Detenidas once personas por adjudicaciones irregulares al deporte en el Ayuntamiento de Cornellà

El presunto desvío de fondos públicos en el Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH), una entidad privada que promueve el deporte escolar controlada por el PSC, tiene nuevas derivadas. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado desde primera hora de este lunes oficinas del Ayuntamiento de Cornellà y la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat (Cebllob), en Sant Feliu de Llobregat. La investigación, bajo secreto de sumario, deriva del caso de L’Hospitalet y tiene su origen en un contrato presuntamente irregular adjudicado por el consistorio al CELH. La Policía ha detenido a 11 personas, incluido el teniente de alcalde y concejal de Economía Sergio Fernández, además del exedil de Deportes José Manuel Parrado y ocho técnicos municipales. Cuatro de ellos pasarán a disposición judicial.

Los agentes buscaron durante nueve horas documentación que acredite las presuntas irregularidades. Según una portavoz del Ayuntamiento, la policía no concretó qué expedientes necesitaba porque el caso está bajo secreto de sumario. El Gobierno municipal asegura que ofreció “máxima colaboración” a la UDEF y se muestra “plenamente convencido de la honestidad” de los investigados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que la causa está en manos del juzgado de instrucción número 4 de Cornellà por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración pública. El presidente del Cebllob es el exdirector del área de Deportes de Cornellà Salvador Valls, uno de los detenidos. Su equipo de prensa ha evitado responder a las preguntas de este diario.

Las entradas y registros de este lunes derivan de la causa que se instruye en el juzgado de instrucción 2 de l’Hospitalet de Llobregat por el caso del Consell Esportiu. Los agentes hallaron una serie de irregularidades y el juzgado se inhibió a favor de los de Cornellà. El caso se remonta a 2018, cuando el Ayuntamiento de Cornellà firmó un contrato de servicios por 89.222 euros con el CELH, que fue la única entidad que se presentó a la convocatoria. Según los correos electrónicos que obran en el sumario del caso, al que ha accedido EL PAÍS, los responsables de la entidad fueron ayudados y guiados por funcionarios del consistorio para obtener la adjudicación.

“Una mordida del 10%”

El CELH debía prestar un “servicio de arbitrajes de la competición de juegos escolares de Cornellà”. Pero la realidad de ese servicio está bajo sospecha. Los árbitros, presuntamente, recibían un giro bancario del CELH, que después facturaba el servicio al consistorio con cantidades superiores, según fuentes cercanas a la investigación. La UDEF señala como principales investigados en el contrato amañado entre el CELH y el Ayuntamiento de Cornellà a Eduard Galí, director del CELH, y a su expresidente Cristian Alcázar. Este último es teniente de alcalde de L’Hospitalet y primer secretario del PSC municipal.

“El señor Galí, en connivencia con otros cargos del Ayuntamiento de Cornellà y el propio presidente del CELH [Alcázar]”, dice la UDEF, “articularon una vinculación ficticia entre el órgano público y el privado con el fin de adjudicarse un contrato para la prestación de unos supuestos servicios, por los que percibirían una ‘mordida’ del 10%”. La Policía añade que debe esclarecerse quién es el beneficiario de estas comisiones. No hay por el momento pruebas en el sumario que apunten a una financiación irregular del PSC.

El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, tenía previsto asistir este martes a un acto en la sede de Fomento del Trabajo. Como vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Balmón debía impartir una conferencia titulada “Un compromiso para la ciudad metropolitana”. El lunes por la tarde, mientras continuaban las entradas y registros de la policía, el acto fue cancelado.

En L’Hospitalet, el juez mantiene investigadas a una veintena de personas —15 de ellas son miembros del PSC— por las presuntas irregularidades en las subvenciones que el Ayuntamiento concedió al CELH. La investigación ha acreditado una reiterada falta de control de las cuentas de la entidad —que declara menos ingresos de los que percibe— y trata de esclarecer cuál fue el origen final del dinero presuntamente desviado. Los agentes sospechan que, gracias al control sobre el órgano, el Ayuntamiento de L’Hospitalet habría construido una red clientelar que ha acabado fortaleciendo al partido. En la causa está investigada la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, por su presunta pasividad al conocer, de manos del concejal Jaume Graells —que denunció el caso— las irregularidades en el Consell. Marín negó los hechos ante el juez y declaró que ordenó de inmediato una auditoría interna. Los lazos de la familia socialista del Baix Llobregat en este caso también se evidencian con Montserrat Pérez, la jefa del gabinete de Marín, también investigada por la jueza. Pérez fue concejal del Ayuntamiento de Cornellà hasta 2019, cuando la fichó Marín.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reiterado este lunes que el partido cree que tanto Marín como Balmón “han hecho las cosas bien”. “Si no ha sido así”, ha añadido Illa, “queremos ser los primeros en colaborar para que se descubra qué ha pasado, así como para corregir lo que haya que corregir”. Los Comunes han vuelto a cargar contra los socialistas, informa Àngels Piñol. Los socios del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Gobierno central ejercen de acusación particular en el caso del CELH porque consideran que Marín no hizo suficiente para perseguir las presuntas irregularidades. “El PSC no ha dado explicaciones convincentes”, ha afirmado Joan Mena, portavoz de Catalunya en Comú.