Gobierno y Generalitat intentan encarrilar el diálogo tras la crisis por el ‘caso Pegasus’ con una reunión en Madrid

El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña intentan reencauzar, con un encuentro mañana miércoles en Madrid, el diálogo bilateral después de semanas de enorme tensión en las que ni siquiera ha sido posible cerrar la cita entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, anunciada por los equipos de ambos presidentes el 6 de mayo. Entonces parecía que, después del escándalo del caso Pegasus ―el presunto espionaje, aún sin autor conocido, a 65 personas vinculadas al independentismo― y de la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban ―que negó estar detrás de ese caso, pero confirmó que los móviles de Aragonès y otros 17 independentistas habían sido intervenidos en 2019 con autorización judicial―, Gobierno y Generalitat acercaban posturas y lograrían retomar la mesa de diálogo. Sin embargo, la reunión no ha logrado cerrarse en ningún momento, porque no hay acuerdo sobre el contenido. Mañana habrá al fin un primer intento de retomar la relación entre las dos administraciones: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia del Govern, Laura Vilagrà, se verán en La Moncloa a las cuatro de la tarde, y comparecerán después por separado ante la prensa, según han confirmado fuentes de ambos Ejecutivos.

Los dirigentes independentistas quieren dejar muy claro que la crisis del caso Pegasus y la derivada del espionaje legal reconocido por el CNI no están ni mucho menos cerradas. “Esto no es un retorno a la normalidad”, ha subrayado Patrícia Plaja, portavoz del Govern, que ha adelantado que el orden del día del encuentro solo tendrá, por su parte, un asunto: la falta de cumplimientos.

“No se dan las condiciones ahora para que se reúna la mesa de diálogo. Es una reunión que busca solo abordar el bloqueo, encontrar qué salidas hay y buscar garantías de que [el espionaje] no se repetirá”, ha dicho Plaja, preguntada sobre si se podía entender el encuentro como una previa de cara a reactivar la mesa de diálogo. Ese foro de negociación entre los dos Ejecutivos solo se ha reunido una vez, en septiembre del año pasado, y la nueva cita ha sido pospuesta sucesivamente por diversas razones.

Bolaños y Vilagrà ya se habían visto oficialmente en Barcelona después de que explotara el caso Pegasus, en abril. En la Generalitat no ha sentado bien la respuesta que el Gobierno central ha dado ante los casos de seguimientos a independentistas y creen que no se cumplieron las promesas hechas por el ministro en esa visita. El ambiente se enrareció del todo con la publicación del grado de ejecución de las inversiones del Estado prometidas en Cataluña (solo el 36%, según un informe del Ministerio de Hacienda). Plaja también ha rechazado que esté en el horizonte celebrar la reunión de la Comisión Bilateral que se tenía que reunir antes del verano. Eso sí, se mantienen los contactos a nivel técnico.

Ambos presidentes, eso sí, coincidirán el próximo lunes día 27 en la cena anual de Pimec, la patronal más representativa de las pymes y autónomos de Cataluña. Aunque no hay ningún encuentro programado entre los dos presidentes, es muy posible que sostengan una conversación informal como la que se pudo ver durante las jornadas del Círculo de Economía, en Barcelona. En ese encuentro fue precisamente donde Sánchez le prometió a Aragonès una reunión para tratar la respuesta ante los casos de espionaje.

Las relaciones políticas entre ambas Administraciones ha estado llena de obstáculos, pese a que los contactos técnicos nunca se han suspendido. Tras una primera cita entre Sánchez y Aragonès en septiembre de 2021 en Barcelona, las sucesivas oleadas de la pandemia impidieron reeditar el encuentro, y luego llegó la guerra de Ucrania, que volvió a posponerlo. Las relaciones se congelaron definitivamente el pasado abril tras saltar a la luz el caso Pegasus y después la confirmación de que el CNI había intervenido, con autorización judicial, los teléfonos de 18 líderes independentistas, incluido Pere Aragonès.

El presidente del Gobierno compareció a principios de junio en el Congreso para intentar apaciguar a los independentistas y explicar en detalle la gestión del Ejecutivo. El anuncio de que el Ejecutivo estaba dispuesto a reformar la ley que regula el CNI y la de Secretos Oficiales, anticipado por EL PAÍS, apenas tuvo efecto. Tampoco que Sánchez asegurase que él desconocía esa operación del CNI para vigilar en 2019 las comunicaciones de 18 personas vinculadas al movimiento secesionista. El presidente sí justificó la actuación de los servicios secretos alegando que los disturbios desatados en Cataluña en el otoño de aquel año, tras la condena judicial a los líderes del procés, suponían una amenaza a la seguridad nacional. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dejó sentada desde el principio su insatisfacción con las explicaciones.