La eurodiputada Clara Ponsatí pide al juez que retire la orden de detención en España

La eurodiputada de Junts per Catalunya Clara Ponsatí, huida en Escocia de la justicia española, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que retire la orden de detención contra ella en territorio español. La semana pasada, tras la entrada en vigor de la derogación del delito de sedición, el magistrado dictó un auto en el que ordenaba el procesamiento de Ponsatí solo por un delito de desobediencia. Este delito implica penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no de prisión. La defensa de la eurodiputada considera que mantener la orden de busca y captura emitida por Llarena en España -las euroórdenes ya fueron aparcadas- podría suponer su detención “ilegal” en caso de que decidiese regresar. Ponsatí fue consejera de Educación durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Ponsatí no solo quiere frenar una posible detención sino que ha presentado un recurso contra su procesamiento por desobediencia. Su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que se trata de una imputación “de golpe”. El letrado reprocha a Llarena que haya dictado “una orden nacional de detención” contra “una eurodiputada que goza de inmunidad” y por “un delito por el cual nunca fue procesada y que, de intentarse ahora, resulta que se encontraría prescrito”. “No podemos olvidar que estamos ante delitos que no son homogéneos y, por tanto, el hecho innegable de no haber sido procesada jamás por el delito de desobediencia impide ahora, de golpe y sin anestesia, tratar de imputar a mi mandante un nuevo delito como sería, para ella, el de desobediencia”, recoge el escrito.

El recurso pide al juez que ordene a los cuerpos policiales, “sin dilación alguna”, que dejen sin efecto la orden nacional de detención “a fin de evitar que se materialice la ilegal detención” de Ponsatí. El abogado solicita igualmente a Llarena que ponga “en conocimiento del Parlamento Europeo” que desiste del suplicatorio que solicitó en 2020. Ponsatí subraya que “no ha cometido delito alguno” sino que ha protagonizado “actos políticos indebidamente criminalizados”. Boye anuncia que otros dos huidos de la justicia española -el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín- también recurrirán próximamente la decisión de Llarena.

Pablo Llarena dictó la semana pasada un auto, tras la entrada en vigor de le la reforma del Código Penal -que derogó la sedición y modificó la malversación- que supone un cambio de escenario en la instrucción del procés. Al caer la sedición, Llarena procesó a Puigdemont por un delito de malversación que supone severas penas de cárcel y que puede facilitar su entrega por las autoridades belgas. En cuanto a la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira (huida a Suiza) o a Ponsatí, el procesamiento se limita a desobediencia ya que estaban procesadas únicamente por sedición. La resolución judicial supone un alivio para ambas, que podrían regresar a España con un horizonte mucho más favorable, sin riesgo de entrar en la cárcel porque no puede dictarse una medida de prisión provisional ante un delito que solo prevé penas de inhabilitación.

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