El Parlament aprueba el endurecimiento de las condiciones de las VTC
El Govern afirma que el decreto solventa el “mientras tanto” a la espera de sacar adelante una nueva ley
Operadores de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Cabify y Bolt tendrán que hacer cambios sustanciales en su operativa en Cataluña a partir de octubre. El Parlament ha aprobado este miércoles la nueva norma que los regula, lo que supone un endurecimiento de las condiciones: los operadores tendrán que poner en servicio vehículos de un mínimo de 4,9 metros y, si son nuevos, tendrán que tener etiquetas ambientales de bajas emisiones.
La norma ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios con la excepción de Vox, Ciudadanos y el PP (112 votos a favor por 19 en contra). El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha sido el responsable de defender el texto, aunque lo ha hecho sin entrar en el articulado. Únicamente ha señalado que se trata de un decreto con una validez de dos años ampliable otros dos que supone gestionar el “mientras tanto”, en referencia a la necesidad de crear una nueva ley marco que se encargue de la “convivencia pacífica” de las VTC y los taxis.
Jordi Terrades, diputado del PSC, ha sido el otro portavoz que ha defendido con más fuerza el decreto ley, del que ha dicho que “preserva el taxi como un servicio de interés general”, contrario a “un modelo de liberalización total que acaba perjudicando al ciudadano”.
Entre los presentes en la Cámara había representantes del colectivo del taxi, como Tito Álvarez, líder del grupo Élite, y de grupos como Cabify, que no dan por finiquitada su presencia en Barcelona pero sí complicada por las altas inversiones que tendrán que realizar para modificar el parque de vehículos y la imposibilidad de hacerlo en el corto plazo, al padecer el sector de la automoción problemas de provisión de vehículos.
La votación parlamentaria ha llegado un día después de un informe de la Autoridad de la Competencia catalana (ACCO) en el que censuraba el decreto ley aprobado por considerarlo “discriminatorio” e ir en contra del interés de los ciudadanos.
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