Aragonès descarta la eliminación del impuesto de sucesiones que pide Junts

Tras casi una semana de polémicas por la decisión de Junts de incluir en su ponencia reformas impositivas de calado en Cataluña, como la eliminación del impuesto de sucesiones, el president, Pere Aragonès, ha descartado este miércoles un timonazo en la política fiscal del Govern. “Los impuestos redistributivos hay que preservarlos, sobre todo en momentos de crisis económica como la actual”, ha respondido el republicano a la pregunta de En Comú Podem en la sesión de control en el Parlament. También ha aclarado que no está en los planes subir ningún otro tributo.

Los de Jéssica Albiach querían saber si, como se ha posicionado Junts, el Govern haría cambios en su política fiscal; esa misma diputada anunció que no se sentaría a negociar las cuentas de 2023 si desaparecía Sucesiones, impuesto cuya última subida fue impulsada por los comunes. La hoja de ruta aprobada por los socios de ERC pasa no solo por eliminar el gravamen a las herencias, sino también a las donaciones; poner la barrera para la excepción del impuesto de patrimonio en un millón de euros y reducir los tipos máximos del IRPF del 50% al 45%.

Aragonès no solo descartó que en las cuentas que se preparan se renuncie a lo que se recauda vía Sucesiones y Patrimonio (unos 1.400 millones, según las cuentas de Albiach) sino que recordó su valor redistributivo clave en una coyuntura como la actual. “Hace 10 años se retiró [durante el Gobierno de Artur Mas y en plena ola de recortes sociales] y se tuvo que volver a poner porque se vieron las consecuencias”, ha insistido.

El president ha recordado que el compromiso vigente entre los socios es el plan de Govern, que recoge los acuerdos que permitieron la investidura. En campaña, ni ERC ni Junts fueron muy claros en sus propuestas fiscales y los del partido fundado por Carles Puigdemont ni siquiera mencionaban sus planes con el impuesto que grava las herencias. En la hoja de ruta del Ejecutivo a duras penas se habla de la necesidad de reforzar la fiscalidad verde del Ejecutivo catalán, en línea con los planteamientos de la Comisión Europea, y la creación de un nuevo impuesto que grave el comercio electrónico.

En Junts no ha sentado bien la manera tajante como se cierra la puerta a uno de los temas estrella de su ponencia política. El jefe de filas en la Cámara, Albert Batet, ha argumentado que esos 1.400 millones que se recaudan con los impuestos puestos en cuestión se corresponden con la suma del “déficit fiscal que el Gobierno impone a los catalanes”. La decisión de la formación conservadora de dejar negro sobre blanco su propuesta impositiva muestra su apuesta por sacarle partido a que Cataluña sea una de las autonomías con mayor presión impositiva y un mayor número de impuestos propios.

En Economía recuerdan que las pasadas reformas fiscales, algunas pactadas con los comunes, se hicieron mediante la Ley de Acompañamientos, no durante la negociación de los Presupuestos. Por la pandemia, por ejemplo, se había decretado una moratoria para su liquidación. Sí se ha aumentado algún gravamen, por ejemplo, a las instalaciones que inciden en el medio ambiente, como la producción y transporte de la energía. Con él se ha financiado parte del plan de ayuda a empresas y refugiados de la guerra en Ucrania.

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