de Género) que entrará en los próximos días en una fase de información y audiencia pública. Si finalmente la ley ve la luz, Cataluña sería la primera comunidad autónoma en adaptar este formato de triple opción. Con esta ley la Generalitat pretende complementar la ley de ámbito nacional aprobada el año pasado.

Los documentos previstos con los que trabaja el Departamento de Igualdad y Feminismos, presentados este miércoles en un encuentro con periodistas, obligarán a la administración a nombrar y tratar a las personas “con el nombre y género manifestado” e incorporarán más tipologías familiares (monoparentales, monomarentales, del mismo sexo, etc) para no habilitar únicamente la opción tradicional de madre, padre e hijos. “La ley aborda el derecho al reconocimiento de la identidad de género de manera integral”, defienden fuentes de la consejería, que señalan las discriminaciones que sufren las personas intersexuales (aquellas personas con diversidad en el desarrollo sexual) en su día a día.

Hay más. El Govern incorpora sanciones para las terapias de conversión y prohíbe explícitamente la apología o la publicidad de estos métodos. “Estas prácticas serán punibles también por la vía administrativa al ser considerada una infracción muy grave”, remarcan desde el Departamento.

El texto blinda el proceso de tránsito de las personas trans actualmente vigente. Cataluña tiene en marcha desde hace años el Servei Trànsit (Servicio Tránsito), que facilita el proceso de desarrollo sin la necesidad de presentar informes médicos, como históricamente se requería. “La atención era antes muy biomédica y estaba enfocada desde la patología. Ahora es lo contrario: se trata desde la perspectiva de salud individual”, respondió a EL PAÍS Ramon Escuriet, responsable técnico del área de Salud Sexual y Reproductiva del Sistema Catalán de la Salud, en una entrevista hace un año. El Departamento pretende fijar el principio de “despatologización” y no condicionar los derechos de las personas trans a “unos informes médicos o psicológicos”. Esta mirada choca con las tesis que defiende parte del feminismo, que considera que algunos procesos de tránsito se inician en edades tempranas vehiculadas por “la presión estética y otros problemas”, como defendió Feministes de Catalunya.

En el ámbito de los servicios sociales, la ley establece que la Generalitat debe elaborar un programa para atender la situación de las personas trans “expulsadas” de casa por su identidad de género; y reconoce el derecho a la prestación de la Renta Garantida de Ciudadanía (RGC) e las personas trans de entre 18 y 23 años víctimas de violencia por razón de identidad de género.

No hay un calendario concreto para la aprobación de la ley, aún en fase inicial. El texto tiene que recoger aún las aportaciones públicas y, posteriormente, ser aprobado por el Govern, que lo enviaría al Parlament para su validación. Este proceso puede tardar varios meses y la legislatura expira en 2025, por lo que la aprobación de la ley no está garantizada. “Hablaremos con los grupos parlamentarios a lo largo de todo este proceso”, defienden desde Igualdad. Estas mismas fuentes remarcan que el propio Parlament aprobó la puesta en marcha de esta ley, por lo que confían en que haya pocas trabas en los próximos meses. “Esta ley pretende proteger el colectivo trans en un momento en que la extrema derecha impulsa retrocesos y desplegar las políticas públicas”, remarcan.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal