Auge y caída de Laura Borràs

El comienzo del ocaso de la estrella de Laura Borràs tiene fecha. No fue cuando trascendieron los detalles de sus amaños en contrataciones públicas o el día que se tragó su promesa de desacatar si la Junta Electoral retiraba el escaño en el Parlament a Pau Juvillà (CUP). El declive arrancó el pasado 17 de agosto, aniversario de los ataques yihadistas de Barcelona. El grito de “España es un estado asesino” rompió el minuto de silencio en La Rambla. Las víctimas quedaron sorprendidas al ver que Borràs se dejaba querer por el grupo que aún defiende tesis conspiranoicas sobre los atentados. La sensación de que la recién suspendida presidenta del Parlament se había aprovechado de la situación caló. Junts, su partido, se desmarcó. La gira mediática para justificarse no fue bien. Sus explicaciones, soberbias y a la defensiva, revelaron a una Borràs lejana de la simpatía sobre la que había cimentado su imagen.

La condena a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación compromete la luz que le queda. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la declaró culpable de prevaricación y falsedad documental continuada por adjudicar 18 contratos valorados en 300.000 euros a un amigo tras llegar a la presidencia de la Institució de les Lletres Catalanes. Los correos electrónicos en los que Borràs le indica cómo debían ser las ofertas confirmaban la información que desencadenó toda la investigación. Un pinchazo telefónico de los Mossos en una investigación relacionada con venta de drogas: “Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, y facturo unos trapis por allí”, le revelí el informático Isaias Herrero a un conocido en 2017.

Ella insiste en su inocencia, aunque sigue sin negar la autoría de estos mensajes. Lo atribuye todo a una persecución ideológica y, para ello, alienta la teoría de la violación de la cadena de custodia del contenido de su ordenador. Asegura que la justicia europea la exonerará. Los trece años de inhabilitación son una “invitación a la jubilación política”, dijo en RAC-1 el pasado viernes, en otra gran gira mediática que busca que sea su razón la que prevalezca sobre cualquier otra cosa. Borràs tendría 65 años entonces. Sabe que su futuro político fuera de las instituciones depende de que gane su relato de víctima. Librarse de la cárcel depende de un indulto que pedirá el TSJC para modular una sentencia que el mismo tribunal considera “exagerada”, pues no hubo lucro.

El fallo trunca seis años de una carrera que refleja la compleja digestión del procés. Ella es una “hija del 1-O”, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El término, que da nombre a uno de sus libros, identifica a parte de los independientes que el expresident Carles Puigdemont, huido ya en Bélgica, eligió para las listas electorales de aquel año.

Su paso a la primera línea, justificó entonces, era su respuesta a “la represión” contra el referéndum. En esa atípica campaña electoral, la telegenia, cercanía y capacidad dialéctica de Borràs, con altas dosis de histrionismo, fueron muy útiles. Su conexión inicial con parte del independentismo podría explicarse porque a su perfil de outsider se sumaba un discurso formalmente más refinado y culto del acostumbrado. Los cantos de sirena sobre un viaje a Ítaca -como denomina románticamente el secesionismo al camino a la independencia- no se alejaban del engaño vivido en 2017, pero era como si resultara balsámico que, al menos, alguien les recitara en sus intervenciones extractos de Homero.

No tardó en encontrarle el gusto a la política. Cuando Quim Torra, en mayo de 2018, llega a president, la fichó para la cartera de Cultura. Con otros compañeros de grupo parlamentario, como Francesc de Dalmases (su escudero posteriormente caído en desgracia tras agredir a una periodista de TV-3) o Josep Costa, formarán el war-room de Torra. Ese grupo terminó por ser la cara visible y aglutinadora del alma esencialista y más frentista de Junts, opuesta a la de tradición convergente.

No llegó a estar ni un año en el cargo. Su idilio con las bases le llevó a formar tándem con Jordi Sànchez, entonces preso, para las elecciones generales de 2019. Pero quería más. Se vio con fuerzas para poner en jaque al ala convergente, organizado ya como nuevo partido y con Puigdemont al mando. Logró ser elegida por un gran margen como la aspirante a la Generalitat para las elecciones de 2021, una carrera en la que se aferró a una vía unilateral que no tiene plan y a la crítica sin cuartel contra la vía del diálogo. Pere Aragonès la venció dentro de la batalla del independentismo por 35.600 votos. Partidaria de no formar Govern, optó por irse a la presidencia del Parlament.

Nunca una presidenta de la Cámara había sido tan omniprescente y personalista. Ni mucho menos en fuente de continuo choque con el Gobierno y su partido. No le bastaba ese contrapoder en que convirtió el palacio de la Ciutadella -Casa Laura, lo denominó un día David Cid, portavos de los comunes-. Bajo las amenazas de cisma en Junts, logró torcer el brazo de la sensibilidad más pragmática y se hizo con las riendas del partido, forzando el tándem con Jordi Turull. Un asalto que se produjo trasla renuncia Puigdemont, en junio del año pasado, pero que desde un principio mostró que aunque su cara fuera la popular, los resortes del día a día estaban en el entorno del exconsejero preso. La lideresa y el expresident defendieron abandonar el Govern. No siempre habían ido a la una, pero en esa cruzada sí y vencieron.

En la batalla en la que si está casi sola es en la de mantenerse como segunda autoridad de Cataluña. El reglamento recoge una suspensión del escaño si se abre juicio oral por delitos relacionados con corrupción e, impotente, fue apartada con los votos de CUP y ERC en julio del año pasado. Logró que su partido cerrara filas en su defensa, pero ya tras la sentencia el panorama es distinto. El debate interno sobre el malestar que genera insistencia en seguir en el cargo y arrastrar con ella a la institución es tenso. La popularidad de la lideresa siempre ha sido un argumento para la cautela pero la presidenta de la comisión de garantías, Magda Oranich, ha roto la veda: “Si fuera yo, dimitiría del Parlament por dignidad”, dijo en entrevista a RNE. Con la estrella apagándose, los astros parecen alinearse para sus contrarios.

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