Más de 18.800 personas están en lista de espera para un recurso de servicios sociales

Mientras las listas de espera sanitarias en Cataluña son objeto de fiscalización y el Govern aporta periódicamente unos datos claros y concretos, no ocurre lo mismo en el ámbito social. Un informe de la Taula del Tercer Sector presentado este viernes incide en las dificultades para saber a ciencia cierta cuántas personas están esperando recibir prestaciones sociales o acceder a recursos a los que tienen derecho. El estudio apunta que al menos 18.825 personas están en alguna lista de espera de servicios sociales, pero ya advierte de que esta cifra se queda corta porque deja fuera muchas de las personas que están en situación de pobreza y podrían estar esperando una ayuda, y tampoco entran las personas que tienen problemas de salud mental.

El informe Esperant els meus drets. Radiografia dels temps d’espera en els recursos i prestacions socials més sol·licitats a Catalunya, elaborado por la periodista Natàlia Vila por encargo de la Taula, se basa en los datos solicitados a diferentes departamentos de la Generalitat (Salut, Drets Socials, Territori y Igualtat i Feminismes) y en las aportaciones de las entidades sociales que conforman la Taula. El informe señala que no es posible recopilar todos los datos por varias razones: la cartera de servicios sociales en Cataluña está desactualizada, no existe un cruce de datos coordinado entre los departamentos de los que dependen las ayudas, y la administración no es capaz de determinar en la mayoría de casos cuánto es el tiempo de espera, ya sea por trabas burocráticas o porque los datos varían demasiado.

La cartera de servicios sociales consta de 138 recursos o servicios públicos que aparecen como disponibles oficialmente. Pero a primera vista ya se percibe que no está actualizada y que no es efectiva: constan como disponibles ayudas que ya no existen, como la Renta Mínima de Inserción, mientras que no aparecen algunas que sí que existen, como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital. Tampoco aparecen los servicios que ofrecen los departamentos de Trabajo, Salud o Igualtat i Feminismes. El informe, muy crítico con el departamento que gestiona el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, señala que la administración no es capaz de decir qué servicios son los que tienen más demanda. Las entidades sociales apuntan que lo más solicitado son las plazas de vivienda, las de residencias y centros de día, las prestaciones económicas o bonificaciones y otros servicios sociales genéricos como ayuda para regularizar la situación administrativa a las personas de origen migrante.

De los datos que sí han podido recabarse se desprende que los colectivos más afectados son el de personas mayores o dependientes y el de las personas con discapacidad, aunque no hay registro del tiempo medio de demora. En el primer grupo, el solicitante necesita tener una valoración de su grado de dependencia para optar a una plaza, pero no es necesario que disponga en ese momento de un programa individual de atención (PIA). Los datos del informe indican que hay 10.938 personas mayores que están esperando una plaza pública de residencia y 3.078 personas con discapacidad que también están a la espera de plaza. A estos habría que sumar 7.138 personas que tienen una plaza asignada pero no es la que pidieron y esperan un traslado, y 6.301 personas que siguen esperando después de que hayan renunciado al ingreso una o más veces. En el ámbito de las personas con discapacidad, hay 4.373 afectados por discapacidad intelectual que están esperando plaza, y 396 con discapacidad física.

Sobre los recursos dedicados a las víctimas de violencia machista sí que constan los datos del tiempo de espera: Entre 20 y 30 personas, con sus hijos, están en lista de espera para ingresar en un servicio de acogida y recuperación, y entre 5 y 10 esperan para ingresar en un servicio de sustitución del hogar, y el tiempo de espera oscila entre una semana y dos meses.

“Hace falta una revisión a fondo de la cartera de servicios sociales, que no se ha tocado desde 2007. Hay muchos recursos y poca sistematización de los datos, que además muchos no están disponibles”, ha destacado Vila, quien ha recordado que parte del problema surge de una ley de dependencia, aprobada en 2007, que nació sin la financiación suficiente y esto ha generado problemas de cuello de botella de personas que podían optar a ayudas y tenían que esperar. Vila ha resumido algunas de las propuestas de mejora: “Se tienen que reducir a la mitad las listas de espera, pero es difícil porque la falta de datos completos. Hay que mejorar el cruce de información entre departamentos, y cambiar el paradigma del modelo residencial o hacer un gran esfuerzo para aumentar las plazas”.

Impulso de los fondos europeos

En paralelo a la presentación de este estudio, el consejero Campuzano y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han presentado este viernes las actuaciones que se llevarán a cabo en el ámbito social gracias a los fondos europeos Next Generation. Cataluña destinará 375,1 millones (de los que la Generalitat asumirá 109,9 millones en obra propia) a 765 proyectos. Han destacado la construcción de 40 equipamientos (de los cuales tres son residencias para personas mayores) y proyectos tecnológicos como la compra de mil unidades de asistentes robóticos a personas mayores, además de iniciativas de renovación de los centros residenciales tanto de los mayores como los equipamientos destinados a infancia y adolescencia.

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