Pere Aragonès exige al Gobierno que aclare quién pidió al juez la autorización para espiarle

El president Pere Aragonès ha emitido este jueves por la tarde un comunicado en el que exige al Gobierno que desclasifique “inmediatamente” la autorización judicial para conocer las motivaciones que empujaron a espiarle tanto a él como a otros 17 dirigentes independentistas, entre cargos institucionales y activistas. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha espiado con permiso judicial a ese grupo de personas, según fuentes conocedoras de la reunión a puerta cerrada que ha mantenido su directora, Paz Esteban, con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso. El móvil del presidente catalán es uno de los intervenidos por el CNI con autorización del magistrado del Tribunal Supremo.

En un contundente comunicado, de cinco puntos, Aragonès afirma que las revelaciones en la comisión confirman “y aumentan la gravedad del caso del espionaje masivo por parte del Estado español”, dice el texto aludiendo a que el escándalo ya fue destapado por el grupo Citizen Lab. “Estamos ante una vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas con las que se han relacionado”, prosigue la nota que reclama la desclasificación del permiso judicial, para conocer esas motivaciones y ejercer el derecho de defensa; que es urgente recibir “todas las explicaciones” así como saber quién dio la autorización política y quién tenía constancia: “Queremos una respuesta política al más alto nivel. Es inaplazable la asunción de responsabilidades”.

La directora del CNI no ha revelado si Aragonès fue espiado cuando era president —asumió el cargo en mayo de 2021— o bien con antelación. Miembros del organismo de inteligencia sostienen que se intervino un segundo teléfono de Aragonès y no el institucional que habría utilizado para tener contactos con miembros de los Comités de Defensa de República (CDR). Citizen Lab precisa, sin embargo, que Aragonès fue espiado en enero de 2020 cuando estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez —recibió tres mensajes el 4, el 5 y el 13 de enero de ese año— y tres meses después, por tanto, de la sentencia del procès.

Aragonès y el Govern piden desde hace más de una semana que el Gobierno asuma responsabilidades políticas por lo sucedido y han congelado las relaciones con el Ejecutivo central y la mesa de diálogo. Este viernes, el president y Pedro Sánchez coincidirán en Barcelona en la clausura de las jornadas del Cercle d’Economia durante la entrega del premio a la Construcción Europea a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En una intervención el miércoles en ese foro, el republicano acusó al jefe del Gobierno de “dinamitar” el diálogo y le exigió “un punto de inflexión” en la forma de gestionar esta crisis. El president insistió en su tesis de que existe un doble rasero entre cómo se ha abordado por parte de La Moncloa el hackeo a los móviles de los independentistas —conocido hace dos semanas— y la intrusión en los teléfonos institucionales de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del propio Sánchez —revelado el pasado lunes—.

Esquerra ha anunciado este jueves que presentará una propuesta de resolución en el Parlament para ejercer el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, esto es, que tres diputados acudan a esa institución para exponer el caso de espionaje. Para poder dar el paso, el texto se tiene que aprobar en el Parlament por mayoría absoluta. “Lo que está en juego son los derechos y libertades de los ciudadanos. Esconderse en el Parlament con el CatalanGate es avalar las cloacas del Estado”, ha afirmado la diputada y portavoz adjunta de ERC Meritxell Serret, una de las políticas que figura como espiada en el informe de Citizen Lab en la época en que era la delegada del Govern en Bruselas.

La moción reclama la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al considerar que sus palabras sobre el espionaje “son impropias de una democracia plena y comprometida con los derechos humanos”; la creación de una comisión de investigación en el Congreso y que el Gobierno inicie actuaciones legales para aclarar los motivos del espionaje y le reclama que inste al Ejecutivo central a “modificar la Ley franquista sobre Secretos Oficiales para que sea democrática y recule el control externo e independiente de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal