Cataluña sube un impuesto a las instalaciones energéticas en plena crisis de precios

El Ejecutivo catalán ha aprobado este martes un paquete de ayudas para atender las consecuencias humanitarias y económicas desatadas por la guerra en Ucrania, que el propio president Pere Aragonès ha cuantificado en 120 millones de euros. Una de las fuentes de financiación para el plan es la subida de tipo de un impuesto propio de la Generalitat que grava las instalaciones que inciden en el medio ambiente, como por ejemplo la producción y transporte de la energía. La medida llega en un momento de subida del precio de los recursos energéticos pero el jefe del Govern ha asegurado que la ley impide repercutir esos impuestos en la factura del contribuyente y ha recordado los millonarios beneficios de las empresas eléctricas y nucleares. El paquete de ayudas también incluye la congelación del impuesto al CO2, que ayuda al sector logístico.

El decreto ley aprobado en la sesión de este martes modifica la ley 5/2020, del 29 de abril, que creó el impuesto a actividades como la producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica. El tipo se sube un 33%, hasta los 0,00665 euros por kilovatio/hora. En el caso de instalaciones de ciclo combinado, la generación a partir de gas, es de 0,00133 euros kWh. Aragonès ha explicado que aspira a recaudar 20 millones de euros adicionales que serán destinados íntegramente a un plan de plantas fotovoltaicas en edificios públicos y que serán el embrión de la empresa eléctrica pública que el Gobierno catalán proyecta crear.

Cataluña ha recibido hasta ahora unos 16.000 refugiados que huyen del conflicto desatado por Rusia, ha recordado Aragonès. Unos 2.300 niños y jóvenes ya han sido escolarizados por la Generalitat y desde el Departamento de Salud y de Empresa y Trabajo ya se están ofreciendo servicios de asistencia psicológica y laboral. El president ha aprovechado para insistir en su llamamiento al Gobierno central para que relaje el objetivo de déficit para este año, pasando del 0,6% al 1% del PIB. Eso le daría al Ejecutivo autonómico 1.000 millones de euros adicionales. “No podemos atender las crisis con las manos amarradas en la espalda”, ha dicho el líder catalán.

También hay rebajas fiscales, que en este caso benefician especialmente a los transportistas. EL Govern ha aprobado la congelación del impuesto al CO2 para los vehículos de tracción mecánica y que implicará que dejen de ingresar 80 millones de euros en las arcas públicas. Aragonès ha defendido la medida como una manera de “no añadir costes a la movilidad” ante la crisis del precio de los combustibles.

Aragonès ha reconocido que la situación de inestabilidad en el contexto internacional dilatará la próxima cita de la mesa de diálogo, pero ha reafirmado su compromiso en seguir negociando para alcanzar una salida al conflicto político entre el Gobierno y la Generalitat. Y ha aprovechado para criticar algunas de las medidas del Real Decreto con que el Ejecutivo central quiere atender la crisis humanitaria. “Vemos un gen centralizador cuando hay emergencias y eso mina la confianza entre instituciones. Invadir competencias hace perder eficiencia en la gestión”, ha alertado.

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