El plan catalán para evitar la fuga de empresas se centra en proteger las inversiones de entre 10 y 20 millones de euros

El plan del Govern para proteger el sector industrial catalán y evitar la fuga de empresas hacia otras regiones da prioridad a aquellas compañías que vayan a realizar una inversión de entre 10 y 20 millones de euros y generen un mínimo de 75 puestos de trabajo directos. La Generalitat presentó este martes el decreto como una herramienta beneficiosa para más de medio millón de empresas y 360.000 trabajadores autónomos. Sin embargo, el consejero de Empresa, Roger Torrent, desglosó una serie de requisitos para poder sacar todo el provecho al nuevo marco administrativo, donde lucen conceptos como “ventanilla única” y donde se promueve primar que el “régimen de comunicación sustituya al de autorización”. Torrent relacionó la “vía rápida administrativa” con “proyectos empresariales estratégicos”.

El decreto, que entrará en vigor a finales de mes, nace con la voluntad de agilizar la tramitación administrativa y reducir la burocracia, y el Govern defiende que posibilitará un recorte de los tiempos de espera de hasta nueve meses. La norma persigue detener la marcha de negocios de Cataluña para instalarse en otros territorios, un fenómeno que se da especialmente en la provincia de Lleida por la capacidad de atracción que le confiere a Aragón disponer de unas normas urbanísticas y medioambientales más accesibles y flexibles. Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lleida durante un periodo de cinco años concluye que, de media, cada año se marchan de la provincia cincuenta empresas.

Los proyectos estratégicos que se persigue proteger mediante “una agilización de trámites sin precedentes” son aquellos que llevan aparejada una inversión de 20 millones de euros y crean 75 puestos de trabajo durante un mínimo de tres años. El montante económico se reduce a la mitad si la inversión se prevé realizar en las comarcas de Lleida y el Valle de Arán, áreas sensibles a la fuga de empresas. El mismo favor se dispensa a iniciativas empresariales que vayan a radicar en las Terres de l’Ebre o en el Penedès. En este caso, se trata de zonas especialmente golpeadas por el desempleo.

El modelo pretendido por la Generalitat guarda muchos parecidos con lo previsto en los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), una herramienta que ha facilitado la implantación en Huesca de proyectos empresariales, básicamente del sector agrario y agroalimentario, que buscaban emplazamiento en la región de la Franja catalano-aragonesa.

En su caso, la Generalitat apunta que para formar parte de la categoría “proyecto estratégico” también se demandará contar con al menos un 40% de proveedores con sede en Cataluña, “siempre que este porcentaje se pueda realizar”, se matiza.

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