Barcelona gasta 60.000 euros al día en pensiones para familias que han perdido la casa

El Ayuntamiento de Barcelona gasta 22 millones de euros al año en pensiones para alojar a familias que han perdido la casa: una millonaria cifra que si se traslada al coste diario, supone 60.000 euros al día. Datos de 2021, los últimos disponibles. Pese a los esfuerzos del Ayuntamiento en ayudas al pago de vivienda, en evitar desahucios o en inversión en construir y ampliar el parque público de pisos, las personas alojadas en recursos de emergencia fueron 2.300 al mes de media el año pasado. Responden a perfiles diversos: familias que han sufrido un desahucio, solicitantes de asilo, personas en situación irregular, migrantes que llegan a la ciudad, ‘sin techo’ que aceptan un techo, personas que necesitan unos días de alojamiento por un incendio, o mujeres víctimas de la violencia machista. Las familias que esperan acceder a pisos de la mesa de emergencias son 733.

Con alquileres en máximos históricos, 1.700 desahucios al año en la ciudad, una tasa de pobreza que ronda el 15% de la población catalana (en Barcelona la tasa aumenta por el coste de la vida) y un parque de pisos públicos que crece pero son insuficientes, el desembolso del consistorio en ayudas y alojamientos de emergencia se ha multiplicado por cuatro respecto a 2017. La razón es que la media mensual de personas alojadas también se dispara: porque la falta de alternativas (como los pisos de la mesa de emergencia) deriva en estancias más largas de las familias.

“Las pensiones deberían estar destinadas a emergencias sobrevenidas, pero la falta de políticas de la administración competente en materia de vivienda, la Generalitat, y la falta de vivienda pública, pese al trabajo ingente del Ayuntamiento, todavía son lamentablemente un recurso que no es una vivienda pero, al cronificarse la situación, da respuesta a muchas familias”, reconoció este viernes la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Consistorio, Laura Pérez, al presentar un balance de la situación en Barcelona. La edil explicaba que es difícil calcular la estancia media: “Puede haber una persona que debido a un incendio esté alojada unas horas, y hay estancias de hasta cuatro años”.

El Ayuntamiento subraya, además, que, alojamientos temporales a parte, buena parte de las ayudas que piden las familias a los servicios sociales acaban sirviendo directamente o indirectamente para pagar la vivienda: quizás se destinan a comprar comida, un gasto que libera recursos para pagar el alquiler, señala el consistorio. “El peso del gasto en vivienda y la falta de ingresos provocan que la distancia entre lo que pueden proporcionar los servicios sociales y las necesidades reales de los atendidos aumente”, admite el Ayuntamiento. En ayudas al alquiler, la administración local ha destinado entre 2016 y 2021, 46 millones de euros (7,6 millones de media anual) a inquilinos de propietarios privados; y siete millones a inquilinos del parque público.

Y otra política preventiva, destacaron la teniente de alcalde y la concejal de Vivienda, Lucía Martín, es la unidad antidesahucios, pionera en España y que consigue, con mediación, frenar el 90% de las órdenes de desahucio antes de la fecha señalada. La unidad verá crecer su presupuesto y sus recursos: de 1,2 millones d euros a cinco; y de 16 a 43 profesionales, incorporando perfiles con conocimientos jurídicos y de mediación. De 2016 a 2022 la SIPHO (Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de Vivienda y / o Ocupaciones) ha acompañado a 14.000 familias.

La concejal de Vivienda señaló que el esfuerzo para ampliar el parque público de vivienda “no tiene precedentes”: desde 2015 se ha pasado de 7.500 pisos a 11.500 y hay 2.000 más en obras, más 1.000 en proyecto para 2023, lo que lleva al equipo dela alcaldesa Ada Colau a afirmar que en ocho años el parque se habrá doblado. La inversión en construcción en 2015 sumando obra nueva, compras de edificios y pisos y ayudas a la rehabilitación era de 31 millones; que saltaron a 122 millones en 2021. Sobre la mesa de pisos de emergencia Martín repitió el “mantra infinito” de que la aportación de la Generalitat de viviendas a esta bolsa (que debería ser del 60%) no se cumple y “debe” 1.259 pisos si se consideran los que ha aportado la ciudad. También exigió al Gobierno (del que los comunes forman parte) que apruebe la Ley de Vivienda y que el texto regule el precio de los alquileres y de un tratamiento distinto a los grandes tenedores.

Nuevo contrato de alojamientos temporales

Las responsables de vivienda y servicios sociales explicaron también que el nuevo contrato público de la empresa que se encarga de buscar los alojamientos temporales tendrá un presupuesto de 20,5 millones anuales e introducirá novedades con el objetivo de mejorar la atención a las familias. Se incorporarán nuevas tipologías de establecimientos al contrato, como pisos turísticos (ya se utilizaron durante la pandemia, cuando en la ciudad no había turismo), residencias de estudiantes o pisos compartidos. Y se exigirán mejoras en los servicios complementario, visto que muchos usuarios son familias con niños y en largas estancias: que tengan espacios de estudio, que puedan acoger mascotas, derecho a cocina, o acceso a neveras y microondas. Además se incorporarán inspectores para comprobar el estado de los alojamientos en caso de que lo pidan las familias o los servicios sociales.

Es difícil calcular el precio al que el consistorio contratará estos alojamientos, porque dependen de la tipología, las personas por familia o los servicios que se les ofrece. En el pliegue técnico hay cuadros que indican que el coste diario del alojamiento puede oscilar entre 40 o 60 euros, en función de si incluye comida; o complementos como lavandería, transporte o animales. La gerente del área de Derechos Sociales, Laia Claverol, señaló también que habrá una mayor fiscalización del servicio y se procurará que las estancias en habitaciones sean más cortas. Hasta la fecha las empresas que han prestado este servicio al Ayuntamiento son del sector turístico.

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