El Tribunal Superior de Cataluña envía a juicio por el 1-O a una consejera del Govern y dos exaltos cargos de Junqueras
Natàlia Garriga está procesada por desobediencia grave, mientras que a Jové y Salvadó también se les atribuyen prevaricación y malversación
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado este viernes enviar a juicio, por su papel en los preparativos del referéndum ilegal de independencia del 1-O de 2017, a la actual consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, y a dos ex altos cargos del Govern: Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ambos muy cercanos en su día al líder de ERC, Oriol Junqueras. Los tres ejercían como altos cargos de la Consejería de Vicepresidencia y Economía, liderada por Junqueras, en la última fase del procés independentista. Garriga está procesada por desobediencia, y Jové y Salvadó, también por prevaricación, malversación y revelación de secretos. Así lo ha acordado en un auto la sala civil y penal del alto tribunal catalán, tras desestimar los recursos de los acusados.
Los tres procesados han criticado la “persecución” del Estado. “Por mucho que el Estado siga con esta persecución, nunca dejaremos de trabajar por un país completo y libre”, ha subrayado Garriga en las redes sociales. Para Jové, la “represión” da un paso más. “Seis años de persecución judicial y de las cloacas. ¡30 años de militancia independentista, más convencido que nunca!”, ha manifestado Salvadó también en su cuenta de Twitter. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su apoyo a los tres en la misma red social: “Todo el apoyo y mucha fuerza, consellera Natàlia Garriga, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Trabajar por la libertad de nuestro país no es ningún delito”, ha escrito.
La investigación a Jové y Salvadó se hizo separada de la de Garriga —ella fue investigada en un juzgado ordinario en una causa contra 29 excargos del Govern— pero, cuando ella asumió el cargo de consejera y pasó a ser aforada ante el TSJC, las causas se acumularon, y eso ha retrasado el procedimiento contra los primeros, para quienes en mayo de 2021 ya se dictó el acto de conclusión del sumario.
Garriga está investigada por supuestamente intervenir en el acondicionamiento de una nave anexa a las instalaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para utilizarlo como un espacio para el referéndum ilegal del 1-O. Cuando declaró como investigada, la consejera alegó que la nave se ha utilizado en otras ocasiones, como las elecciones de diciembre de 2017 o para los rastreadores de Covid-19 durante la pandemia, y aseguró que en ningún momento fue requerida por el Tribunal Constitucional.
Jové fue uno de los miembros de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern. La resolución judicial recoge que obtuvo datos personales de los catalanes de forma irregular a través de un convenio con el Idescat firmado el 28 de febrero de 2017, supuestamente con el objetivo de elaborar un censo para el 1-O. El convenio tenía la duración de un año y no se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat ni en la página oficial del Idescat en el que aparecen los convenios vigentes y no vigentes firmados por el organismo, “por lo que los particulares interesados no podían conocer que sus datos personales habían sido cedidos ni oponerse a tal cesión, ni tampoco ser impugnado”.
Con estos datos presuntamente también se confeccionaron las cartas dirigidas a las personas nombradas como miembros de las mesas electorales del 1-O, que fueron intervenidas parcialmente por la policía en el registro de Unipost.
La investigación también considera que Jové supuestamente desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional contra la organización de la consulta, e intervino “activamente en la búsqueda de los locales donde debía llevarse a cabo el referéndum”, era conocedor de la fecha de publicación del decreto de convocatoria y tenía en su ordenador archivos como ‘modelo de papeleta’, ‘actas de constitución de mesa’ y ‘lista numerada de votantes’ que coincidían con los nombres del material electoral hallado en la nave de Bigues i Riells (Barcelona).
Entre los indicios contra Jové y Salvadó, la instructora detalla que hicieron presentaciones en otros países y organismos para obtener financiación, y también que se dotó a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar y gestionar y ejecutar impuestos para los que “no se tenían competencias” como IRPF, IVA, el impuesto de Sociedades y otros especiales.
La instructora sostiene que Salvadó ideó un programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado, para “controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos”.
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