A propósito de Sa Riera

A nadie le gusta tener una autopista o una torre de alta tensión cerca de casa. Algunos, ni siquiera aceptan la instalación de un parque fotovoltaico en su municipio. Y, sin embargo, todo el mundo reclama una buena accesibilidad, desea un suministro eléctrico, bueno y barato e, incluso, reivindica a las autoridades más decisión en la lucha contra el cambio climático.

¿El conflicto entre el interés público y el privado constituye una ecuación de solución imposible? ¿O, simplemente, es una ecuación compleja?

Una primera respuesta se dio en pleno siglo XIX, gracias a la caída del Antiguo Régimen y a la aparición de nuevas instituciones focalizadas en la defensa y promoción del interés público. J.J.Rouseau lo proponía en su Contrato Social: “Solo desde el interés común debe ser gobernada la sociedad”. Bajo esta lógica, en el ámbito urbano surgieron los “planos geométricos de las ciudades” que, en Barcelona, sublimaría el ingeniero progresista Ildefons Cerdà en el Eixample, por cierto, tan vilipendiado por las élites locales. Y, para posibilitar el desarrollo del ferrocarril se creó la expropiación forzosa, una privación “singular” de la propiedad en aras del interés público.

Desde entonces, la sociedad ha articulado un gran arsenal jurídico destinado a anteponer los intereses colectivos a los individuales, lo cual ha derivado en grandes logros, aunque no haya conseguido eliminar tantos episodios de especulación, nepotismo y corruptelas. Las imágenes de la urbanización de Sa Riera han provocado un gran impacto social. Las excavadoras han arrasado un pinar, destruyendo la armonía del paisaje, y lo han substituido por una urbanización invasiva y una arquitectura anodina, absolutamente descontextualizadas del entorno. Un desastre, sin paliativos.

Debemos reconocer que, en este y en otros casos, algo (o muchas cosas) no ha funcionado. A pesar de las revisiones de los planes urbanísticos efectuadas desde la transición por los ayuntamientos y la Generalitat de Cataluña, desclasificando centenares de hectáreas de suelo urbanizable, a pesar de los planes directores de protección del sistema costero, no se ha evitado el desaguisado…

El sentimiento de incomprensión y enfado de la ciudadanía crece en la medida que la actuación de Sa Riera coexiste, en un marco de burocratización del urbanismo, con resoluciones ridículamente restrictivas. En algunos municipios se prohíbe o limita severamente la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta de los edificios. En otros, legalizar una actividad productiva constituye un autentico calvario para los emprendedores. El intervencionismo ha llegado a extremos burdos que no pueden justificarse siquiera con exigencias estéticas (siempre loables) que responden a criterios subjetivos sin amparo legal alguno.

El que fuera catedrático de Urbanismo de la Escuela de Caminos de Barcelona Albert Serratosa recomendaba, antes de validar un proyecto, evaluar si era consistente con los objetivos mayoritariamente asumidos por la sociedad. Se trata de un ejercicio, tan sencillo como útil, que los profesionales al servicio de la Administración pública y los propios electos no deberían, nunca, obviar.

La pregunta a formular es simple: ¿en un marco de emergencia climática, éste o aquel proyecto resulta compatible con los objetivos de sostenibilidad, biodiversidad, equidad…?

La consistencia con dichos objetivos debería constituir un acicate para acelerar y simplificar los trámites. Su inconsistencia, un argumento para actuar con la audacia necesaria en defensa del interés público.

Pere Macias es director de Estrategia del tranvía del Ayuntamiento de Barcelona.

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