El descontrol en ayudas al deporte atenaza al PSC de L’Hospitalet
El presunto fraude en el Consell Esportiu pone la hegemonía socialista bajo los focos
Los socialistas gobiernan desde hace 43 años L’Hospitalet de Llobregat, un municipio que no ha conocido otro color político en democracia. La segunda ciudad más poblada de Cataluña ha mimado siempre al tejido asociativo y en especial al deporte, un capítulo al que destina más recursos que a áreas como vivienda, medio ambiente o educación. El Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH), entidad sin ánimo de lucro para promover el deporte escolar, ha sido la niña de los ojos del Consistorio. Una investigación judicial en marcha apunta más allá: la entidad ha sido utilizada, presuntamente, para tejer una red clientelar al servicio de la familia socialista y ganar apoyos con dinero público.
Participado por asociaciones deportivas y escolares, el CELH es una entidad controlada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). En 2019, solo dos miembros de la dirección eran “independientes”. El resto mantenía estrechos vínculos con el partido, según los informes de la Policía Nacional, que critica la “politización” de este ente privado: seis iban como candidatos en las listas de las municipales de ese año; dos más estaban contratados por el partido como asesores en el Ayuntamiento. El presidente del CELH es, al mismo tiempo, concejal de Deportes. Esa superposición de papeles explica, en parte, la “falta de control” del Consistorio sobre las cuentas del CELH, dice la Policía. La entidad disponía de una “doble contabilidad”, con una suerte de caja b (llamada aquí “caja interna”) que presuntamente sirvió para desviar dinero público, según las conclusiones provisionales de la jueza de instrucción.
El PSC defiende la inocencia de la cúpula del partido en L’Hospitalet y de su alcaldesa, Núria Marín. Ella en concreto, subraya la formación, siempre actuó debidamente. El juzgado que lleva el caso mantiene a Marín investigada junto a una veintena de personas —15 de ellas son miembros del PSC—. Las ilegalidades que se investigan son malversación, falsedad documental, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.
La causa nació en mayo de 2020 cuando Jaume Graells, por entonces teniente de alcalde designado para supervisar el CELH, denunció ante la Policía las irregularidades que había descubierto: las cuentas anuales que presentaba la entidad a la asamblea de socios y al Ayuntamiento podían ser hasta 500.000 euros inferiores a las que comunicaba al Consell Català de l’Esport, el organismo de la Generalitat que supervisa a las instituciones deportivas de Cataluña. La dirección del CELH llegaba incluso a enviar a la Generalitat falsas actas de asambleas que no se habían producido.
“Falsearon y alteraron” las cuentas
Graells llegó a la convicción de que ese desfase en las cuentas sirvió para beneficiar a un amplio espectro de personas vinculadas al CELH y al PSC. Tras casi dos años de investigación, la Unidad de Delincuentes Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha ratificado y ampliado esas conclusiones. “Se inflaban de modo consciente los presupuestos para recabar mayores cuantías en subvenciones”, dicen los agentes, que repiten una idea central: el CELH declaraba una cifra de ingresos menor a la que obtenía realmente. En ocasiones, para un mismo proyecto recibía pagos por triplicado: del Ayuntamiento, de los participantes y de las asociaciones. Ese mismo descontrol vale para los gastos (dietas, árbitros, colaboradores) e impide saber cuál era el destino real de parte del dinero. Según recoge uno de los autos de la jueza, los responsables del CELH “falsearon y alteraron la realidad económica” de la entidad, que gozaba de absoluta libertad para tejer y destejer porque el Ayuntamiento “no ha ejercido el debido control” a la hora de fiscalizar las cuentas.
En febrero de 2020, tres meses antes de acudir a comisaría, Graells había advertido de las irregularidades a Marín, que permanece como investigada en la causa por presuntamente omitir su responsabilidad de perseguir delitos. La alcaldesa, que también preside la Diputación de Barcelona —otra de las instituciones que subvenciona al CELH— declaró ante la jueza que actuó debidamente: notificó los hechos a los responsables de la entidad, ordenó revisar la documentación y encargó una auditoría interna que no se completó por las limitaciones de la pandemia del coronavirus y porque se solapó con la investigación policial. La jueza ordenó el vaciado del teléfono móvil de Marín, pero aún no ha comunicado sus conclusiones.
La gran parte de los miles de partidas que ha investigado la UDEF son modestas. Hay pagos en metálico no declarados a colaboradores. Se planean proyectos sin darles difusión y sin desglosar gastos ni ingresos, ni qué materiales o recursos se necesitan. Y cuando se hace, hay lagunas incomprensibles. Para unos Jocs Florals con 8.000 participantes se necesitan casi 300 técnicos cuando la entidad solo cuenta con un centenar de ellos. En cambio, otro proyecto (Dinamización del juego en patios escolares) solo precisa de tres personas pese a que han asistido 11.000 participantes. En otros casos, la policía pone en duda directamente que el proyecto se haya ejecutado. Como el programa Hockey, niños y jóvenes en riesgo, donde aparecen fotos que ya habían sido tomadas en otra actividad.
Salvador Illa arropa a la alcaldesa
Aunque la causa por ahora no ha descubierto indicios de financiación ilegal del partido, hay datos que despiertan sospechas como un almuerzo del PSC sufragado por el CELH durante la campaña de las municipales de 2019. En 2016, Cristóbal Plaza, por entonces director del CELH, percibió 47.000 euros de indemnización por su despido a pesar de que se fue de forma voluntaria. Seis meses después, Plaza fue nombrado asesor del concejal de deportes, Cristian Alcázar, que es quien supuestamente le había despedido. Plaza volvió al CELH en 2019 ya como concejal y presidente de la entidad. Alcázar, investigado por la juez, es actualmente teniente de alcalde y primer secretario del PSC de l’Hospitalet.
A un año de las elecciones municipales, la situación para el PSC es de alto riesgo si Marín y Alcázar son procesados y van a juicio. El partido debería renovar su lista en un corto plazo de tiempo en un feudo como L’Hospitalet. Una acusación contra Marín también sumaría inestabilidad al difícil pacto que mantienen con Junts per Catalunya para presidir la Diputación. La oposición, además, aprieta: “Marín tiene una clara responsabilidad. Es incomprensible que no tomara medidas a riesgo de una posible destrucción de pruebas. Proteger los intereses de la ciudad ha sido la última de sus prioridades”, explica a este diario Ana González, portavoz de En Comú Podem, que ejerce la acusación popular en la causa. González cree que la investigación ha destapado la “absoluta falta de control y transparencia” en la gestión pública y reprocha a la alcaldesa que no apartara desde el principio a Plaza y a Alcázar.
Preguntado el pasado enero en TV3 por si ponía la mano en el fuego por Marín, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, respondió: “Yo pongo la mano en el fuego por muy poca gente. Tengo toda la confianza en que se ha actuado correctamente y que hay una colaboración máxima con la justicia”. El líder del PSC reiteró el derecho a la presunción de inocencia y añadió: “En función de cómo vayan las cosas, tomaremos decisiones. Pero Marín tiene mi plena confianza”. Marín dejó de ser presidenta del PSC en el congreso del partido celebrado el pasado diciembre. Fue sustituida por Miquel Iceta. Fue nombrada vicepresidenta, un cargo que solo había existido en una ocasión en la historia del partido. Illa quería transmitir que no abandonaba a Marín.
